El exministro Miquel Iceta
El PP pregunta en el Congreso por los supuestos casos que afectan al entorno de Ximo Puig y Miquel Iceta
Los populares insisten en que el Gobierno debe dar explicaciones y no basta con desvincularse de los hechos o remitir a la presunción de inocencia
El Partido Popular ha llevado al Congreso el foco sobre varios altos cargos nombrados por el Gobierno, poniendo el acento en informaciones recientes que afectan a su entorno. En una pregunta registrada en la Cámara Baja, los populares interrogan al Ejecutivo sobre si considera «aceptable» que embajadores designados mantengan su puesto pese a lo que califican como «presuntos casos» que afectan a sus familiares.
La iniciativa, firmada por diputados del Grupo Popular, apunta directamente a figuras como Miquel Iceta, actual embajador ante la Unesco, y Ximo Puig, vinculado a la representación española en la OCDE. En concreto, el PP pregunta si el «nivel ético» de estos nombramientos está siendo marcado por el entorno del presidente del Gobierno y si se contemplan ceses ante este tipo de situaciones.
Este movimiento se produce después de las informaciones publicadas por El Debate en las últimas semanas, que han puesto el foco en el patrimonio y el entorno de Iceta. Según ha contado este medio, Iceta canaliza la mayor parte de su patrimonio inmobiliario, valorado en más de 10 millones de euros, a través de la sociedad Promoción de Locales Industriales SL, una estructura que le permite tributar de forma más favorable que si esos activos estuvieran a su nombre como persona física.
En paralelo, el nombre de Ximo Puig ha vuelto a la actualidad a raíz de distintas investigaciones judiciales en curso, en las que aparecen menciones a su entorno en el marco de causas más amplias relacionadas con adjudicaciones públicas. Aunque no existe condena firme ni imputación directa en estos momentos, el PP ha aprovechado este contexto para reforzar su ofensiva política.
Sea como fuere, los populares insisten en que el Gobierno debe dar explicaciones. A su juicio, no basta con desvincularse de los hechos o remitir a la presunción de inocencia cuando se trata de altos representantes del Estado en organismos internacionales. «¿Considera aceptable que los embajadores en la Unesco y la OCDE tengan presuntos casos que afecten a sus familias y no sean cesados?», plantean en su escrito.