Las veces que la Guardia Civil ha reclamado ser profesión de riesgo y los argumentos del Gobierno para negárselo

Dos agentes de la Guardia Civil murieron este viernes al chocar dos patrulleras del cuerpo mientras perseguían una narcolancha. No es la primera vez que ocurre algo así, pues hace poco más de dos años otros dos agentes murieron en Barbate en una operación contra el narcotráfico. «La administración tenía las advertencias sobre la mesa, pero las ignoró», sentencian desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). Y es que, pese a todo, ser guardia civil sigue sin ser considerado una profesión de riesgo.

Es una reclamación que viene de hace muchos años, pero que se recrudece cada vez que agentes del cuerpo sufren percances. En los últimos años, la presión se ha intensificado especialmente en Andalucía, donde los agentes destinados denuncian un aumento de la violencia, con persecuciones cada vez más peligrosas y una sensación de inferioridad frente a las organizaciones criminales. Y es que, mientras a la Guardia Civil le escasean los recursos, el narcotráfico cuenta cada vez con más recursos, mejores armas y una estructura logística mucho más potente.

Tras la muerte de dos guardias en Barbate en 2024, diferentes asociaciones del cuerpo, como AUGC o Jucil, reclamaron reformas urgentes y denunciaron que los agentes trabajan con medios insuficientes frente a redes criminales cada vez más agresivas. No significó nada para el Gobierno.

Qué implica ser profesión de riesgo

Principalmente, ser considerado profesión de riesgo acarrea consecuencias laborales y económicas concretas. La principal es la posibilidad de aplicar coeficientes reductores, lo que en la práctica puede permitir una jubilación anticipada sin pérdida de poder adquisitivo, como ocurre con otras profesiones.

En sus motivos para reclamarlo, la Guardia Civil argumenta que su trabajo diario incluye persecuciones de alta velocidad, operaciones contra narcotraficantes armados, exposición constante a agresiones, presión psicológica, turnos prolongados y una elevada carga de estrés. También amenazas ligadas al terrorismo, el crimen organizado y el control fronterizo.

La reclamación se ha trasladado en numerosas ocasiones al Congreso y al Senado mediante proposiciones no de ley e iniciativas parlamentarias, pero ninguna ha terminado cristalizando en una reforma efectiva.

Los argumentos del Gobierno

Pese a las peticiones, desde el Ejecutivo se ha bloqueado siempre el reconocimiento, alegando principalmente razones técnicas, legales y económicas. Concretamente, se defiende que la creación de nuevas profesiones de riesgo requiere estudios específicos sobre siniestralidad, penosidad y sostenibilidad del sistema de pensiones, además del impacto económico que tendría extender los coeficientes reductores y que obligaría a modificar cotizaciones y condiciones de jubilación.

Mientras se lo piensan, el narcotráfico en el sur de España aumenta cada día su capacidad operativa: utilizan embarcaciones más rápidas, redes logísticas más sofisticadas, métodos más violentos y armas mejores. Los agentes destinados a la zona llevan años reclamando medios para hacer frente a la situación, pero, hasta que eso ocurra, siguen combatiendo en inferioridad y expuestos a hechos trágicos como el ocurrido este viernes. «Esto no es un accidente imprevisto. Es la consecuencia directa de una situación de riesgo documentada, analizada y trasladada formalmente a la administración, que optó por no actuar», sentencia AUGC.