El oscurantismo de la SEPI durante el Gobierno de Sánchez

El Gobierno de coalición de Pedro Sánchez, en el que se sienta en su Consejo de Ministros la vicepresidenta Yolanda Díaz de Sumar, tiene un plan oculto para la Sociedad Estatal de Participaciones Estatales (SEPI), regida por su vicepresidenta primera, la ministra de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, a través de una persona de su máxima confianza, Belén Gualda.

La presidenta del holding de titularidad estatal, que hasta su incorporación en marzo de 2021 regía los astilleros públicos de Navantia (100 % de la SEPI) y había coincidido antes con Montero en la Junta de Andalucía, mantiene a raya la opacidad de la SEPI a niveles que rozan el oscurantismo. A tres días de que se iniciara el mes de agosto, el Consejo de Ministros autorizó suscribir una ampliación de capital por 45 millones de euros para entrar en Talgo con un 7,9 % de sus acciones. La operación realizada con el máximo de los sigilos —«el expediente se ocultó en una carpeta llamada Galgo de acceso restringido»— «fue una exigencia del PNV», según apunta fuentes próximas. «Además, se ha encargado a uno de los mejores despachos españoles un informe que justifique la compra de acciones a 4,25 euros (cuando en esta última semana la acción rondó los 2,82 €) por encima del actual precio del mercado, porque será el valor en un espacio temporal razonable, algo incomprensible».

Otro de los movimientos en la sombra sería ultimar la adquisición de una importante empresa de ciberseguridad, «aunque nadie entiende cuál es la estrategia actual que supone un fortísimo endeudamiento para la SEPI» cuando cerró 2024 con unas pérdidas de 501 millones de euros después de tres años consecutivos de obtener beneficios.

Sin transparencia y con carácter reservado

Una de las primeras medidas de Gualda cuando desembarcó en la SEPI desde Navantia fue la eliminación de la unidad de control para los rescates y una de las últimas eludir una resolución de Transparencia para no contar los detalles del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), aprobado por Real Decreto en julio de 2020, destinado a empresas españolas en riesgo de quiebra tras la pandemia del covid-19.

El fondo dotado de 10.000 millones de euros se inauguró con el polémico rescate, en tiempo récord, de Air Europa (475 millones de euros), sin que el organismo público tuviera presidente por la renuncia de Vicente Fernández Guerrero, en octubre de 2019, tras ser imputado en el caso Aznalcóllar, y bajo las presiones de la trama corrupta en el núcleo del PSOE —«Air Europa es el primer punto de Hacienda», comentaba Koldo García a Víctor de Aldama—, que recoge el último informe de la UCO. Otro rescate conflictivo fue a Plus Ultra (53 millones), del que Gualda se libró de comparecer en el Congreso por el bloqueo de los socios de Gobierno en la Comisión de Hacienda para explicar cuáles fueron los criterios para rescatar a una aerolínea venezolana que tenía cuatro aviones de alquiler y tan sólo uno operativo, y cuyo expediente se investigó y archivó en el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid.

A su vez, la Audiencia Nacional ha interpelado a la SEPI para que aporte las condiciones del rescate de 320 millones que recibió Ávoris, la división de viajes del Grupo Barceló, por su interés público y porque no se concreta «cuáles son los daños y perjuicio que podrían originarse con la entrega de la información». El fallo ha sido recurrido por la sociedad estatal alegando que los datos, documentos e informaciones relativas a estas operaciones tienen carácter reservado. Esa es la tónica general de la SEPI: apelar a que el fondo tiene un «régimen específico de acceso» para preservar la confidencialidad de los expedientes amparándose en una de las cláusulas que «establece expresamente el carácter reservado de la información». Y «ni siquiera aportan los informes técnicos a los jueces. Algo absolutamente inédito», recalcan.

La SEPI durante el Ejecutivo de Sánchez

Cuando Sánchez llegó al poder tras la moción de censura, el Grupo SEPI participaba al 100 % en Correos, Navantia, Agencia EFE, Hunosa, Mayasa, Sepides y Cofivacasa, además de estar presentes en el Hipódromo de la Zarzuela (95,78 %), Alycesa (91,96 %), Saeca (80 %), Cetarsa (79,18 %), Ensa (78,75%), Enusa (60 %), Tragsa y Mercasa (ambas con el 51 %) y tener participaciones en Red Eléctrica Corporación (20 %), Indra (18,71 %), Ebro Foods (10,36 %), Enagás (5 %), Airbus Group (4,16 %) e IAG (2,52 %), así como en Corporación RTVE (100 %), Aletis Aeroespace (24,05 %), Enresa (20 %) e Hispasat (7,41 %).

