Bolaños deniega las medidas «indispensables» de refuerzo solicitadas por el CGPJ y agrava el déficit judicial

Las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Judicial no atraviesan su mejor momento y no sólo por los constantes ataques recibidos por jueces y magistrados desde el Gobierno, abonado al lawfare. La decisión del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de denegar la autorización económica previa de más de sesenta medidas de apoyo y refuerzo solicitadas desde el Conesjo General del Posder Judicial (CGPJ) para los tribunales de toda España ha añadido un ingrediente de tensión extra, es «equivocada» y puede tener «graves consecuencias» no sólo en el día a día de los ciudadanos sino, además, en el avance de las causas de corrupción que salpican al entorno político y personal de Pedro Sánchez.

Y es que, si bien el paquete de propuestas remitidas desde la Comisión Permanente al titular de la cartera, el triministro Félix Bolaños, ha sido despachada por éste como si se tratase de una cuestión menor, tendrá un impacto directo en el funcionamiento de los tribunales, el derecho fundamental de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva y a un proceso sin dilaciones indebidas.

Lejos de contribuir a aliviar la situación, la posición de Bolaños aumentará el déficit estructral de planta y de medios personales que arrastra la Justicia española desde hace años, «incrementando la sobrecarga objetiva» de la mayoría de los juzgados que, en la práctica, se traduce en «miles de asuntos pendientes».

Así las cosas, en el seno de la Comisión Permanente no se oculta el malestar con la decisión gubernamental de anunciar la creación de 500 nuevas plazas judiciales -hecho que confirma las carencias de un sistema que, hoy por hoy, «no dispone hoy de los medios suficientes»- mientras se empeña en «suprimir medidas presentes».

«Las plazas futuras no resuelven el colapso actual, hasta que entren efectivamente en funcionamiento, los refuerzos son imprescindibles», apuntan fuentes consultadas por El Debate.

Una situación que no resuelven las «referencias genéricas a la Ley de Eficiencia». De hecho, instrumentos como el pleito testigo, la extensión de efectos o los mecanismos adecuados de solución de controversias, recientemente impulsados, «no eliminan la necesidad de órganos judiciales suficientemente dotados», señalan las mismas fuentes para las que «utilizar esa reforma como argumento para retirar refuerzos, donde la necesidad está acreditada, supone confundir eficiencia con reducción de capacidad jurisdiccional».

No en vano, buena parte de las medidas afectadas inciden en ámbitos de litigación masiva, de manera que cualquier demora adicional en su aplicación inemdiata «se traducirá en perjuicios directos, especialmente, sobre quienes menos capacidad tienen para soportar años de espera, agravando aún más el problema» de la Justicia española.

La excusa de la dotación presupuestaria

La justificación presupuestaria que ha alegado el Gobierno para rechazar las propuestas del Consejo tampoco resulta ajustada a la realidad. El protocolo de intenciones entre el máximo órgano de representación de los jueces y magistrados y el Ministerio no es un convenio y, por tanto, carece de efectos jurídicos limitativos de la dotación presupuestaria necesaria para aplicar los refuerzos judiciales solicitados.

Según ha podido confirmar este diario, «no es pues alegable» la falta de renovación de los Presupuestos Generales del Estado, que Pedro Sánchez lleva sin presentar durante los últimos cuatro años, como motivo para denegar la financiación de los refuerzos acordados por la Comisión Permanente del CGPJ.

Prueba de ello, es que según los datos oficiales disponibles, durante los ejercicios 2019 hasta 2023 fueron ampliamente superados los 8 millones de euros dedicados, atendiendo a las necesidades reales de los órganos jurisdiccionales. Es en los ejercicios 2024 y 2025 donde el Ministerio ha reducido drásticamente las partidas destinadas a los refuerzos, denegando unos sí o otros no, sin atender al criterio y valoración que solo compete a la Comisión Permanente del CGPJ.

«Desde 2019 el déficit estructural ha aumentado, mantener un marco presupuestario insuficiente y después invocarlo para denegar medidas indispensables equivale a convertir la insuficiencia presupuestaria en una excusa permanente», denuncian los críticos a El Debate.

La denegación es aún más grave, si cabe, en pleno despliegue de los Tribunales de Instancia y de la reforma introducida por la LO 1/2025, ampliamente celebrada por Bolaños, cuando se exige una planificación ordenada y realista. «La Justicia no puede hacerse depender de decisiones presupuestarias desfasadas y desconectadas de la realidad de los tribunales», apuntan desde diferentes entidades profesionales de la Magistratura.

Un problema que, además, ha puesto de relieve la «disfunción institucional» que existe entre el Poder Judicial y el actual Ejecutivo, pues «medidas técnicamente justificadas por los máximos órganos de respresntación de jueces y magistrados pueden quedar neutralizadas por una decisión ejecutiva basada en la mera excusa de la disponibilidad presupuestaria».

De tal manera que son, cada vez más, las voces que piden al Gobierno abrir una reforma seria para que el CGPJ disponga de capacidad efectiva, con dotación suficiente, estable y transparente, que le permita acordar y ejecutar, en cada momento, los refuerzos necesarios.