La declaración de Aldama, Begoña y el banquillo de David Sánchez complican la agenda del Gobierno

Mientras Pedro Sánchez se deja ver en Andalucía envuelto en la bandera de «proteger» al Gobierno de «coalición progresista», la primavera de 2026 se le presenta como un auténtico calvario. No en vano, a medida que avanzan las causas judiciales que salpican de corrupción tanto al Ejecutivo como al PSOE, resulta todavía más manifiesto que lejos de cerrarse un ciclo con el juicio del 'caso mascarillas' en el Supremo, tal y como vaticinó Koldo García Izaguirre: «Esto será largo».

El mes de mayo, sin ir más lejos, se avecina repleta de nubarrones. En especial para el hermano del presidente, David Sánchez, la esposa Begoña Gómez, las derivadas de la corrupción del material sanitario y la obra pública que se investigan en la Audiencia Nacional, el impulso del caso hidrocarburos y el inminente levantamiento del secreto de Plus Ultra conforman un calendario que deja poco margen al relato del Gobierno sobre la «transparencia» y su credibilidad.

Así las cosas, el próximo 28 de mayo, el músico David Sánchez, hermano del presidente, se sentará en el banquillo de la Audiencia Provincial de Badajoz junto a otros diez acusados más. La causa abierta, al hilo de las investigaciones periodísticas de El Debate, por prevaricación y tráfico de influencias, gira en torno a su contratación irregular como coordinador de conservatorios en la Diputación extremeña, en 2017. Un puesto que, presuntamente, fue adjudicado a dedo, según las acusaciones populares, que reclaman para el músico hasta tres años de cárcel. Por su parte, la Fiscalía solicitó el archivo de las pesquisas en varias ocasiones, pero la Audiencia Provincial rechazaba todos los recursos y confirmaba el procesamiento.

Una propuesta de procesamiento que, en el caso de Begoña Gómez, la mujer de Sánchez, llegaba en el mes de abril, fecha en la que expiraba la prórroga de la instrucción judicial que ha dirigido el juez Juan Carlos Peinado. El magistrado madrileño, que ha aguantado presiones, recusaciones y una campaña de descrédito sin precedentes en nuestro país, planteó entonces la apertura de juicio oral ante un jurado popular, apoyándose en la existencia de un supuesto delito de malversación y descartando, de entre los cinco delitos iniciales, el de intrusismo profesional.

Pendiente de que se resuelva el recurso de apelación planteado por la defensa de Gómez y la Fiscalía que, a lo largo del proceso ha actuado como tal, la Audiencia Nacional ha practicado una serie de diligencias adicionales, entre ellas algunos testimonios, para determinar el grado de presunta responsabilidad de Begoña en el tráfico de influencias, la malversación, la apropiación indebida de un software que pertenecía a la Universidad Complutense de Madrid (UCM); y, un entramado de contratos públicos que, gracias a sus cartas de recomendación, recayeron en las empresas de Juan Carlos Barrabés, su mentor y gurú académico

La esposa del presidente que, según las averiguaciones que han ido aflorando durante el procedimiento, pudo utilizar su posición para favorecer a terceros, está a la espera de la decisión de la instancia superior, antes de conocer cómo su causa pasa de los juzgados de Plaza de Castilla a un tribunal juzgador. El calendario es demoledor: una posible citación tras el verano y la conformación de un tribunal del jurado, compuesto por ciudadanos, que de alargarse podría coincidir, en el tiempo, con la precampaña de unas elecciones generales que Sánchez, más pronto que tarde, tiene que convocar el próximo año.

Y, mientras la familia más directa ocupa titulares, las tramas políticas que rodean al Gobierno tampoco dan tregua. No en vano, mientras el Supremo trabaja a contrarreloj para notificar el fallo y la sentencia del `caso mascarillas' que sentó en el banquillo de los acusados al ex ministro José Luis Ábalos y su ex asesor Koldo, la gran vergüenza del Ejecutivo central durante el COVID, en el Ministerio de Transportes, sigue su curso contra los no aforados en la Audiencia Nacional.

De tal manera que la declaración de Víctor de Aldama, prevista para el próximo jueves día 21, augura curvas en lo relativo a los contratos irregulares del material sanitario adquirido en pandemia, tanto en Baleares, como en Canarias. Más de 40 mensajes cruzados entre el comisionista y la que fuera titular del Govern, la hoy presidenta del Congreso Francina Armengol, complican además la situación procesal de esta última. Por su parte, Koldo citado ayer, también como imputado, confesaba tener «muchas ganas de hablar» pero sin que llegase a hacerlo por consejo de su abogada, Leticia de la Hoz, que sigue insistiendo en la indefensión de su cliente que no ha podido acceder, todavía, al contenido de los teléfonos móviles que le fueron incautados durante su detención.

No menos preocupante es el avance del caso hidrocarburos en la Audiencia Nacional. El juez Santiago Pedraz ha prorrogado la instrucción hasta junio de 2026, tras recibir un nuevo informe de la UCO que desentraña un fraude de IVA de al menos 182,5 millones de euros que penetró en varios ministerios como Industria y Transición Ecológica, con reuniones documentadas con jefes de gabinete de Reyes Maroto y Teresa Ribera. El juez no descarta nuevas imputaciones. El dinero público desviado, las licencias opacas y los pagos en metálico al PSOE que Aldama ha ventilado en otras causas, vinculados con ésta, forman un cóctel letal que Sánchez trata de sortear relativizando las acusaciones de financiación irregular.

Como colofón, rematar el cuadro, el caso Plus Ultra. El secreto de sumario, prorrogado hasta finales de mayo en la Audiencia Nacional, está a punto de levantarse. El juez José Luis Calama investiga, en esta causa, el destino real de los 53 millones de euros del rescate concedido por la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) durante la pandemia, el blanqueo de capitales que implicaría al ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y los posibles vínculos de la trama, con fondos venezolanos de procedencia opaca, que están siendo rastreados por las Fiscalías Anticorrupción de Suiza y Francia, en colaboración con la española.