La empresa que contrató a Jésica, la 'sobrina de Ábalos', se encargará de regularizar a 500.000 ilegales

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apura la aprobación del decreto de regularización de inmigrantes –fruto de un acuerdo con Podemos– y lo llevará, previsiblemente este martes, al Consejo de Ministros para su aprobación.

El polémico texto permite, al menos en la última versión pública, presentar una simple declaración responsable para acreditar la ausencia de antecedentes penales; encarga a las entidades del Tercer Sector la determinación de qué extranjero es vulnerable y, por tanto, susceptible de recibir la residencia y quién no, y también contempla contar con las aportaciones de la empresa Tragsa –junto a Correos– en el proceso regulatorio.

La elección de Tragsa –y su filial, Tragsatec– fue tan llamativa que el propio Consejo de Estado, en el dictamen sobre el decreto de regularización, pone de manifiesto el contraste existente entre la amplitud de encargos y, por consiguiente, de los medios materiales y personales con los que se espera contar, y la escasa información dedicada a la cuestión por parte del Gobierno.

De hecho, dice el órgano consultivo del Gobierno, que es incapaz de «conocer cuál ha sido y cómo se ha desenvuelto el proceso que ha llevado a la conclusión de que Tragsa es la entidad más idónea para colaborar en las muy complejas tareas administrativas de gestión de las solicitudes que van a presentarse para obtener las nuevas autorizaciones que el Proyecto plantea instaurar».

Casi 10.000 euros para Jésica por no hacer nada

Donde sí hay nutrida información de Tragsa y su filial, Tragsatec, es en el Tribunal Supremo, donde desde la pasada semana se celebra el juicio por el 'caso mascarillas', y por el que el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su exasesor Koldo García, se juegan su futuro carcelario y judicial.

En el escrito de acusación del fiscal anticorrupción, Alejandro Luzón, menciona a la empresa Tragsa y su filial Tragsatec por haber sido uno de los destinos laborales de Jésica, la compañera sentimental de Ábalos. «Finalizado el contrato con Ineco y sin sujetarse tampoco a ningún proceso de selección relevante, Koldo García, siguiendo una vez más las instrucciones de José Luis Ábalos, desplegó nuevamente su influencia para que Jessica Rodríguez García fuera contratada también por Tragsatec, sociedad mercantil estatal de ingeniería y consultoría filial del grupo empresarial público Tragsa».

La relación laboral con Tragsatec empezó el 2 de marzo de 2021 –tan solo dos días después de terminar su vinculación con Ineco, donde fue contratada por gestión de Isabel Pardo de Vera, a la sazón presidenta de Adif y Adif Alta Velocidad– y se extendió seis meses, hasta el 1 de septiembre del mismo año, percibiendo por todos los conceptos 9.500,54 euros. «También en esta ocasión el trabajo de Jessica Rodríguez García era de administrativa en apoyo de Adif Alta Velocidad, siendo asignada a su Presidencia y, como en Ineco, tampoco en Tragsatec Jessica Rodríguez desempeñó tarea alguna para la empresa pública, circunstancia propiciada por Koldo García con el conocimiento de José Luis Ábalos», señala el escrito de Luzón.

«Objetividad, neutralidad y transparencia»

Una de las empresas en el ojo del huracán del juicio aparece ahora como la elegida por Sánchez para acometer la difícil tarea del proceso regulatorio de 500.000 personas. La memoria del decreto, según recoge el Consejo de Estado, señala, en relación a Tragsa y Tragsatec, que se «habilita al personal de la entidad encargada para la gestión de las medidas contempladas en este real decreto a realizar los trámites materiales de gestión, tramitación y preparación para su resolución por el órgano competente». Estas líneas son parte de la «escasa información», dice el Consejo, que facilita el Gobierno respecto a la contratación de Tragsa y Tragsatec, lo que deja al órgano consultivo, como ya se ha señalado, a verse incapaz de entender por qué se contó con estas empresas y no otras.

Ante la falta de información, el Consejo de Estado recuerda que el uso de medios propios personificados de las Administraciones Públicas –como es el caso de Tragsa y Tragsatec– se desenvuelve dentro de la colaboración público-privada que tiene lugar en el desarrollo de la contratación pública, «que está presidida por un muy exigente régimen de objetividad, neutralidad, publicidad y transparencia en la adjudicación de los contratos públicos».

Recurrir a Tragsa, solo para casos excepcionales

El Consejo recuerda también que «utilizar esos medios propios personificados de las Administraciones Públicas representa, en buena medida, excepciones o modulaciones a la citada colaboración público-privada abierta, objetiva, transparente y neutral y está, por ello, rodeada de una regulación muy detallada».

También recuerdan que Tragsa y Tragsatec, de acuerdo a la normativa vigente, han de recibir encargos que tengan por objeto «funciones centradas en actuaciones, obras, trabajos y prestación de servicios referidos, en términos muy globales, a materias agrícolas, pesqueras, ganaderas, forestales, de acuicultura, desarrollo rural, conservación y protección del medio natural y medioambiental».

Una potestad de los funcionarios, no de Tragsa

Y si bien es cierto que los estatutos sociales, tanto de Tragsa como de Tragsatec, amplían su ámbito de actuación, sigue siendo necesario que el Gobierno justifique por qué eligió a estas empresas.

Otra cuestión que el Consejo de Estado deja claro es que, en cualquier caso, lo que hagan Tragsa y Tragsatec deberá ceñirse «a actuaciones administrativas de gestión y canalización documental», dejando fuera la posibilidad de atribuirles «potestades públicas respecto de las solicitudes que se presenten para acceder a las nuevas autorizaciones de residencia de extranjeros». ¿Por qué? Porque «el ejercicio de tales potestades para resolver o adoptar decisiones sustantivas respecto de tales solicitudes corresponde legalmente a los órganos administrativos competentes en la materia y al personal funcionario que en ellas se integra».

La acotación de los trabajos a Tragsa y a Tragsatec constituye, para el Consejo de Estado, una «observación esencial» que el Gobierno ha de tener en cuenta.