El abogado de Ábalos cree que las penas «están sobredimensionadas, superan a las de la violación o el asesinato"

Marino Turiel, el abogado del ex ministro José Luis Ábalos arrancaba la última intervención letrada del 'caso mascarillas' pivotando entrono a varios argumentos que han sido constantes en su estrategia de defensa. El primero, la indefensión que ha provocado a su cliente la negativa del Supremo a entregarle la totalidad del material incautado en los dispositivos móviles que le fueron intervenidos a los acusados en el marco de la 'Operación Delorme' por la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil. «No sabemos por qué no están esas evidencias aquí. Eso es inquietante. De algún modo, se están ocultando (...) Hemos llegado a este juicio sin igualdad de armas», ha lamentado el letrado en lo que apunta, de nuevo, a sentar las bases de un recurso de amparo ante el Constitucional, una vez dictada la sentencia que su representado daba por hecha el pasado lunes.

El segundo, también rechazado en varias ocasiones por los magistrados de la Sala Segunda del Supremo, sobre la nulidad de las actuaciones que se siguieron contra Ábalos porque fue investigado, sin que el Congreso hubiese aceptado el suplicatorio. No en vano, el origen de esta queja nace del examen de un sobre dirigido al ex ministro, que portaba Joseba García, el hermano de Koldo, en el momento de su detención y que el letrado considera que se abrió sin contar con el necesario respaldo legal para hacerlo.

Pero, lo que más ha llamado la atención de su alocución es que la afirmación de Turiel sobre las penas que se le piden a Ábalos, en su opinión «claramente sobredimensionadas» porque «superan a las penas de la violación o el asesinato».

Los 24 años de cárcel que la Fiscalía solicita para el acusado no se corresponden con la ausencia de responsabilidad de éste en la contratación de la empresa de la trama, Soluciones de Gestión, propiedad de Víctor de Aldama, para el suministro de mascarillas y material sanitario. No en vano, Turiel ha señalado que la gestión de compraventa se descentralizó en Adif y Puertos del Estado porque los intentos previos de hacerlo con otras entidades «resultaron fallidas». Un detalle que «las acusaciones lo han ocultado».

Es más, Ábalos lejos de ser el responsable de la trama, como ha tratado de presentarlo la Fiscalía, por el dominio material del hecho que, gracias a su posición, le permitía hacerse con negocios que, de otro modo no se habrían logrado, estaría en una posición más alejada de la cúspide. Por el contrario, su abogado ha dicho que el papel de máxima influencia correspondía a Aldama, «quien paga manda», que fue el que «penetró» en el organigrama tanto del Ministerio de Transportes, como incluso de la Guardia Civil, a través del también imputado comandante Rubén Villalba, para salirse con la suya.

Si este escalafón se admitiese como válido, entonces, no tendría sentido que las acusaciones soliciten por el delito de pertenencia a «organización criminal» penas de siete años para Ábalos como «jefe», de seis para Koldo como «correa de transmisión» y de cuatro para el comisionista Aldama.

Jéssica, el piso y su absentismo laboral

En otro de los aspectos que conforman el cuerpo de la causa que se sigue contra el ex ministro de Transportes, en el Supremo, la contratación de Jéssica y el pago del piso de lujo de Torre España que la joven disfrutó durante tres años, el abogado defensor de Ábalos ha vuelto a insistir en la ocupación de ésta como prostituta.

Koldo era proactivo, conseguidor, imprudente, peculiar, siempre bienintencionado (...) pero es expansivo y actúa con su impronta. Atribuir que todo lo que hace lo ordena el ministro es absolutamente expansivo

«Esta chica es gancho de Aldama. [...] Fue una relación mercantilizada», orquestada por Aldama para captar a Ábalos. Tal es así que su cliente ni siquiera sospechó que el pago del inmueble porque fue Koldo el que «lo arregla todo». «Quien se ocupa del alquiler del piso es Koldo, quien lo paga es Escolano, quien se oculta es Aldama y no lo entendemos, cuando Aldama dice que paga más cosas. ¿El ministro conoce que Aldama está pagando el alquiler? ¿O lo ha dejado en manos de Koldo, en una situación que era coyuntural? ¿A quién le interesa que Jéssica siga ahí?», ha preguntado.

En cualquier caso, ha concluido, ni en el caso de Jéssica, ni en el caso de Claudia Montes, la ex Miss Asturias +30 es un asunto de relevancia penal que las mujeres no quisieran acudir a su puesto de trabajo. «Si Jéssica no quiere trabajar, no es un asunto penal», ha dicho el abogado.