La presidenta de la SEPI imputada aprobó el rescate de Tubos Reunidos con el apoyo de Sara Aagesen tras una reunión en Moncloa

Todas las precauciones eran pocas. La presidenta de la SEPI, Belén Gualda, imputada por el juez Santiago Pedraz por «indicios de criminalidad» en la trama SEPI, estaba obsesionada con las filtraciones. Por ello, se mantenía en silencio en los Consejos de Administración, prohibía la entrada de móviles y delegaba su firma siempre que podía en el vicepresidente, Bartolomé Lora. Pero no contaba con la imprudencia de su antecesor en el cargo. Ni en un mensaje que dejaba el rastro de una cita convocada en Moncloa para el viernes 9 de julio a las 11:00 de la mañana.

Así se reflejó en una conversación entre Vicente Fernández Guerrero con su socio y jefe en Servinabar, Antxón Alonso, que lo había contratado a principios de junio en la sociedad limitada que también estaba vinculada a Santos Cerdán, el mismo día que se aliaban junto a la fontanera del PSOE, Leire Díez, y formaban el grupo Hirurok. Según las palabras de Vicente, esa reunión «podría guardar relación con unos supuestos contactos entre Antxón y miembros de la directiva del PNV» en la sede de este partido para presionar a favor del rescate.

Tan solo cuatro días después, el martes 13 de julio de 2021, el Consejo Gestor de la SEPI, formado por la presidenta, Belén Gualda; su persona de mayor confianza, Javier Morales Abad, director de Asuntos Jurídicos; además del secretario de Estado de Economía, que había tenido en principio dudas, Gonzalo García Andrés, y la secretaria de Estado de Energía y actual ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, que en un primer momento se opuso por razones ecológicas, aprobaron la operación de financiación a Tubos Reunidos, S.A. por 112,8 millones de euros, que se elevó y ratificó el siguiente martes 20 de julio en el Consejo de Ministros del Gobierno de coalición de Pedro Sánchez.

Mujer de confianza de María Jesús Montero

Belén Gualda fue nombrada presidenta de la SEPI el 30 de marzo de 2021 por María Jesús Montero, entonces ministra de Hacienda, de quien depende el organismo público. Era una mujer de su entera confianza después de haber coincidido en la Junta de Andalucía.

Lo primero que hizo Gualda cuando desembarcó en la SEPI desde los astilleros públicos de Navantia (100 % de la SEPI) fue la eliminación de la unidad de control y seguimiento de los fondos de ayudas para los rescates. Otra de sus medidas fue utilizar el programa de seguridad CARLA, la solución del Centro Criptológico Nacional –adscrito al CNI– para evitar fuga de datos o brechas en la red que pudieran suponer una exfiltración, como reveló El Debate en agosto del 2025. La opacidad de la SEPI en sus manos rozó el oscurantismo.

Durante su mandato, se adquirió a Duro Felguera (otra rescatada con 120 millones de euros) el 40 % de Epicom, «empresa estratégica para la Seguridad Nacional». Se aprobó el incremento hasta el 28 % del capital social en Indra Sistemas, la entrada en Telefónica con un 10 % de participaciones, y el rescate por «exigencia del PNV» de Talgo comprando las acciones a 4,25 euros cuando cotizaban a 2,82 euros. Y tenía en mente, cuentan desde la sociedad estatal, «un proyecto faraónico de seis millones de euros para remodelar el edificio de la SEPI en la calle Velázquez».

No firmaba cuestiones con «una nimia responsabilidad»

Para diluir responsabilidades, Gualda impuso que el director de Participadas que llevase un expediente al Consejo Gestor debería tener antes el visto bueno de la vicepresidencia. A su vez, contrató un seguro de responsabilidad civil y contable para directivos y consejeros con Starr Europe Insurance Limited por 126.000 euros para protegerse ante eventuales reclamaciones o cubrir posibles costes de defensa. No descuidaba ningún detalle, aunque lo último que esperaba sería que le delatase los mensajes del que ejerció como presidente de la SEPI en la sombra.

