Ábalos y Koldo se enfrentan a su juicio por el caso de las mascarillas: comisiones y favores a 'sobrinas'

El próximo 7 de abril comenzará el juicio por el caso de las mascarillas en el Tribunal Supremo. En este caso están imputados José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, y el que fuera su asesor, Koldo García, por por presuntamente cobrar comisiones por los contratos de material sanitario que se realizaron durante la pandemia. Su interrogatorio está fijado para el próximo 28 de abril. Ese día también tendrá que declarar el empresario Víctor de Aldama, uno de los principales comisionistas de la trama y que está colaborando con la Justicia para buscar una rebaja de penas.

Ábalos, como miembro del Ejecutivo, será juzgado por haber cometido presuntas irregularidades en los contratos de material sanitario que se realizaron durante la pandemia y que se adjudicaron al Ministerio de Transportes. Al exdirigente socialista se le atribuyen los delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación en la causa principal de los contratos de mascarillas.

A Koldo García también se le atribuyen esos mismos delitos. Los investigadores otorgan un papel principal al que fuera asesor de Ábalos en el Ministerio de Transportes. Habría recibido comisiones por ejercer como conseguidor de la trama. También se considera que facilitó información sobre las adjudicaciones de material sanitario que se iban a realizar y se se aprovechó de su «relación directa» con los funcionarios que adjudicaron algunos de los contratos.

El pasado 12 de febrero. Ábalos y Koldo coincidieron en la vista preliminar de este juicio que tuvo lugar en el Tribunal Supremo. Los dos se sentaron uno al lado del otro, pero en ningún momento se miraron a la cara. Es más, el que fuera asesor del exministro trató por todos los medios no tener contacto visual con el que fuera su jefe, incluso utilizó un abrigo para evitar a mirada del exdirigente socialista.

Tanto José Luis Ábalos como Koldo García se enfrentan a más de 20 años de cárcel. De hecho, ambos llevan durmiendo la cárcel de Soto del Real desde el pasado 27 de noviembre después de que el Tribunal Supremo decretara prisión provisional para ambos por riesgo de fuga.

La Fiscalía Anticorrupción reclama 24 años de cárcel para Ábalos; 19 años y 6 meses para Koldo, y una pena menor, de 7 años, para Víctor de Aldama al valorar su «confesión», mientras que las acusaciones populares solicitan penas de 30 años de prisión para ambos.

Un «concierto de voluntades» entre Ábalos, Koldo y Aldama

Leopoldo Puente, juez instructor de esta causa en el Tribunal Supremo, apreció en su auto que hubo un «pacto» y un «concierto de voluntades» entre los tres investigados de la trama: José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama. El objetivo de esta alianza era «la comisión de sucesivos hechos delictivos».

Víctor de Aldama conoció a Koldo García a través de un hermano del empresario, que ejercía como escolta del ministro de Transportes. Posteriormente, Aldama conoció también a José Luis Ábalos. «El ministro, a través de su asesor, encomendaban al Sr. de Aldama diversas gestiones de mayor o menor entidad», señala el auto del magistrado. El juez menciona además un viaje en el que Víctor de Aldama acompañó a Ábalos y a Koldo García a un viaje a México. Aldama fue el encargado de organizar una visita del dirigente socialista al Senado del país hispanoamericano.

«En el desarrollo de las mencionadas relaciones personales, pronto vieron los investigados la oportunidad de obtener un beneficio económico de aquéllas», remarca el auto de procedimiento abreviado que dictó el juez el pasado mes de noviembre. Los tres coincidieron en que podrían aprovecharse de la condición de Ábalos como ministro para «favorecer, naturalmente a cambio del correspondiente beneficio económico del que todos participarían, la contratación con la Administración Pública, en cuantas ocasiones hubiera oportunidad».

Sobre la compra de mascarillas, José Luis Ábalos habría gestionado la adquisición, durante la pandemia y a través de entidades dependientes del Ministerio de Transportes como Adif o Puertos del Estado, de partidas de material sanitario a cambio de recibir una «indebida compensación económica» por parte de Víctor de Aldama.

El empresario, con el fin de que el entonces ministro socialista abonase las comisiones ilícitas que pudieran derivarse de las gestiones realizadas en favor de los intereses personales de Aldama, concertó en abril de 2019 un contrato de arrendamiento con opción de compra para el Ábalos de un piso. Este piso estaba ubicado en el Paseo de la Castellana de Madrid y era propiedad de Aldama. Esta propiedad nunca llegó a ser ocupada por Ábalos, y tampoco llegó a abonar a pesar de que tuviese un precio de compra «muy inferior al real de mercado»: 750.00 euros.

La contratación de Jésica y su contratación irregular

Víctor de Aldama, con el objetivo de tener un trato preferente con Ábalos en el Ministerio de Transportes, se hizo cargo de algunos gastos como el pago del alquiler de un piso, ubicado en la Plaza de España de Madrid, para Jésica Rodríguez, la que entonces era pareja sentimental del dirigente socialista.

«Dichas rentas resultaron abonadas desde el principio por un socio de De Aldama por orden de éste (hasta un total de 82.248,40 euros) y, tras decidir que se pusiera fin a dichos pagos, en el último período del alquiler las rentas se abonaron por García, a través de cuentas bancarias pertenecientes a personas de su círculo familiar», indicaba el escrito del juez Puente.

