El desmentido de Exteriores: no somos sus lacayos
Exteriores exige credibilidad plena para una negativa que no acompaña de prueba alguna. El mismo Ministerio que no ha acatado la resolución del Consejo de Transparencia que le obliga a publicar las instrucciones dadas a los consulados para ejecutar la ley de nietos, que no comparece en el Congreso para explicarlas y que dejó sin respuesta durante un mes el cuestionario que El Debate registró en su canal oficial, a invitación expresa del propio ministerio
El control del poder por la prensa no es una concesión que el Gobierno otorgue o retire a discreción. Y no nos van a callar. Por mucho que el Ejecutivo y su francotiradora Brunete mediática lo intenten. A menos que su ingeniería electoral con la ley de nietos les haga permanecer en el poder. Entonces, no peligraría la prensa, lo que zozobraría definitivamente es la democracia en España
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, durante una sesión plenaria en el Congreso
El desmentido llegó este sábado a las 15:02 horas, por WhatsApp y en tres frases. El director de la Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores negaba «tajantemente» que ningún consulado se hubiera resistido a aplicar la ampliación de la nacionalidad de la Ley de Memoria Democrática, defendía la profesionalidad de sus funcionarios y calificaba la información de El Debate de «ataque». No aportaba un solo documento que sostuviera esa negativa. El Debate mantiene su información, confirmada por varias fuentes.
La acusación se vuelve contra quien la formula. La información de El Debate no contiene ningún ataque a los funcionarios. Al contrario: que varios consulados se negaran a aplicar sin más una instrucción que contradecía lo aprobado por las Cortes acredita su profesionalidad y su respeto a la ley, gobierne quien gobierne. Fueron esos funcionarios, y no el Ministerio que ahora invoca su honorabilidad, quienes advirtieron de que la disposición no era conforme a la legalidad y se resistieron a aplicarla.
Un mes de silencio en el canal oficial
La negativa cerró un mes de silencio. El 3 de junio, el propio Antonio Asencio se había dirigido a esta periodista por WhatsApp para ofrecer información sobre la tramitación de los expedientes y remitir una nota de «fuentes de Exteriores» sobre el apoyo externo del Consulado General de Buenos Aires. Ante las preguntas concretas de El Debate, Asencio indicó, a las 12:46 horas, que la vía oficial para cualquier consulta era el correo prensa@maec.es. Siete minutos después, a las 12:53, registré en nombre de El Debate, en ese correo oficial, una batería de preguntas: qué tareas asumiría el apoyo externo, qué controles de calidad y trazabilidad se aplicarían, qué empresas participarían, cuántas de las «más de 2.000 contrataciones» anunciadas por el senador César Mogo corresponden a funcionarios y cuántas a servicios externalizados, y si el ministro pensaba explicar el proceso en el Parlamento. El canal oficial no respondió. Ni ese día ni en las semanas siguientes. La única contestación llegó un mes después. No al correo oficial que el propio Ministerio había señalado como única vía, sino al teléfono con el mini-desmentido sobre una información contrastada y publicada el día anterior.
Cerca de tres años sin cumplir al Consejo de Transparencia
La exigencia de credibilidad resulta difícil de sostener para un ministerio que acumula cerca de tres años sin cumplir una resolución firme del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Ese órgano, creado para garantizar el derecho de acceso a la información pública, ordenó hacer públicas las instrucciones que el Gobierno cursa a los consulados para aplicar la ley de nietos. El Palacio de Santa Cruz sigue sin informar sobre las instrucciones que rigen la concesión de cientos de miles de nacionalidades. Ningún miembro del Gobierno ha comparecido en el Congreso, sede de la soberanía nacional, para explicarlas, pese a los reiterados requerimientos de la oposición para conocer el desarrollo y el ámbito de aplicación de la conocida como ley de nietos.
Lo que el desmentido no niega
El escueto desmentido resulta todavía más revelador por lo que calla. Los hechos que El Debate reveló en exclusiva ponen de manifiesto el cambio de criterio de la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente, que rechazó por escrito ampliar la ley y, cuatro días después, firmó una instrucción que hacía lo contrario. La negativa no dice nada de las dos ocasiones en que, en octubre de 2022, el Parlamento rechazó las enmiendas de Ciudadanos para ampliar el ámbito de la norma. Tampoco responde a por qué la ampliación se hizo mediante una instrucción de una dirección general y no mediante un reglamento del Consejo de Ministros, la vía que un recurso admitido a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en diciembre de 2022 considera la única procedente. Preguntado de nuevo este sábado por todos esos puntos, el responsable de información del Palacio de Santa Cruz responde con un atronador silencio.
El Gobierno responde como lo hace habitualmente: con adjetivos y no con documentos. Pide que se crea su palabra mientras retiene los papeles que permitirían comprobarla. Un desmentido sin prueba, frente a una información sostenida en varias fuentes, no desmonta el relato que dice combatir.
No somos sus lacayos
No es la primera vez. Esta periodista documentó que, meses antes de las elecciones generales de 2023, el mismo Gobierno abrió una peligrosa grieta en el sistema del voto exterior que abría la puerta al fraude en el sistema electoral español. El Ejecutivo lo negó. Sus terminales mediáticas hicieron el resto: difamaron a la autora de las revelaciones periodísticas y se prescindió de su colaboración en la radiotelevisión pública. Cuando el árbitro electoral ratificó la investigación periodística y prohibió los sistemas de identificación digitales en las elecciones andaluzas, ni el Ejecutivo ni su acorazada mediática rectificaron ni pidieron disculpas.
El papel de la prensa como control del poder no depende de la voluntad del Gobierno. El Tribunal Constitucional fijó en su primera doctrina sobre la libertad de información que el artículo 20 de la Constitución garantiza «una comunicación pública libre, sin la cual quedarían vaciados de contenido real otros derechos». Un ejecutivo que oculta durante años lo que un órgano del Estado le ordenó publicar, y que responde a las preguntas con desmentidos sin prueba, erosiona esa comunicación pública libre de la que depende, según el propio Tribunal, el funcionamiento del Estado democrático.
La sociedad española tiene reconocido el derecho constitucional a conocer la verdad. El desmentido enviado por el portavoz del Ministerio de José Manuel Albares pone de nuevo de manifiesto cómo el Gobierno más corrupto de la democracia, que acumula más imputados por causas de corrupción que diputados, maneja las instituciones del Estado como el cortijo particular del presidente del Gobierno. Y cree, como Zapatero con su Julito Martínez Martínez, que todos somos sus lacayos. Está muy, pero que muy equivocado. Y no nos van a callar. Por mucho que su Brunete lo intente. A menos que su ingeniería electoral con la ley de nietos les haga permanecer en el poder. Entonces, no peligraría la prensa, lo que zozobraría definitivamente es la democracia en España.