En los inicios de su mandato no hubo grandes cambios en las empresas participadas, hasta la incorporación de Belén Gualda a la presidencia. Fue cuando se adquirió a Duro Felguera (rescatada con 120 millones de euros y con una causa abierta en el Juzgado Mercantil número 3 de Gijón) el 40 % de Epicom, «empresa estratégica para la Seguridad Nacional». Y, en febrero de 2022, se aprobó en el Consejo de Ministros a propuesta de María Jesús Montero, el incremento hasta el 28% del capital social en Indra Sistemas.

Tras siete años, la intervención empresarial del Gobierno de Sánchez ha puesto en riesgo la viabilidad financiera de la SEPI

A partir de que Sánchez fue investido de nuevo presidente, en noviembre de 2023, por una coalición de siete partidos, con los siete votos indispensables de Junts, su objetivo fue «colonizar el poder económico a través de la SEPI, que se inició con un nuevo marco en el que se impuso un muro aún más opaco sobre las actividades de la compañía», explican fuentes de la sociedad. Sin ningún debate previo, después de pasar poco más de un mes de su investidura, el Consejo de Ministros acordó ordenar a la SEPI que llevase a cabo la compra de hasta un 10 % del capital social de Telefónica, que finalizó en mayo de 2024. Se adquirió un total de 567.016.155 acciones por 2.291.805 miles de euros. Con este asalto, el Gobierno impuso a inicios de 2025 el relevo de la presidencia de José María Álvarez-Pallete por Marc Murtra (desde 2021 en Indra), un hombre de Santiago Illa y del PSC para realizar un giro político en la dirección de la operadora.

Listado de las empresas participadas de la SEPI incluido en las cuentas anuales del ejercicio 2024

Obsesión con las filtraciones

Gualda está obsesionada con las filtraciones. «Se mantiene en silencio en los consejos de administración limitándose a escuchar. Hasta prohíbe la entrada de móviles». Desde hace un tiempo, el Grupo SEPI utiliza el programa de seguridad CARLA, la solución del Centro Criptológico Nacional —adscrito al CNI— para evitar fuga de datos o brechas en la red que puedan suponer una exfiltración. «Así se controla quien entra en cada expediente y establece distintos niveles de restricción».

Este mismo verano se ha vuelto a licitar desde Presidencia el «servicio de soporte y consultoría de la solución de trazabilidad CARLA», por un valor estimado de 88.395 euros, que está pendiente de adjudicación. «Se impuso por parte del actual jefe de seguridad de la SEPI, Luis Miguel Fernández Aparicio, un amigo íntimo de Pedro Sánchez con el que jugaba al baloncesto, y que antes era Policía Local».

Las únicas comparecencias de Gualda, en octubre de 2021 y de 2022, han sido en la Comisión de Presupuestos para informar sobre temas relativos al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022 y 2023, respectivamente. Desde hace casi tres años no rinde cuentas de un organismo público que emplea a más de 87.000 personas. Sin presupuestos a la vista del Ejecutivo de Sánchez y su vicepresidenta Montero, Gualda podría eludir su responsabilidad, sino se hubiera aprobado este mes de mayo en el pleno del Congreso, a propuesta del PP con el apoyo de Podemos, ERC y Junts, la solicitud de una auditoría independiente tanto del grupo como del fondo de rescate, y que Gualda comparezca anualmente en la Comisión de Hacienda y Función Pública.

Tras siete años, la intervención empresarial del Gobierno de Sánchez ha puesto en riesgo la viabilidad financiera de la sociedad estatal.

El endeudamiento de la SEPI a 31 de diciembre de 2024 asciende a 3.509.999 miles de euros, a pesar de percibir unos ingresos de 6.355 millones. Los motivos han sido el impacto de los ajustes de Navantia, con 197 millones en números rojos y una deuda con el Estado en préstamos participativos que asciende a 2.049.910 miles de euros; y la pésima gestión de Correos bajo la dirección de otro amigo íntimo de Sánchez, Juan Manuel Serrano, que arrastra un agujero contable estimado en 1.200 millones. En su nuevo plan estratégico, con un acuerdo firmado junto a los sindicatos, incluye una provisión de fondos para rejuvenecer la plantilla a costa de jubilaciones anticipadas. «Se provee que unas 3.000 personas se vayan con una indemnización de 45 días por año trabajado, para luego incorporar 4.000 plazas. Un auténtico despropósito».