La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Migraciones, Elma Saiz, en 2023
El Gobierno gasta más de 300.000 euros para una línea de atención de dudas y concesión de citas para ilegales
Sánchez vuelve a tirar de Tragsatec, la empresa que contrató a Jésica, la 'sobrina' de Ábalos, para que participe en el proceso de regularización masiva
El Gobierno se ha gastado más de 300.000 euros en contratar a Tragsatec, la filial de Tragsa, solo para poner a disposición de los inmigrantes que quieren la residencia un 'call center' donde obtener una cita previa o resolver dudas sobre el decreto de regularización masiva.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha contado con Tragsatec para otros encargos relacionados con el decreto de regularización de reciente aprobación como, por ejemplo, la gestión de autorizaciones de residencia.
En este caso, las tareas concretas que tiene encomendadas esta empresa, en la que se colocó a Jésica, la 'sobrina' del exministro Ábalos son: la gestión de cita previa para usuarios que deseen presentar la solicitud de forma presencial, la resolución de dudas sobre el procedimiento de tramitación y la información sobre el estado de tramitación de las solicitudes.
El texto del encargo por el que la Dirección General de Gestión Migratoria cuenta con Tragsatec usa el mismo argumento que para el encargo sobre la gestión de autorizaciones: es decir, que pese al «esfuerzo continuado» de los funcionarios y al «incremento» de la actividad derivado de la tramitación de las autorizaciones previstas en el Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre, el «volumen de trabajo sigue siendo muy elevado». A lo que se suma que el Gobierno prevé no 500.000 como dijo, sino 750.000 solicitudes para el decreto reciente, es decir, el 316/2026.
Cuando habla de los funcionarios, se refiere a los que forman parte de la llamada Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería (UTEX), adscrita a la Dirección General de Gestión Migratoria y encargada de la «gestión y apoyo en la tramitación de las autorizaciones de residencia o trabajo». También le corresponde la tramitación de las autorizaciones derivadas del decreto de regularización masiva.
Financiación con fondos europeos
El problema es que la Relación de Puestos de Trabajo de la UTEX, formada por 51 puestos, «resulta manifiestamente insuficiente para hacer frente al volumen previsto, tanto por la magnitud de las solicitudes como por la complejidad técnica de los expedientes, y dificulta dedicar tiempo a reformas de calado en los flujos de trabajo y a la implantación de mejoras procedimentales».
El encargo señala que la cifra por acudir a Tragsatec para la ejecución de actividades materiales y técnicas de apoyo a la Dirección General de Gestión Migratoria consistentes en la atención e información telefónica y la gestión de citas será de 364.335 euros.
Además, el encargo podrá ser objeto de cofinanciación de la Unión Europea. Lo mismo ocurre para el otro encargo a Tragsatec –por 4.390.401 euros– y que también es para apoyo en el proceso de regularización.
Delinquir por necesidad
El texto del encargo vuelve a reiterar lo que ya se hace en el contrato de Tragsatec sobre la «preservación de la situación jurídica» de las personas que hayan podido actuar en estado de necesidad. «La exigencia de carecer de antecedentes penales salvaguarda los intereses de la sociedad española, prestándose especial atención a aquellos delitos especialmente relevantes, sin perjuicio de la preservación de la situación jurídica de las personas que hayan podido actuar en estado de necesidad».
