La errónea política migratoria de Sánchez
España se enfrenta a una realidad demográfica y económica que no puede seguir ignorando
El Real Decreto de regularización masiva de inmigrantes aprobado por el Consejo de Ministros de Sánchez no solo ha dejado en evidencia su absoluta ignorancia sobre la complejidad del fenómeno migratorio, sino que ha revelado su verdadera intención: un cálculo electoral para permanecer en Moncloa sin importarle el coste institucional.
España se enfrenta a una realidad demográfica y económica que no puede seguir ignorando: población envejecida y sectores productivos como la agricultura, la construcción y los servicios domésticos dependiendo estructuralmente de mano de obra extranjera. Sin embargo, la gestión administrativa de este fenómeno por el Gobierno sigue siendo caótica. Regularizar de forma extraordinaria a medio millón de inmigrantes en situación irregular ha sido, más que una solución meditada, un movimiento táctico que ha chocado de frente con la realidad europea.
El problema de fondo es numérico y administrativo. En España residen cientos de miles de personas sin permiso, trabajando en la economía sumergida. Pero de ahí a anunciar una regularización masiva sin un plan de acompañamiento detallado hay un abismo. Sobre todo, porque el Gobierno no ha explicado cómo prevé financiar la integración de medio millón de personas en un país con problemas estructurales de vivienda, sanidad y educación, entre otros. Una ocurrencia de calendario, no una política de Estado.
La respuesta de la Unión Europea no se hizo esperar y fue críticamente explícita. La Comisión Europea, a través de su portavoz de Interior, Anitta Hipper, recordó fríamente que, si bien la regularización es «una competencia nacional», advirtió de que medidas de este tipo no deben crear «efectos llamada» ni desincentivar la cooperación con los países de origen. Además, desde la Comisión se enfatizó que cualquier decisión debe enmarcarse en el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, que prioriza los retornos efectivos frente a las regularizaciones masivas no consensuadas.
Los Estados miembros fueron igualmente duros. Mientras Alemania y Francia mostraron una fría indiferencia diplomática, países como Austria o Dinamarca, junto a los gobiernos del este europeo, utilizaron la iniciativa española como ejemplo de lo que consideran una política ingenua que podría desestabilizar el espacio Schengen. La UE esta vez tuvo argumentos concretos para frenar a Sánchez: sin una hoja de ruta clara sobre control de fronteras, no hay respaldo financiero ni político para una amnistía administrativa.
Esta reacción evidencia la soledad de España ante el desafío migratorio. Mientras que un modelo serio de inmigración legal y ordenada —el que este país necesita y debería liderar— exigiría controles eficaces, planes de contingencia y diálogo previo con los socios comunitarios, el Gobierno de Sánchez no propone ni lleva a cabo nada parecido. Su anuncio de regularización masiva, lejos de encajar en una estrategia coherente, ha sido recibido con una negativa rotunda por parte de la Unión Europea. Y esa negativa no nace de la mezquindad, sino de la evidencia: frente a una política migratoria marcada por la improvisación y el desconocimiento, Bruselas no puede dar su respaldo.
España necesita una política que incorpore ejes fundamentales que funcionen de manera articulada, dejando atrás los anuncios unilaterales.
Uno de ellos es la integración a través del empleo. La regularización debería estar vinculada al empleo, a un contrato específico en un sector deficitario. No se trata de conceder un permiso en abstracto, sino una autorización de residencia y trabajo ligada a un puesto concreto. Sin esta vinculación laboral, la regularización no es integración, sino un mero trámite administrativo que perpetúa la economía sumergida y la precariedad.
Otro eje es la integración cultural, que implica el reconocimiento de derechos y el cumplimiento de deberes, partiendo de los criterios de convivencia y organización característicos de la sociedad española, todo ello dentro del respeto a la identidad cultural y religiosa de los recién llegados Así, quien llega a España debería conocer y respetar las normas de convivencia, el marco constitucional, y las lenguas oficiales, al tiempo que la sociedad de acogida tiene la obligación de facilitar los medios para ese conocimiento. La cultura de acogida no debe ser nunca negociable.
Y junto a lo anterior, resulta imprescindible un compromiso bidireccional. Del inmigrante se espera el cumplimiento de las leyes, el respeto a las costumbres y el esfuerzo activo por integrarse. Pero la sociedad de acogida también tiene deberes: combatir la explotación laboral, garantizar el acceso a la vivienda en condiciones dignas y rechazar cualquier forma de discriminación.
De ahí que el Real Decreto de Pedro Sánchez sea un error de cálculo que merece las duras advertencias recibidas de Bruselas. La UE nos ha recordado que la solidaridad tiene límites cuando no hay control. España necesita una política de Estado basada en el empleo como eje, la cultura como puente y la reciprocidad como regla; que no dependa de ocurrencias electorales.
Sin una estrategia coherente que convenza tanto a los ciudadanos como a nuestros socios europeos, el vacío será ocupado por la demagogia más simple, que nunca ofrece soluciones, solo muros.
Elisa Núñez Sánchez es Doctora en Derecho y Experta en Inmigración
