El juez imputa a la presidenta de la SEPI y a otras veinte personas por la trama de las cloacas del PSOE

el juez de la Audiencia Nacional que instruye la causa de las cloacas, Santiago Pedraz, ha imputado a la presidenta de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), Belén Gualda, y a otras veinticuatro personas por la trama de presuntas adjudicaciones arbitrarias e irregulares de rescates, para salvar empresas afines al Gobierno y a su entorno, en pandemia.

«Procede dirigir el procedimiento, tanto formal como materialmente, contra los mismos y a este fin recibirles declaración como investigados. Previo a señalar la fecha, se les requerirá a los que no se encuentren personados designen abogado y/o procurador para que les asiste y represente y tome conocimiento de los hechos delictivos que se les atribuye», ha señalado el magistrado en una providencia fechada este 29 de junio en la que, además de Gualda, han sido incorporados a la causa, como investigados, más de una veintena de altos cargos y funcionarios de la entidad pública:

La resolución de este lunes, que acoge la petición de la Fiscalía Anticorrupción de seguir investigando los «indicios de criminalidad» que envuelven a la SEPI, ha puesto el foco en la trama que, presuntamente, se diseñó para maniobrar en contra de los investigadores y responsables de los procesos judiciales que salpican al Gobierno, así como amañar rescates, según revelaron los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Entre ellos, el pago de una comisión por el préstamo de 112,9 millones de euros concedido a Tubos Reunidos, con la intervención del PNV (Partido Nacionalista Vasco).

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que el grupo denominado Hirurok (Nosotros tres, en euskera, y presuntamente integrado por Leire Díez, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso) habría llevado a cabo «acciones tendentes al otorgamiento» de la ayuda.

A cambio de esta gestión percibieron un total de 114.950 euros por servicios de prospección de mercados a través de la empresa Mediaciones Martínez, pagos de los cuales constan facturas pero que la UCO considera «mendaces» ya que «su verdadera motivación» vendría por las gestiones efectuadas para que la SEPI aprobase la ayuda a Tubos Reunidos.

Pero la decisión de Pedraz amplía el foco de la investigación a otras empresas, y no se limita a los 112,8 millones de euros que recibió Tubos Reunidos.

Para la Fiscalía Anticorrupción, existen indicios fundados de irregularidades en otras cuatro operaciones vinculadas con empresas públicas, además de Tubos Reunidos: Mercasa; Enusa; Parque Empresarial Principado de Asturias y Forestalia.

Además, la UCO señala el destacado papel que habría desempeñado el que fuera presidente de la Sepi, Vicente Fernández, que «con razón de esta operativa» -sobre Tubos Reunidos- «habría facturado 40.000 euros».

Los agentes sospechan asimismo que en un periodo en el que todavía no se había producido el nombramiento de un nuevo presidente de la SEPI, Vicente Fernández «habría continuado de facto actuando como tal», y han constatado «su asistencia a reuniones en representación de este organismo público ante terceros, el acceso a información interna, la toma de decisiones o la impartición de instrucciones».