Audiencia y Supremo añaden presión a las declaraciones de Begoña Gómez y Zapatero con el sumario SEPI y el fallo de Koldo y Ábalos

El calendario judicial será un verdadero suplicio para Pedro Sánchez esta próxima semana. El levantamiento del secreto de sumario que, todavía, pesa sobre una parte del 'caso cloacas', en lo relativo a la actuación de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) con los rescates concedidos durante la pandemia, presuntamente de manera irregular, al menos a cinco empresas, se sumará en los próximos días a la sentencia del Supremo contra el ex ministro José Luis Ábalos y su ex asesor Koldo García Izaguirre por el 'caso mascarillas', en la que será la primera condena firma a la gestión del actual Gobierno socialista

Según las previsiones que manejan ambos órganos, tal y como ha podido adelantar El Debate en primicia, el Juzgado de Instrucción Central número 5 se prepara para revelar, este mismo lunes, el contenido de las pesquisas sobre la institución del imputado Vicente Fernández, dependiente del Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero; así como el tribunal de la Sala Segunda del Supremo, que está llamado a deliberar el mismo día, prevé alcanzar la unanimidad en un par de flecos, aún pendientes de resolver, como paso previo a la notificación del fallo que podría darse a conocer entre el miércoles y el jueves.

Así las cosas, ambas decisiones se sumarán a la agenda judicial prevista para el entorno del presidente del Gobierno que verá cómo su mujer, Begoña Gómez, tendrá que sentarse una vez más en presencia del juez Juan Carlos Peinado, mañana día 15 a las seis de la tarde, en una audiencia preliminar a la celebración del juicio abierto, en espera de la decisión definitiva de la Audiencia Provincial de Madrid sobre los recursos planteados por las defensas contra la posibilidad de que sea a través de la modalidad del jurado popular.

Cabe recordar que, en esta ocasión, en magistrado instructor dictó la citación bajo la expresa advertencia de la «obligación de comparecer de forma personal» de todos los imputados. De lo contrario, si Gómez, su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez o el empresario Juan Carlos Barrabés no se presentasen en el juzgado podrían ser «conducidos por la fuerza» y arriesgarse al dictado de medidas cautelares, para evitar un eventual riesgo de fuga, ante lo elevado de las penas que solicitan las acusaciones populares, unificadas bajo la dirección letrada de Hazte Oír, que ascienden hasta los 24 años de prisión, por los delitos de corrupción en los negocios, tráfico de influencias, malversación y apropiación indebida. Un escenario ante el que la Fiscalía, cuestionada por actuar como una segunda defensa de Gómez, solicita la libre absolución.

Más incierta se presenta la visita del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero al magistrado José Luis Calama, en la Audiencia Nacional. El interrogatorio, que arrancará el próximo miércoles 17 a las 09.00 horas y se prolongará hasta el jueves 18, servirá al instructor para preguntar no sólo sobre el papel del socialista en la trama de corrupción internacional de favores que supuestamente permitieron el lavado de fondos opacos, procedentes del petróleo y el oro venezolano, en nuestro país; sino, además, aclarar el origen de las joyas, valoradas en 1,3 millones de euros, que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incautó de la caja fuerte de Zapatero, durante el registro de su despacho profesional, en la calle Ferraz.

Aunque el ex presidente estaba citado, en un primer momento el 2 de junio, su defensa que ha centrado el grueso de la estrategia procesal en lograr la nulidad de las actuaciones, pedía un aplazamiento ante las numerosas evidencias delictivas que pesan sobre Zapatero, formalmente imputado por varios delitos como pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y blanqueo de capitales -en la pieza central- así como contrabando y fraude fiscal en la separada, que pivota entorno al asunto del ajuar.