Navarra prepara una actualización de la Ley de Victimas del Terrorismo para blanquear a ETA

La primera, y última, Ley de Víctimas del Terrorismo de Navarra data del año 2010, cuando ETA todavía amenazaba, aunque ya no mataba (las últimas víctimas de la organización terrorista en la Comunidad Foral data del año 2003, aunque en 2009 asesinaron en Palma de Mallorca a un guardia civil navarro, Diego Salvá).

Por eso, el Ejecutivo foral se ha planteado «actualizar» dicha Ley. Y para hacerlo, pretende trasladar lo que ya está haciendo el Gobierno central de Pedro Sánchez, el blanqueamiento absoluto de la organización terrorista que provocó 42 asesinatos sólo en Navarra, más de medio centenar si se le suman los navarros muertos fuera de la Comunidad Foral.

De ahí que las asociaciones de víctimas del terrorismo, encabezadas por la asociación navarra, Anvite, hayan desplegado todo un arsenal de enmiendas al articulado que les ha trasladado en exposición pública, como marca la ley, el Gobierno de Navarra antes de ser aprobada en el Parlamento Foral.

Quizá la medida más significativa que han marcado las víctimas, quienes realmente han sufrido el azote de ETA, ha sido penalizar con hasta 150.000 euros la vandalización de las placas colocadas en memoria de sus familiares. No hay que olvidar que no fue hasta el año 2021, 18 años después del último asesinato de ETA en Navarra, cuando el Ayuntamiento de Pamplona colocó las primeras placas en recuerdo, y homenaje, a los vecinos asesinados. Cuatro años antes lo hizo el Ayuntamiento de Sangüesa, localidad donde curiosamente fueron asesinados las últimas víctimas de ETA en Navarra.

Y es que el Ejecutivo que lidera la socialista María Chivite pretende equiparar, como hace el PSOE por encargo de Bildu, todas las víctimas de lo que ellos denominan «violencia política» para diluir a ETA en una amalgama de siglas que, como el Batallón Vasco Español o los GAL ni tan siquiera actuaron en Navarra. «Subrayamos la necesidad de evitar equiparaciones indebidas entre terrorismo y otros fenómenos históricos o políticos», justifica la Fundación Tomás Caballero, creada en memoria del que fuera concejal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona, asesinado en el año 1998.

Precisamente, uno de los asesinos de Caballero fue exhibido, y homenajeado, en Pamplona a través de la foto que portaba un menor de edad en la última edición de la 'Korrika', una carrera supuestamente promotora del euskera que cada dos años recorre el País Vasco, Navarra y el denominado País Vasco francés.

«No necesitan esconderse ni disimular. Enseñan orgullosos a sus asesinos y los defienden como gudaris de su causa. Se ciscan en las familias de Tomás Caballero y de Paco Casanova, se ciscan en todas las víctimas del terrorismo, se ciscan en toda la sociedad española y hasta se ciscan en sus propios socios, aunque a veces brinden y sonrían con ellos», afirmaba el presidente de la Asociación Navarra de Víctimas del Terrorismo, José Ignacio Toca, en un texto publicado en el Diario de Navarra.

Y recordaba Toca que «Bildu ha pactado con el PSOE y con el PSN para ir ocupando cuotas de poder, pero sin moverse ni un milímetro de su discurso y de su proyecto totalitario y excluyente. Y sin renegar del uso de la violencia, el asesinato y la extorsión». De ahí que ahora pretendan renovar el blanqueamiento de ETA a través la actualización de la Ley de Víctimas del Terrorismo aprobada bajo el Gobierno de UPN.