El vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora Toro (i), acompañado de la senadora Raquel González (d), comparece ante la Comisión de Investigación de las deficiencias y presuntas irregularidades en la gestión de la SEPI
La SEPI utiliza un cazatalentos para seleccionar directivos y le paga 500 euros por cada evaluación
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales forma su organigrama con 'dedazos' del Gobierno, concursos públicos y las opiniones de un headhunter
El vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora, autorizó el inicio de un expediente de contratación y también adjudicó los servicios de un ‘cazatalentos’ para la selección de personal directivo de la entidad.
Lora está actualmente imputado por un presunto delito de prevaricación vinculado a la concesión de 475 millones de euros a la aerolínea Air Europa en noviembre de 2020 por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Además, estaba al frente —como presidente en funciones— cuando se rescató a la aerolínea Plus Ultra en marzo de 2021 por 53 millones.
El que ha sido ‘número dos’ de la SEPI continúa actualmente en el cargo y mantiene un contrato con la empresa GSG Metrics por 42.350 euros (con impuesto; 35.000 sin estos) para los «servicios de consultoría para la valoración e identificación de talento en perfiles directivos, de acuerdo con las competencias definidas en SEPI», según se desprende del documento de inicio de expediente de contratación y de la adjudicación.
En el contrato de GSG con la SEPI se detalla que la oferta de la empresa consiste en 500 euros por cada persona que se evalúe y que el número máximo será de 70, por lo que el importe total del contrato asciende a 35.000 euros.
El contrato a la empresa GSG Metrics no ha estado exento de polémica. En primer lugar, porque para los cargos de presidente -Belén Gualda González- y de vicepresidente -ambos ostentan la condición de alto cargo- no es necesario ningún ‘cazatalentos', ya que estos nombramientos se efectúan mediante un real decreto aprobado por el Gobierno. Por otro lado, el consejo de administración está integrado por la presidenta, el vicepresidente y un máximo de 14 consejeros (vocales).
Este consejo tiene a su cargo la administración, dirección y gestión de SEPI, y está formado en su mayoría por secretarios de Estado y subsecretarios. Por último, los miembros del comité de dirección, también con perfiles directivos, son elegidos por la presidenta. Eso sí, es posible que la mayoría de los miembros del comité de dirección hayan pasado por algún concurso público. En resumen, en ninguno de los casos anteriormente detallados parece tener sentido la figura del headhunter, explican a El Debate fuentes especializadas en contratación.
«Presunción de anormalidad»
Otro motivo de polémica es el bajo valor por el que fue adjudicado el contrato. Si el valor estimado del contrato era de 118.850 euros (con impuestos), se decidió la adjudicación a GSG Metrics por 42.350 (impuestos incluidos) —según consta en el anuncio de adjudicación—, es decir, un 64,29 % menos del valor inicial.
Tal es así que la propia SEPI tuvo que emitir un informe por la oferta al estar incursa «en presunción de anormalidad». En dicho informe se le requiere a la empresa que justifique aquellas condiciones de la oferta «que sean susceptibles de determinar el bajo precio de la misma», como «el ahorro que permita el procedimiento de fabricación, los servicios prestados o los métodos de construcción»; la «innovación y originalidad de las soluciones propuestas» o «la posible obtención de una ayuda del Estado».
El problema es que el propio informe de la SEPI advierte de la pobreza de la justificación de la empresa GSG Metrics: «La empresa aporta un documento de 35 páginas, de las cuales 30 recogen una serie de generalidades que en ningún caso constituyen justificación de los términos de su oferta».
Aun así, la SEPI considera que las justificaciones de la empresa son «prueba suficiente de la viabilidad de la oferta» en la medida en que se aporta una «declaración» de cada uno de los recursos adscritos a la ejecución del contrato manifestando que sus honorarios por evaluación suponen 210 euros, teniendo en cuenta, además, que el componente principal de la prestación lo constituye la mano de obra.
Por otro lado, el pliego de prescripciones técnicas donde se detalla el servicio es escaso. Se limita a señalar que este consistirá en la entrega a la SEPI de un informe «con la valoración de las competencias y su adecuación al modelo de liderazgo de SEPI, para un máximo de 70 candidatos preseleccionados por SEPI, con toda la información necesaria que justifique la valoración y ponderación de cada uno de ellos».
