Los argumentos del PP contra la ley de nietos: más voto exterior del PSOE y nacionalizar a descendientes de emigrantes del XIX

El PP ha presentado una ofensiva parlamentaria contra el Gobierno de Pedro Sánchez por la ley de nietos, que pretende nacionalizar a 2,6 millones de extranjeros descendientes de españoles. Según explicaron fuentes del partido, buscan «exigir transparencia y todo tipo de garantías jurídicas y políticas sobre el mayor proceso de nacionalización que pretende realizar el Gobierno en toda la historia», y también «garantizar el cumplimiento de la ley y ofrecer a todos los ciudadanos unos servicios públicos de calidad».

Esta norma tiene su origen en la Ley de Memoria Democrática, que el PP votó en contra y que el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido a derogar. No obstante, para llevar a cabo esta normativa, que los 'populares' rechazan, el Ejecutivo realizó una instrucción administrativa –firmada por Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes Óscar Puente–, un acto administrativo que –tal y como contó El Debate– extendió el derecho a ser español a toda la emigración española que se efectuara hasta el siglo XIX, y que provoca numerosas dudas legales sobre el proceso de nacionalización.

De hecho, este periódico también reveló, en una información firmada por Isabel Durán, que «la instrucción que la directora general Sofía Puente firmó en octubre de 2022 admite que, cuando no consta la inscripción civil del antepasado, baste la fe de bautismo del archivo parroquial acompañada de una certificación de que el Registro Civil no la recoge», así que «para un antepasado del siglo XIX esa ausencia civil es la norma, porque el registro no existía».

De esta forma, la noticia de este diario puso de manifiesto que «el documento que abre la puerta a la nacionalidad procede entonces de un fondo que el propio Estado sabe destruido, y que ningún consulado contrasta». Además, el acto administrativo se llevó a cabo cuando las Cortes españolas habían rechazado ese mismo mes extender la nacionalidad a todos los hijos de emigrados.

Así las cosas, el PP defiende, desde el año 2007, dar la nacionalidad a los nietos de españoles que abandonaron nuestro país durante la dictadura de Francisco Franco; ya fuera por razones políticas o de otro tipo. No obstante, se oponen a la manera en la que el Ejecutivo de Sánchez ha elaborado la ley de nietos, sin filtros, rebajando las exigencias legales, con criterios opacos y en un proceso poco garantista, que entiende que tienen derecho a nacionalidad los descendientes de españoles que emigraron hasta en el siglo XIX, beneficiando a sus actuales tataranietos.

Igualmente, en los 'populares' genera dudas el hecho de que en las últimas cuatro elecciones autonómicas el voto desde el extranjero –conocido como CERA por sus siglas (censo de los electores residentes ausentes)– haya favorecido mayormente al PSOE. Por ello, Feijóo, aunque evitó el pasado martes hablar de «pucherazo» con la ley de nietos, denunció «un proceso de ingeniería electoral». Por ejemplo, en los comicios de Extremadura de 2025, en las urnas el PP cosechó el 43,2 % de los votos y el PSOE el 25,6 %, cuando en el PSOE, en el voto CERA, ganaron los socialistas con cerca del 35 % y el PP tan solo logró el 27,6 %. En este contexto, para el PP, nacionalizar a 2,6 millones de personas tiene un impacto electoral evidente.

El partido con sede en Génova 13 también tiene reservas sobre el hecho de que, tal y como señaló El Debate, sea Ineco, la empresa pública que enchufó a Jésica Rodríguez, la elegida para la nacionalización masiva de la ley de nietos en Argentina, y que el consulado en La Habana haya contratado a una empresa del régimen comunista para acelerar el asalto al censo de más de 350.000 cubanos. El PP también considera que no genera garantías que sean las empresas postales de los países de origen las que vayan a transportar los votos emitidos, ya que hay diferencias evidentes entre estos Estados.