Igualdad pide al CGPJ investigar al juez instructor del caso del ex-DAO por «trivializar» la violencia de género

El Ministerio de Igualdad ha presentado una carta ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en la que pide que investigue al magistrado David Yehiel Maman Benchimol, juez que investiga la denuncia interpuesta contra José Ángel González, ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional por agresión sexual contra una subordinada, por unas declaraciones públicas que considera «incompatibles» con la «imparcialidad» judicial.

La misiva, firmada por la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, solicita la apertura de diligencias informativas y, en su caso, un expediente disciplinario por una posible «falta grave». «Realizó diversas manifestaciones relativas a las mujeres víctimas de violencia de género, al ejercicio de sus derechos procesales y a la protección de las personas menores de edad, cuyo contenido resulta manifiestamente incompatible con los deberes de imparcialidad, respeto y sujeción al ordenamiento jurídico que rigen la función jurisdiccional», argumenta Igualdad.

Los hechos se remontan a febrero de 2026, cuando el magistrado realizó diversas afirmaciones durante un acto formativo en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, posteriormente difundidas en un vídeo por La Sexta este miércoles 22 de abril.

Según el escrito remitido al CGPJ, el juez sostuvo, entre otras cuestiones, que las denuncias de las mujeres «no tienen demasiado sentido» y responden a una supuesta «caza de la orden de protección», además de cuestionar las ventajas legales que, a su juicio, tienen las mujeres para denunciar. También, según Igualdad, atribuyó a las madres comportamientos de «manipulación» sobre sus hijos –lo que describió como «lavado de coco»– y afirmó que «la mujer es una enemiga acérrima» de la custodia compartida.

Para el Ministerio de Igualdad, estas declaraciones no son «opiniones aisladas», sino que reflejan «una serie de prejuicios estructurales, estereotipos de género y posicionamientos ideológicos que afectan directamente a la percepción de imparcialidad del órgano judicial y comprometen la confianza pública en la Administración de Justicia, especialmente en un ámbito tan sensible como la violencia de género».

En este sentido, en la carta defiende una «trivialización» de la violencia de género y de los mecanismos de protección legalmente establecidos y argumenta que, por un lado, el juez «sugiere y alimenta el bulo de las denuncias falsas». Además, critica la «absoluta falta de perspectiva de género y la reproducción de estereotipos de género contrarios al principio de igualdad» del juez.

El documento destaca además que el magistrado no reconoce a los menores como víctimas directas de la violencia de género, en contradicción con la legislación vigente, que incluye también la llamada violencia vicaria. Del mismo modo, Igualdad alerta de que el magistrado «está negando o deslegitimando la identidad de género de las personas trans» al referirse a ellas como «un hombre con apariencia de mujer» y «priorizar únicamente el sexo asignado al nacer o el dato registral del DNI».

Mujeres juristas muestran «preocupación»

Ante esto, la Asociación de Mujeres Juristas Themis ha expresado su «preocupación», recordando que en las declaraciones se «cuestiona» a las madres que denuncian violencia de género, se «minimiza» el impacto de esta violencia en sus hijos y se recurre a ideas como «el supuesto 'lavado de cerebro'».

La asociación también ve «necesario» reforzar la formación especializada, «continua y efectiva» de todas las personas operadoras jurídicas en materia de violencia de género y protección de la infancia. «Esta formación resulta imprescindible para garantizar una adecuada valoración de los riesgos, evitar interpretaciones basadas en estereotipos y asegurar una respuesta judicial acorde con el marco legal vigente», ha afirmado.

Finalmente, ha reclamado a la Justicia que actúe «como una garantía efectiva de los derechos de las mujeres y de la infancia, en el marco de los derechos humanos, asegurando decisiones fundadas en el ordenamiento jurídico vigente, en la evidencia y en la protección de quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad».