Juanma Serrano, exjefe de Gabinete de Sánchez y presidente de Correos
Ya son legión
La imputación del expresidente de Correos conecta varias tramas de la cloaca socialista
La operación más ruinosa de la compañía fue la firma de un contrato opaco con una aerolínea rescatada, apadrinado por la SEPI y del que ni Serrano ni su sucesor han querido hablar nunca
Otro ex alto cargo de Pedro Sánchez imputado. Otra aerolínea rescatada con dinero público. Otro contrato a dedo, sin concurso público ni publicidad. Otra vez, la SEPI. Otra vez, las tramas de corrupción en el PSOE acaban conectadas en una línea de puntos que la UCO y la UDEF van uniendo.
La imputación del que fuera presidente de Correos entre los años 2018 y 2023, Juan Manuel Serrano, por fabricar un puesto directivo para Leire Díez y desviar 270.000 euros de la empresa pública para financiar la cloaca del PSOE conduce a otro rescate millonario de una aerolínea: Iberojet, entonces llamada Evelop. O lo que es lo mismo, Avoris Corporación Empresarial, entonces propiedad del Grupo Barceló (tenía el 50,55 % del capital social) y de Globalia (49,45 % restante). Esta última, a su vez, matriz de Air Europa.
El 16 de marzo de 2021, el Consejo de Ministros procedió a autorizar el rescate de Avoris con 320 millones de euros, tras los de Plus Ultra (53 millones) y Air Europa (475 millones). Una cuantía repartida en un préstamo participativo de 163,2 millones y uno ordinario de 156,8 millones. Nueve meses después, el 15 de diciembre de ese año, Correos suscribió un contrato sin concurso ni publicidad con la compañía aérea que acabó resultando una ruina para la empresa pública.
El proyecto era una apuesta de Serrano, se llamó Correos Cargo y entró en funcionamiento a comienzos de 2022. Se trataba de un nuevo servicio de transporte aéreo de paquetería y mercancías que tanto Correos como la SEPI vendieron como la fórmula del éxito para «ser referente en el eje logístico Latinoamérica-Europa-Asia, dando respuesta así al incremento de la paquetería experimentado gracias al auge del comercio electrónico».
Para eludir los rigores y controles de la Ley de Contratos del Sector Público, al acuerdo se le dio forma de un contrato piloto. Una figura cuyo régimen jurídico «queda sujeto al derecho privado y a la libertad de pacto de las partes, siempre que no sean contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico y a los principios de buena administración», según explicó el Gobierno en su día a preguntas de la oposición. A pesar de que las cláusulas eran secretas, El Debate las publicó en exclusiva el 25 de julio de 2024. Si había beneficios, se repartían entre Correos y Globalia. Si había pérdidas, solo la empresa pública cargaba con ellas. «Si los resultados del ejercicio son negativos serán asumidos íntegramente por Correos», según el documento.
El experimento no duró ni un año. Fue un fracaso estrepitoso y un pozo de pérdidas para Correos, que corrió con los gastos de acondicionar dos Airbus A330-200 inicialmente destinados al transporte de pasajeros a aquel tipo de carga. Y, tras el bluf, también con los gastos de reacondicionarlos para el pasaje. La oposición calculó las pérdidas en 25 millones de euros, aunque Correos nunca dio una cifra, a pesar de que el PP y Vox preguntaron por ello insistentemente en las Cortes. Preguntaron en la etapa de Serrano y también en la de su sucesor en la Presidencia, Pedro Saura, que se desentendió al no tratarse de un proyecto suyo. Tampoco dio una cifra la SEPI ni, por elevación, el Ministerio de Hacienda de la exvicepresidenta María Jesús Montero.
Entonces era el director de Participadas de la SEPI José Ángel Partearroyo, responsable del seguimiento de los rescates a las aerolíneas. Este compareció el pasado 12 de mayo en la comisión de investigación del Senado y allí declaró sobre Correos Cargo: «Lo que nosotros, en SEPI, hicimos con Correos Cargo fue autorizar en el comité de dirección una nueva línea de negocio, que era un proyecto piloto (…). Que se ejecute o cómo se ejecute esa línea de negocio es un problema del que la ejecuta».
Cinco días antes de las elecciones generales, el 18 de julio de 2023, Correos presentó una demanda contra Evelop en el Juzgado de Primera Instancia número 54 de Madrid, por incumplimiento de contrato. La fecha no es casual: los socialistas creían que iban a ser desalojados del poder en aquellos comicios, y Serrano trató de cubrirse las espaldas in extremis. Evelop contestó con otra demanda. El litigio continúa: la primera exige a la segunda unos 34 millones; la segunda exige a la primera casi 23.
