​La sentencia da por probada una organización criminal dentro del Gobierno destapada por Aldama

Entre las 224 páginas de la primera sentencia contra la corrupción económica del sanchismo hay párrafos de una enorme carga de profundidad para el Gobierno de Pedro Sánchez. Pero si acaso, sobre todo este, porque de forma implícita incide en la responsabilidad política de quien falló en la vigilancia y el control: «La lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, como preocupación esencial de todo Estado democrático y de derecho, debe articularse, en primer lugar, a través de la activación de los mecanismos de control de la propia Administración. Controles que, a todas luces, fracasaron en nuestro caso; lo que, por otro lado, bien parece obedecer a esa situación de colonización de las instituciones y empresas públicas, ampliamente perfilada por las acusaciones en sus informes, así como de otras tantas conductas llevadas a cabo por los aquí acusados, desde sus puestos de poder y/o influencia, muy alejadas del interés general que debía guiar su actuación, y que fue puesto al servicio de sus particulares y delictivos intereses».

El PP y Vox exigieron ayer al presidente que dimita y convoque elecciones por haber permitido que una organización criminal anidara en el corazón de su Gobierno. Esta vez no son indicios, sino hechos probados en un juicio oral que no se habría resuelto tan rápido de no haber sido por el empeño de José Luis Ábalos en no renunciar a su aforamiento ante el Tribunal Supremo. Pero nada más lejos de la intención de Sánchez, que no se dio por aludido.

El Ejecutivo respondió a la condena al que fuera ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE -24 años y tres meses de cárcel- prometiendo que seguirá «trabajando para construir una España ejemplar en la que la corrupción no sea aplaudida ni tolerada». Al tiempo que, en paralelo, ministros y dirigentes del PSOE se dedicaban a inflar la polémica sobre la decisión unánime de los siete magistrados del tribunal de rebajar la pena de Víctor de Aldama a cuatro años y medio y evitar su entrada en prisión por su ayuda inestimable.

«No cabe duda de la importancia de la colaboración prestada, desde la perspectiva de la persecución de actos graves de corrupción cometidos en el seno de una organización criminal en la que estaba integrado un ministro del Gobierno y que operaba y logró extender su ámbito de influencia a otras entidades y organismos públicos», según la Sala. «Solo la declaración incriminatoria de un coautor ha posibilitado la investigación y, ahora, la condena», reconocen los magistrados, con el ponente Andrés Martínez Arrieta a la cabeza.

«¿Lo veis, niños? Si cometéis delitos, pero luego os portáis bien y ‘colaboráis’, el perdón se abrirá paso y con que nos presentéis un informito de nada, ni entráis en prisión. Es una sentencia tremendamente aleccionadora». Escribió en X el ministro Óscar Puente. La tesis de los socialistas es que cualquiera que trabaje para tumbar el Gobierno de izquierdas tendrá premio. Incluso difundieron de forma tergiversada que el Supremo ha librado a Aldama de devolver una comisión de 3,7 millones de euros por los contratos de las mascarillas. Sin embargo, esa cifra no corresponde a una comisión, sino a una estimación de la Fiscalía sobre el dinero que pudo llevarse con esos contratos.

Los socialistas temían que el Supremo rebajara la condena a Aldama y que ello sirviera como incentivo para otros posibles colaboradores, véase los casos del empresario Julio Martínez Martínez en el caso Plus Ultra —en el que está imputado José Luis Rodríguez Zapatero— y de Leire Díez en el de la presunta cloaca del PSOE. De hecho, la fiscal general del Estado ordenó al fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, que en sus conclusiones no redujera la petición para Aldama por debajo de siete años de prisión. Pero el tribunal tenía la última palabra.

El círculo de la moción de censura de 2018 contra Mariano Rajoy ha quedado cerrado con esta sentencia, que condena al mismo Ábalos que entonces defendió la necesidad de «recuperar la dignidad de nuestra democracia», según sostuvo. Ocho años después, los socialistas se defienden atacando a aquel PP: «Nosotros actuamos. Ellos siguen en una sede en la que había caja B», según un comunicado que envió este lunes Ferraz. A aquel PP y a Isabel Díaz Ayuso: «El hipócrita de Feijóo ha venido a dar lecciones hoy, no sabemos muy bien desde qué atalaya moral. Antes de lanzar su propia moralina barata, Feijóo debería explicar por qué es incapaz de exigir una sola explicación a Isabel Díaz Ayuso», continuaba el texto.

El PSOE de la ejemplaridad y la tolerancia cero contra la corrupción está ahora en otras cosas. Por un lado, en sembrar dudas sobre la rapidez de la Justicia en este caso y en otros que afectan a Sánchez, obviando que fue Ábalos el que aceleró su juicio al empeñarse en mantener su aforamiento. Por el otro, en desaprobar que la Justicia premie a quien colabora. El propio Sánchez afirmó en el Congreso en julio de 2025, donde un Pleno sobre corrupción tras el estallido del caso Cerdán: «En una democracia madura no se castiga a quien denuncia, se le escucha, se le protege y se le respalda».

Este Gobierno indultó al informante del caso Gürtel, el concejal de Majadahonda José Luis Peñas, en octubre de 2024. «El mensaje es clarísimo», señaló entonces el ministro de Justicia, Félix Bolaños: «Cualquier persona que conozca la comisión de un ilícito puede denunciarla y va a contar con el respaldo del Gobierno». Hasta creó la Autoridad Independiente de Protección del Informante y una Comisión Consultiva de Protección del Informante. Aunque esta última con representación de hasta una decena de instituciones cuyos responsables fueron elegidos por el Ejecutivo y nombrados formalmente la semana pasada.