El españolismo hipócrita de Sánchez: se pone la camiseta de la selección mientras dinamita las instituciones

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, subió ayer a sus redes sociales un vídeo portando la segunda equipación que llevará la selección española de fútbol en la Eurocopa de este año. Su objetivo era celebrar que –tras la reforma laboral del Gobierno– se han logrado 22 millones de afiliaciones a la Seguridad Social.

«España tiene el mejor equipo. Sois quienes levantáis las persianas, quienes cuidáis, quienes enseñáis, quienes servís y quienes emprendéis, quienes empezáis y quienes ya lleváis un tiempo trabajando», afirmó Sánchez para después subrayar que «por primera vez España alcanza 22 millones de afiliados y afiliadas en alta en la Seguridad Social». Tras ello, se dio la vuelta para enseñar el dorsal 22 en la camiseta.

Así las cosas, este españolismo del presidente del Gobierno se produce a pesar de que ha dinamitado las instituciones del Estado. El jefe del Ejecutivo ha colonizado, con miembros del PSOE o afines al partido, entes como el Tribunal Constitucional –presidido por Cándido Conde-Pumpido, fiscal general del Estado durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero–, el Consejo de Estado, encabezado por la exvicepresidenta Carmen Calvo o el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de José Félix Tezanos.

Igualmente, Radio y Televisión Española (RTVE) está presidida por el progubernamental José Pablo López, y la Agencia EFE por Miguel Ángel Oliver, exjefe de prensa de la Moncloa durante el principio del mandato de Sánchez. A su vez, la ministra de Transportes hasta 2023 –la miembro del PSOE Raquel Sánchez– encabeza Paradores, y Correos lo preside Pedro Saura, líder de los socialistas murcianos entre 2004 y 2012 y ex secretario de Estado de Trasportes con José Luis Ábalos. Red Eléctrica, que pertenece en un 20 % al Estado, está dirigida por Beatriz Corredor, extitular de Vivienda del PSOE bajo el mandato de Zapatero.

Por su parte, Sánchez ha realizado un desguace del Estado a través de las cesiones a sus socios separatistas. Por ejemplo, ha prometido a ERC perdonar 17.000 millones de euros de la deuda de Cataluña, o ceder a esta región la gestión de Cercanías. Además, el Gobierno –para lograr la investidura del socialista Salvador Illa como presidente de la Generalidad– firmó llevar a cabo un cupo catalán, creando un régimen similar al que tienen el País Vasco y Navarra.

En cuanto a Junts, para poder obtener el voto de los de Carles Puigdemont en la investidura de 2023, Sánchez consistió materializar una amnistía a los presos del procés, y el PSOE llegó a un pacto con esta formación secesionista para que los Mossos gestionen la seguridad de los puertos y aeropuertos catalanes junto a la Policía Nacional y la Guardia Civil.

A los tres años de llegar a la Presidencia del Gobierno, el jefe del Ejecutivo concedió la gestión de las prisiones al País Vasco, lo que ha propiciado el acercamiento de presos etarras y la concesión de terceros grados a terroristas. Además, pactó con Bildu la ley de Memoria Democrática, y concedió a los herederos de ETA la alcaldía de Pamplona, que ahora ostenta Joseba Asiron.

Por presiones del PNV, el Ejecutivo cedió a la formación nacionalista vasca un palacete de París valorado en 15 millones de euros, a la vez que –en materia deportiva– permitió la oficialidad de la la Federación Internacional de Pelota Vasca, para que participe en competiciones internacionales. Todo ello mientras Sánchez se pone la camiseta de la selección de fútbol.