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La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra.

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra.EFE

El PP advierte de la «temeridad» de la regulación masiva: «Nadie sabe cuántas personas se van a acoger»

Desde la formación reclaman estudiar los casos de forma «individualizada», basada en «la ausencia de antecedentes penales, siempre vinculados al empleo y con requisitos muy estrictos»

El Partido Popular «ha dejado muy clara su posición» respecto a la regularización masiva de medio millón de inmigrantes que firmará este martes el Consejo de Ministros: posicionarse en contra. Así lo afirmaba la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra.

Exponía que una de las principales razones es el desconocimiento de «cuántas personas se van a acoger» a ella, ya que, mientras que desde el Gobierno se habla de medio millón, desde la Comisaría General de Extranjería se habla de 1.200.000. Calificaba como una «temeridad» lanzar al mundo un mensaje de que «la irregularidad tiene premio», algo que puede provocar que «personas desesperadas se echen en manos de las mafias y mueran en el mar».

Agregaba que se deben estudiar los casos de forma «individualizada», basada en «la ausencia de antecedentes penales, siempre vinculados al empleo y con requisitos muy estrictos». Ezcurra criticaba que se están atacando «antes las consecuencias que las causas», señalando que se está dando «un trato desigual a gente de la misma condición». «No es una cuestión de bondad, es una cuestión de justicia», agregaba.

La también eurodiputada defendía que su partido apoyó debatir una iniciativa legislativa popular (ILP) al tener el apoyo de 700.000 personas para que se tramitara, pero que el Gobierno ha optado por «meterlo en el congelador» y tramitarlo por la vía del Real Decreto por vía de urgencia «sin consenso». Asimismo, comentaba que las enmiendas presentadas, «metidas en un cajón por Francina Armengol» son «perfectamente compatibles» con la política migratoria del PP.

Azcurra denunciaba el procedimiento, por el que una persona que quiere acogerse a la regularización «tiene un mes para acreditar los antecedentes» y, de no conseguirlo, se tratará por la vía diplomática en los tres siguientes. «El inmigrante se queda con un permiso temporal de residencia que le permite actuar en España sin que se sepa durante todo ese tiempo si esa persona tiene antecedentes penales o no», comentaba.

Gobiernos autonómicos

Por otro lado, aludía a que el peso que su partido le ha dado a la cuestión migratoria no se debe a las negociaciones con Vox en Aragón, Extremadura y Castilla y León, sino que —según el CIS— es «una de las principales preocupaciones de los españoles».

Sobre los gobiernos autonómicos, mencionaba que las conversaciones van «en buen camino» y que los pactos «están tan cerca como los plazos apremien». Sin embargo, insistía en que no son los mismos partidos, también en geopolítica. «Si las urnas dicen que nos tenemos que sentar a hablar es de las cosas que tenemos en común», agregaba.

Confundir un Ministerio con Ferraz

La eurodiputada mostraba «rubor» por las palabras de Bolaños sobre el juez Peinado, acusándolo de «confundir el Ministerio de Justicia con el departamento de comunicación de Ferraz». «Flaco favor le hacemos a la democracia», insistía.

Azcurra se mostraba convencida de que "si esa resolución judicial no hubiera sido una resolución judicial sobre la mujer del presidente del Gobierno no se hubiera expresado en esos términos”, sentenciaba.

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