La 'pinza' del Gobiermo con Zapatero para bloquear el acceso de la acusación popular a las causas de corrupción

En febrero de 2025, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, reflexionaba en el Congreso sobre la necesidad de limitar la acusación popular –como pretende el proyecto de la 'ley Begoña'–porque se ha convertido en «un nido de ultras», pese a que, en la actualidad, el PSOE ha recurrido a la figura procesal en tres casos que le afectan de lleno: mascarillas que ha llevado al ex ministro José Luis Ábalos y su ex asesor Koldo García Izaguirre a prisión 24 y 19 años, respectivamente, el caso hidrocarburos y la causa sobre la Dana que asoló a gran parte de Valencia, el pasado otoño.

«Caro que hay que regularla», viene insistiendo Bolaños desde hace algún tiempo en el que ha utilizado como excusa el hecho de que tanto el Tribunal Supremo como el Constitucional han instado al Poder Legislativo a que se reforme. «La acusación popular no puede servir para filtrar continuamente documentos, para intentar denigrar a personas, para presentar denuncias absolutamente falsas, basadas en recortes de noticias igualmente falsas y, por tanto, yo creo que la acusación popular tenemos que plantearnos una reforma que, oh sorpresa, también planteó en 2017 el Partido Popular, y por tanto creo que esa reforma, coincido con ustedes, es necesaria», ante el «abuso» que hacen de ella «la feria de ultras», decía hace algún tiempo.

En los últimos meses, el titular de Justicia había aparcado el relato contra las entidades personadas en la mayoría de los casos que ahogan al núcleo duro de Pedro Sánchez, en lo personal y en lo político, consciente de que el Gobierno no cuenta con los apoyos parlamentarios que necesita para sacar adelante su modificación legislativa.

Sin embargo, el pasado jueves, Bolaños volvía a la carga a través de una carta remitida a las asociaciones Iustitia Europa y Hazte Oir, ambas parte de las acusaciones populares activas en el caso contra el hermano de Sánchez, el músico David Azagra; la mujer del presidente, Begoña Gómez; las 'cloacas' socialistas, cuya dirección letrada recae sobre el Partido Popular; o, el caso Plus Ultra en el que ha sido imputado, formalmente, el ex presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

Por este último es por lo que tanto el titular de Justicia, como el propio equipo jurídico que ejerce la defensa de Zapatero han reflotado el hacha de guerra contra la figura de las acusaciones, más allá de la Fiscalía que es, en esencia, el paradigma institucional para ejercerla.

Si bien a diferencia de otras causas que complican el horizonte judicial del 'sanchismo', las investigaciones que se dirigen contra Zapatero no nacieron de la iniciativa de las acusaciones populares -sino de una operación coordinada entre Anticorrupción con las fiscalías francesa y suiza- la presencia de éstas en las pesquisas de la Audiencia Nacional y las recientes filtraciones que se han producido tras la declaración del ex presidente, en sede judicial, han servido como excusa al abogado que lo representa, el catedrático Víctor Moreno Catena, para reavivar el debate sobre la presencia de éstas en el procedimiento.

Un hecho que ha llevado al juez José Luis Calama a ordenar la apertura de una pieza reservada, en la que se incorporará el contenido de las declaraciones de imputados y testigos, entre otras cuestiones, además de motivar una investigación adicional para determinar el origen de las filtraciones. Lo que, por extensión será un argumento más a sumar por el abogado de Zapatero para instar la nulidad de las actuaciones.

También para alentar el discurso del Gobierno que asegura que «el espíritu de la figura de la acusación popular claramente se está pervirtiendo por las organizaciones ultraderechistas, a las que no les importa nada perseguir el delito y establecer los hechos», en palabras del propio Bolaños.

De acuerdo con la tesis del ministro lo que buscan «estas organizaciones ultras» es «hostigar» a líderes de la izquierda y «perseguir a personas progresistas y a sus familias». De ahí que desde el Ejecutivo no pierdan una sola ocasión para poner el «asunto» sobre la mesa. Un argumento que, según los expertos, podría «beneficiar» al Gobierno y a la Fiscalía en las causas judiciales de ámbito penal que más los acorralan en este momento, así como «ante futuros y eventuales procedimientos».

No en vano, cabe recordar que era el propio fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, condenado en el Supremo por un delito de revelación de datos reservados, quien incluía la primera crítica abierta y pública a la acción popular durante el discurso de apertura del que fue su último Año Judicial al frente del Ministerio Público, el pasado mes de septiembre.