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Una manifestación de Jupol en el centro de Madrid, en mayo de 2023

Una manifestación de Jupol en el centro de Madrid, en mayo de 2023Jesús Hellín / Europa Press

Policías y guardias civiles convocan una manifestación el sábado en Madrid reclamando ser profesión de riesgo

El eje de la protesta gira en torno a tres reivindicaciones que, según denuncian, siguen sin resolverse

Los principales sindicatos de la Policía Nacional y la Guardia Civil –Jupol, Jucil y Jusapol– han decidido convocar una manifestación este próximo sábado en la Puerta del Sol de Madrid para pedir unidad de acción y reclamar lo que consideran derechos aún pendientes.

El eje de la protesta gira en torno a tres reivindicaciones que, según denuncian, siguen sin resolverse. Concretamente, la equiparación salarial real con otros cuerpos policiales, el reconocimiento de la profesión de riesgo y una jubilación en condiciones equiparables.

Uno de los puntos que más fricción genera es la situación de la Guardia Civil, a la que califican de «limbo institucional». La doble dependencia entre los ministerios del Interior y Defensa, argumentan, ha dejado al cuerpo en una posición ambigua que se traduce en una falta de reconocimiento de derechos básicos. Mientras desde Interior se rechaza su consideración como profesión de riesgo por su naturaleza militar, desde Defensa se han iniciado trámites en esa dirección para otros colectivos, sin incluir a los agentes de la Guardia Civil.

En paralelo, desde la Policía Nacional se pone el foco en la brecha existente dentro del propio cuerpo, ya que, aunque una reciente resolución judicial ha permitido avanzar en la equiparación de las condiciones de jubilación para los agentes incorporados al régimen de la Seguridad Social, las organizaciones denuncian que los funcionarios adscritos a clases pasivas –los de mayor antigüedad– siguen quedando fuera de esas mejoras.

Según los cálculos que manejan estas organizaciones, un policía nacional o un guardia civil jubilado puede llegar a percibir decenas de miles de euros menos que un agente autonómico, una diferencia que, proyectada a lo largo de la jubilación, se eleva hasta cifras que superan los 200.000 euros.

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