Embalse de Santa Ana, entre las provincias españolas de Huesca y Lérida
El promotor de la modificación de esta norma
Experto en la Ley de Aguas: «Priman criterios políticos sobre los técnicos al seleccionar a los encargados de las presas»
Una Proposición No de Ley aprobada en el Congreso trata de modificar la Ley de Aguas para tipificar en esta a las personas como prioridad, aumentar la inversión y profesionales cualificados para las infraestructuras hídricas
El 16 de febrero de este año, se aprobó en el Congreso una Proposición No de Ley (PNL) con la premisa de modificar el artículo 14 de la Ley de Aguas, en la cual múltiples ciudadanos detectaron ausencias que podrían haber beneficiado y protegido a la ciudadanía tras la DANA de Valencia y otras catástrofes relacionadas con sequías e inundaciones.
Un equipo apolítico de profesionales integrantes de la sociedad civil, José Luis Belmonte Puig, promotor e impulsor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP); Miguel Ángel Carrillo Suárez, presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos; Ester Mocholí Ferrándiz, diputada del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid; y Rafael Ariño Sánchez, abogado experto en Derecho Público y Administrativo; promovió esta ILP, convertida en PNL por los 'populares'.
Con el objetivo de mejorar la administración de la infraestructura hídrica con profesionales reales, responsabilizar legalmente a aquellos cuyos errores en la gestión causen daños y perjuicios a la ciudadanía y un aumento en la inversión y presupuestos de estos asuntos.
La PNL, promovida en conjunto por el Colegio de Abogados y el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, junto a muchos otros, y el abogado José Luis Belmonte Puig, junto a otros órganos colegiados, abogados, empresas, ayuntamientos y asociaciones, fue aprobada en el Congreso propuesta por el Partido Popular.
En un principio, se trató de una ILP, que fue enviada a múltiples grupos parlamentarios. El PP la convirtió en una PNL «prácticamente idéntica», Belmonte en una entrevista telefónica ha afirmado que los ciudadanos que planteaban la iniciativa lo ven como algo «muy positivo», le da importancia a lo que contiene la PNL, no quién la proponga.
Imagen de archivo de varios almendros secos en la provincia de Alicante
Belmonte ha comentado que las «tres patas» fundamentales de la PNL «afectan al Gobierno de turno», poniendo las vidas humanas por delante en la Ley modificando el artículo. A su vez, ha criticado que no hay un criterio técnico a la hora de contratar a profesionales que se encarguen de administrar las infraestructuras hídricas, «se puede ser técnico habiendo estudiado derecho, economía o cualquier cosa», problema grande que se toma en consideración en la proposición.
Así mismo, ha comentado que no se trata de un «tema político», «esto no va de izquierdas o de derechas», agradece al partido popular promover la PNL, y espera que si llegan a gobernar que continúen con esta iniciativa, «que no se queden en palabras y promesas».
«Esta filosofía nuestra de la ILP, entiendo, nosotros la hemos hecho para la Ley de Aguas, pero creo que deberíamos aplicarla con toda la infraestructura pública de la cual depende la seguridad y la vida de las personas. Porque es directamente aplicable a la infraestructura ferroviaria, red de carreteras... Seguridad de las personas, poner la prioridad en las personas, inversiones suficientes para mitigar riesgos y decisiones más técnicas y menos políticas. Que nuestros impuestos se destinen a lo que de verdad importa.»
El «por qué» de la modificación
Las tres causas principales para considerar la modificación de la ley son las siguientes: protección de las personas, aumentar la inversión en infraestructuras hídricas y establecer por ley que los que se encarguen de mantener y administrar estas estén cualificados.
Respecto a la primera 'pata', «en la Ley no se nombra a las personas como prioridad, pero sí la protección de la naturaleza y la ordenación territorial. Se supone que se da por hecho, ya que la Constitución lo hace, el problema es que esta también lo hace con la naturaleza y la ordenación territorial».
Belmonte afirma que la «vida está por encima de todo», y aprecia «el dominio del hombre sobre la naturaleza». Modificando la ley habrían mayores consecuencias legales e incluso penales para aquellos cargos administrativos cuya mala gestión provocasen daños y perjuicios a la ciudadanía. «La Ley no puede obviar a las personas».
«Hay técnicos poco cualificados, se aplican criterios políticos sobre los técnicos al seleccionar a los encargados» ha comentado el abogado. «El que se encarga del mantenimiento de una presa no necesita una titulación».
Al referirse a la tercera pata, ha hablado sobre la inversión. «Hay una falta grave de inversión, habiendo o no Presupuestos Generales del Estado, y esa negligencia puede costar vidas».