El Supremo delibera la sentencia del caso mascarillas sobre Ábalos, Aldama, Koldo y los testimonios falsos durante el juicio

el presidente de la Sala Segunda, Andrés Martínez-Arrieta, y los magistrados Manuel Marchena, Julián Sánchez Melgar, Susana Polo, Andrés Palomo, Javier Hernández y Eduardo de Porres están llamados a deliberar, de nuevo, este jueves, antes de dar a conocer la sentencia del caso mascarillas en la primera de las causas de corrupción que salpican al Gobierno de Pedro Sánchez. El futuro de los tres acusados en el proceso: el exministro de Transportes José Luis Ábalos, al que se le piden 24 años de cárcel; el empresario Víctor de Aldama, que se enfrenta a 7 años; y el exasesor Koldo García Izaguirre, sobre el que pesan 19 años de cárcel, sabrán hoy cuál es su futuro procesal y los hechos que los siete jueces han dado o no por probados tras más de un mes de sesiones, durante el juicio celebrado en abril.

En el caso de que se decida deducir testimonio a alguno de los citados a declarar durante las sesiones de la fase oral del juicio, que incurrieron en contradicciones, también se incluirá la petición al juez competente, en el fallo, presumiblemente unánime, que se conocerá a lo largo de las próximas horas.

Si la Sala sigue el criterio del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, determinará que tanto Ábalos como Koldo y Aldama constituyeron una organización criminal, apoyada en una serie de recursos materiales y humanos adicionales en los que cada uno puso a disposición de la trama sus propias fortalezas.

Así las cosas, mientras el ex socialista aportaba los recursos y la estructura administrativa necesaria para la adquisición del material sanitario y la contratación, presuntamente irregular, de sus propias amantes; Aldama era el principal comisionista que conectaba el ámbito institucional con las empresas dispuestas a pagar en metálico o en especie -por ejemplo, el piso de Jéssica Rodríguez, en plaza de España- a cambio de adjudicaciones públicas: mientras, Koldo, su ex mujer Patricia Úriz y su hermano Joseba se encargaban de cobrar los gastos derivados de sus gestiones en la sede del PSOE en Ferraz o recoger en República Dominicana los 10.000 euros que, supuestamente, se le entregaban mensualmente (al menos desde septiembre de 2019 hasta agosto de 2022) a él y a su jefe a cambio de los favores prestados. Un importe que constituía «el núcleo de la dádiva» y que, de acuerdo con la declaración de Aldama, no sólo buscaba «asegurarse la oportunidad cuando llegara», sino que, además, ascendió hasta los 4 millones de euros.

El Alto Tribunal deberá determinar, por lo tanto, si fue el pago de una colección de actuaciones irregulares, con origen en el 'cupo navarro' de Santos Cerdán, imputado en la misma causa en la Audiencia Nacional, entre las cuales estaban no sólo la selección a dedo de los proveedores de mascarillas y trajes de protección EPI en pandemia, sino también la asignación de puestos de trabajo públicos, en empresas dependientes de Adif —como Logirail, Tragsatec e Ineco— en las que acabaron varias amigas del exministro, cobrando, sin ir a trabajar.

También, si la confesión de Aldama y su colaboración judicial sobre la que se ha construido la acusación y que le ha permitido ser el único de los procesados en libertad, le servirá para acceder a la atenuante muy cualificada instada a su favor por las acusaciones y respaldada, aunque no solicitada por Anticorrupción, que le evitaría el ingreso en prisión.

Para llegar a una conclusión condenatoria en el caso de Koldo y Ábalos y exculpatoria en el de Aldama, será necesario que las manifestaciones de este último queden corroboradas por una serie de pruebas periféricas, como las documentales y las testificales. Precisamente, en este último sentido, durante las sesiones del juicio se produjeron algunas incongruencias y contradicciones por parte de los testigos que, si el Supremo lo considera oportuno, podrán terminar a su vez imputados por falsedad.