El ministro y secretario de Organización del PSOE usó su influencia para la promoción y posterior contratación de Jésica Rodríguez en las empresas públicas Ineco y Tragsatec, «sin que la misma hubiera de superar ninguna clase de proceso de selección relevante y sin que, con pleno conocimiento de aquéllos, acudiera ni un solo día a sus respectivos centros de trabajo ni prestara tampoco en ellos actividad profesional de ninguna naturaleza».

A pesar de que nunca acudió a su puesto de trabajo, Jésica cobró un sueldo de 18.100 euros brutos anuales el tiempo que estuvo contratada en Ineco: desde el 1 de marzo de 2019 hasta el 28 de febrero de 2021. Después, la pareja de Ábalos fue contratada por Tragsatec, desde el 2 de marzo de 2021 hasta el 1 de septiembre del mismo año, recibiendo un salario mensual de 1.173,67 euros.

Además, José Luis Ábalos promovió a otras de sus conocidas como 'sobrinas'; la «arbitraria contratación» de Claudia Montes, Miss Asturias y también amiga íntima de Ábalos, en la empresa pública Logirail. En este caso, ella sí que «acudió regularmente a su puesto de trabajo».

Implicación en el rescate de Air Europa

Víctor de Aldama era también por aquel entonces asesor de Air Europa. El juez del Tribunal Supremo defiende que Ábalos, «sirviéndose de su asesor, pudo promover por encargo» del empresario «la publicación de una nota de prensa por parte del Ministerio de Transportes, emitida el 8 de agosto de 2020, mostrándose partidario y expresando el progreso de las gestiones para que dicha mercantil obtuviera la correspondiente financiación pública». Es decir, esta nota defendía el rescate con dinero público de Air Europa en plena pandemia.

José Luis Ábalos, a cambio de promover este rescate, «podría haber obtenido el gratuito disfrute de un chalet vacaciones en Marbella para sí mismo y para su familia durante varios –concretamente, del día 12 al 23 de agosto de 2020–cuya renta era, para ese breve período, de 8.900 euros, arrendamiento que habría formalizado la esposa de don Koldo García».

«Dicha renta fue satisfecha en la cantidad de 1.800 euros desde una cuenta titulada por la esposa de Don Koldo, y los 8.000 euros restantes, por el propio don Koldo García Izaguirre. El dinero empleado para hacer estos pagos procedería del propio Sr. de Aldama o de la empresa cuyos intereses éste representaba y habría sido entregado como gratificación a cambio de la publicación de dicha nota de prensa», alegaba el escrito del juez.

Pero estas no son las únicas «gestiones» que el magistrado del Tribunal Supremo atribuía al exministro socialista. El auto de procedimiento abreviado enumeraba otras en favor de la empresa de hidrocarburos Villafuel, por las que a cambio disfrutó del chalet «La Alcaidesa», ubicada en la costa de Cádiz. Otras «gestiones» se realizaron para el fraccionamiento de una deuda con Hacienda que tenía una empresa de Aldama, y para certificados de movilidad a conocidos para eludir las restricciones de la pandemia.

Pagos mensuales en metálico de 10.000 euros

El juez Leopoldo Puente aludió por otro lado a pagos en metálico que efectuó Víctor de Aldama a Koldo García de hasta 10.000 euros mensuales desde el mes de octubre de 2019 hasta, al menos, el año 2021. «Dichos pagos mensuales se efectuaban personalmente por el Sr. de Aldama Delgado al Sr. García Izaguirre, en algunas ocasiones en presencia del Sr. Ábalos Meco, repartiendo después su importe entre ellos estos dos últimos», señaló el auto de procedimiento abreviado.

La resolución alegó que en alguna ocasión «en la que, por carecer en ese momento de dinero en metálico el Sr. de Aldama no podía efectuarlos en España, se convino que los pagos se realizaran en la República Dominicana». Y es que en este país el empresario tenía acceso a suficiente dinero en metálico para afrontar estos pagos al asesor de Ábalos, «a cuyo fin se desplazaba a dicho país para recoger el dinero en nombre de don Koldo García una tercera persona que no resulta investigada en la presente causa especial». Dicha persona se desplazó al país caribeño «al menos, en las siguientes dos ocasiones: del 31 de octubre al 4 de noviembre de 2021 y del 13 al 16 de diciembre de ese mismo año».

Ese dinero en efectivo lo tenía Aldama «en una de sus empresas, debido al pago que los turistas realizaban así de determinadas pruebas para la detección del Covid-19, siendo que, con el fin de que pudieran recoger el dinero allí, en varias ocasiones se desplazó hacia dicho país caribeño un hermano del Sr. García Izaguirre».

El juez del Tribunal Supremo destacó que José Luis Ábalos, durante el periodo en el que fue ministro de Transportes, incrementó «sensiblemente los ingresos que se hacían en metálico en sus cuentas (así, en el período de 2018 a 2022 los realizados, 4.5280 euros, representan el 75,13 % de los que efectuó entre los años 2014 a 2024); mientras que, en cambio, desaparecieron por completo los egresos de sus cuentas bancarias que, también en metálico, se efectuaron entre los años 2018 a 2023, mientras el resto de sus gastos permanecían constantes».