Como contaba otra de las imputadas por el juez Pedraz, Rosario Martínez Manzanedo, directora de Participadas II de la SEPI, cuando llegó Gualda a la presidencia: «En estos últimos tres meses desde que está Belén Gualda la situación ha ido mucho a peor. No da respaldo alguno a los equipos. Y tampoco firma cuestiones que tienen una nimia responsabilidad, como es la contratación de asesores». Y añadía: «Bartolomé Lora ha insistido en que desde que está Belen Gualda su capacidad de actuación es nula. No estoy de acuerdo con eso: Lora ha respaldado mucho a Gualda en cuestiones en las que no lo tendría que haber hecho».

Entre las gestiones que se quedaron en una especie de limbo nada mas llegar estaba Tubos Reunidos, S.A. El presidente de la compañía alavesa, Francisco Irazusta Rodríguez, también imputado, le comunicó a Guerrero sus preocupaciones porque no se estaban aprobando ayudas financieras a empresas estratégicas, y sugirió escribir una carta titulada «Solicitud de resolución urgente expediente 07-05-21» a Montero a través de la consejera de Desarrollo Económico del País Vasco, Arantxa Tapia Otaegi. El propio Vicente le hizo llegar un borrador para que lo remitiese también «a la presidenta de la SEPI», como «a la presidencia del Gobierno, así como al Gobierno vasco».

En esos primeros días de junio de 2021, Vicente estaba en contacto con Miguel Ángel Figueroa Teva, director de Participadas III, a su vez imputado, que le envió la propuesta de la resolución formulada por Rosario Martínez Manzanedo. Esta proposición se elevó a Belén Gualda, con el visto bueno del vicepresidente, Bartolomé Lora, para presentarla al Consejo Gestor, que terminó oponiéndose a su aprobación. Como le dijo Figueroa a Guerrero, «vaya desastre de reunión de fondo».

«Presión del PNV ante el Gobierno»

Fue cuando las presiones empezaron por tierra, mar y aire. Vicente F, Guerrero tomó la vía Antxón Alonso, el empresario vasco relacionado con Santos Cerdán y Koldo García Izaguirre, para que presionara al PNV, porque sería difícil recibir la financiación «si no hay una ayuda por arriba del todo». Por su parte, Arantxa Tapia llamó a María Jesús Montero, y su viceconsejero, Javier Zarraonandia, a Sara Aagesen.

Vicente continuó con las gestiones «indirectas y discretas», y cerró un encuentro con Antxón Alonso en Pamplona en la sede de Servinabar, a la que fue acompañado de Leire Díez, el martes 6 de julio de 2021, en el que uno de los puntos de la reunión fue ejercer «presión del PNV ante el Gobierno» para facilitar la aprobación del rescate a Tubos Reunidos y, si todo salía adelante, la posibilidad de una compensación para Servinabar, que finalmente se tradujo en una supuesta mordida de 114.959 euros. Esta operativa, «al menos indiciaria», ha llevado al juez Pedraz a señalar la existencia de «un patrón de actuación reiterado, coordinado y estructurado por parte de los investigados» en su asalto a distintos ámbitos del sector público.

La mujer más poderosa de la democracia nombró a dos de los presidentes de la SEPI imputados

Tanto Vicente Fernández Guerrero como Belén Gualda, imputados en la trama SEPI vinculada a las cloacas del PSOE, fueron personas de la máxima confianza de María Jesús Montero en la Junta de Andalucía. Ambos fueron seleccionados por la que se consideraba la mujer «más poderosa de la democracia» para dirigir el destino de las principales empresas públicas con instrucciones directas desde Moncloa. Y con el agravante de mantener a Guerrero «actuando de facto como presidente» después de haber dimitido de su cargo por su imputación en el caso Aznalcóllar.

De hecho, el vicepresidente que ejerció la presidencia en funciones, Bartolomé Lora, imputado a su vez en otro procedimiento, mantuvo prebendas y comunicaciones con Guerrero cuando se tramitaban los rescates más polémicos aprobados por el Consejo de Ministros. Estas nuevas imputaciones dibujan de forma cada vez más nítida un mapa de la corrupción infiltrada en el seno del poder económico desde la llegada de Pedro Sánchez al Ejecutivo. Quizá por eso el presidente del Gobierno no solo no contempla la dimisión de Gualda, sino que mantiene su confianza en ella. «Claro que sí».