El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el Senado
70 millones, 80 cuarteles y 32 cambios sin control previo: la adjudicación que salpica a Marlaska y a la ex número dos de Montero
Interior destina 71,6 millones de euros en una serie de contratos para reformar cuarteles de la Guardia Civil que sufrieron modificaciones sin control de la Intervención del Estado
el Ministerio del Interior se ha gastado más de 70 millones de euros, con cargo a los Fondos Europeo, en una serie de contratos para los que se han realizado más de 30 modificaciones sin control previo de la Intervención del Estado.
El objetivo de los contratos es el acondicionamiento de un total de 80 cuarteles de la Guardia Civil distribuidos en distintos puntos de España, y donde llama la atención la ausencia de Cataluña y País Vasco.
La firmante encargada de las adjudicaciones es Inés María Bardón Rafael, presidenta del Consejo de Administración de Segipsa. Antes de este puesto, fue secretaria de Estado de Hacienda (junio 2018 a enero 2022) con Pedro Sánchez, ejerciendo de número dos de María Jesús Montero durante todo el periodo. Además, fue secretaria general de Finanzas y Sostenibilidad de la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía (2015 – 2018).
La suma total gastada –teniendo en cuenta que también ha habido modificaciones a la baja– es de 66.850.861,77 (a lo que, sumando las modificaciones, de 4.821.556,82 euros, asciende a 71.672.418,59). Las modificaciones de los cuarteles son para mejorar su infraestructura, según consta en los contratos que han sido adjudicados por Bardón y que han sufrido, en total, 32 modificaciones posteriores a la firma del contrato. En este caso, no ha sido Marlaska directamente el que ha adjudicado los contratos, sino que ha recurrido para ello a la empresa estatal Segipsa.
Por qué no hay control previo de la Intervención
Para estos contratos no ha habido un control previo, ni de los contratos ni de las modificaciones hechas por Segipsa, porque se trata de una sociedad estatal sujeta a control financiero permanente, es decir, cuando la Intervención no puede controlar la legalidad de los gastos que realizan antes de que estos se produzcan.
Contratación «puntual», «extraordinaria» o «coyuntural»
El Tribunal recuerda que la encomienda de gestión «viene a resolver una necesidad puntual o una
situación extraordinaria o coyuntural, en la que se encuentra el órgano administrativo o el poder
adjudicador ante la imposibilidad de desarrollar sus competencias con los medios materiales y
personales que tiene a su disposición».
De hecho, según el Tribunal las ventajas antes señaladas tienen una doble cara, ya que se consiguen con una reducción de las garantías propias de la contratación pública y de los beneficios que aporta la libre concurrencia. Por ello, subraya que la utilización del medio propio exige una justificación cuidadosa. En esta línea, apunta que la motivación de los encargos no va acompañada de estudios que permitan acreditar de forma real las ventajas de esta opción frente a la contratación ordinaria ni de análisis sesudos sobre el coste comparado de ambas alternativas.
Otro de los riesgos que destaca el Tribunal es el recurso excesivo a la subcontratación. Cuando el medio propio carece de medios adecuados y suficientes para llevar a cabo la prestación encomendada, el sistema puede desvirtuarse convirtiéndose en una mera vía interpuesta lo que podría incluso llegar a ser incompatible con la normativa de contratación pública.
Del mismo modo, el Tribunal insiste en que esta técnica no puede emplearse como solución encubierta a déficits estructurales de personal dentro de la Administración. Ese tipo de carencias debe resolverse mediante una política adecuada de plantillas, sin trasladar al medio propio funciones que, en realidad, responden a necesidades permanentes, porque ello puede generar además problemas asociados a una eventual cesión ilegal de trabajadores.
En el plano económico, el Tribunal recuerda que el encargo a un medio propio solo encuentra justificación cuando resulta al menos tan ventajoso como la alternativa de acudir al mercado. Sin embargo, ha detectado la ausencia de estudios comparativos suficientes entre las tarifas de los medios propios y los precios de mercado, así como diferencias relevantes entre los costes aplicados por distintos medios propios para perfiles o servicios semejantes, llegando en algunos casos a duplicarse.
Finalmente, el Tribunal alerta frente al riesgo de convertir al medio propio en una herramienta de uso indiscriminado. Cuando termina sirviendo para todo, la entidad pierde la especialización y puede verse abocada a reforzar temporalmente sus plantillas o a externalizar una parte sustancial de la ejecución.
Para el caso de los cuarteles, Marlaska hizo un primer contrato en el que se modificaron 18 cuarteles por un total de 9.701.388,86 euros (sin impuestos). Este contrato sufrió un total de seis modificaciones por 93.583,11 euros; 54.024,55 euros; 338,96 euros; 68.139,17 euros; 12.952,22 euros y 105.774,46 euros (todas estas cifras con impuestos incluidos). Estas modificaciones suman un total de 334.812,47 euros. En este caso se reformaron cuarteles en Ávila; Valladolid; Cuenca; Albacete; Gran Canaria; Huelva; León; Teruel; Toledo; Málaga; Granada; Lugo y Almería.
Posteriormente, se hizo un segundo contrato por 48.923.267,65 que sufrió un total de 23 modificaciones de contrato por un total de: 174.856,97 euros; 25.146,81 euros; 25.898,90 euros; 137.978,10 euros; -162.587,10 euros; 72.954,35 euros; 56.715,45 euros; 253.620,55 euros; 14.948,21 euros; -8.498,45 euros; -33.154,75 euros; 825.716,29 euros; 57.573,19 euros; 419.789 euros; 51.238,22 euros; -40.902 euros; 17.721,32 euros; 968.401,62 euros; 642.048,08 euros; 155.724,79 euros; 204.991,61 euros; 22.902,38 euros y 78.145,08 euros. Todas estas modificaciones suman un total de 3.961.228,62 euros.
Se reformaron 54 cuarteles ubicados en Albacete; Jaén; Asturias; León; Cantabria; Badajoz; Burgos; Cáceres; Cuenca; Guadalajara; Ciudad Real; Córdoba; Jaén; Huesca; Lugo; Orense; Cádiz; Salamanca; Palencia; Burgos; Soria; Guadalajara; Valencia; Castellón; Teruel; Zamora; León; Pontevedra; Huesca; Segovia; Sevilla y Zaragoza.
Por último, se hizo un tercer contrato por un total de 8.226.205,76 euros. Este contrato sufrió un total de tres modificaciones por un total de -82.619,21 euros; 93.598,98 euros y 514.535,96 euros. Todas estas modificaciones suman un total de 525.515,73 euros. En este caso, se reformaron un total de ocho cuarteles en Soria, Guadalajara, Segovia y Ciudad Real.
La reforma de cuarteles que se llevó por delante a Felipe González
Roldán fue acusado de varios delitos, entre ellos malversación de fondos públicos, cohecho, fraude fiscal y estafa. Las investigaciones periodísticas -primero de Diario 16, luego de El Mundo-, revelaron que recibió comisiones ilegales de empresas constructoras que realizaban obras para la Guardia Civil y que se apropió de sobresueldos procedentes de los fondos reservados, destinados a la lucha antiterrorista.
