La condena al hermano de Sánchez: en qué consiste el delito de prevaricación

La Audiencia de Badajoz ha condenado a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación. El tribunal considera probado que existió un plan coordinado para beneficiarle mediante una plaza en la Diputación de Badajoz hecha totalmente a su medida.

Junto a él, el socialista Miguel Ángel Gallardo ha sido condenado a 18 años de inhabilitación como pieza central de la operación. El caso, que comenzó a raíz de las investigaciones periodísticas de El Debate, sitúa el foco sobre un delito administrativo con gravísimas consecuencias políticas y personales.

Para comprender la gravedad de los hechos, es necesario aclarar en qué consiste exactamente la prevaricación. Este delito se produce cuando una autoridad o un funcionario público dicta, en un asunto administrativo, una resolución arbitraria, contraria al Derecho, sabiendo que es injusta.

No basta, por tanto, con una simple equivocación, una irregularidad administrativa o una interpretación jurídica discutible. Es necesario que la decisión carezca de una justificación razonable y que el responsable actúe conscientemente al margen de la legalidad, imponiendo su voluntad particular. En este caso, según ha determinado la resolución judicial, la tramitación se dirigió a dotar de apariencia legal a una decisión que ya había sido adoptada de antemano.

La justificación oficial para crear el puesto no respondía a las necesidades reales de los conservatorios, cuyos directores nunca habían solicitado esa figura. De hecho, uno de ellos llegó a calificar por escrito de «disparate» una organización que convertiría a los centros de Badajoz en los únicos del mundo con semejante estructura.

Un proceso de selección amañado

La sentencia reconstruye además un proceso de selección completamente amañado. Los magistrados resaltan que semanas antes de publicarse la convocatoria ya se daba por hecho en la Diputación quién sería el adjudicatario, refiriéndose de antemano a David Sánchez con el alias de «el hermanísimo».

Para asegurar su contratación, la comisión fijó los criterios de valoración una vez que conoció a los candidatos, otorgando mayor puntuación a los requisitos específicos que sabían que él cumplía.

La participación de Gallardo fue clave: estuvo en el origen de la plaza, validó el cronograma del concurso antes de su publicación respondiendo con un «Estupendo» y firmó la contratación de David Sánchez, con quien mantenía una relación próxima de comidas y reuniones.

La Audiencia afirma que, desde su contratación, David Sánchez apenas acudió a su puesto de trabajo, que los contactos con los directores eran esporádicos y que solo dirigió cinco conciertos en todos esos años. Los informes de su actividad ni siquiera constaban archivados cuando los reclamó el juez.

Golpe judicial sin pena de cárcel

Dado que la prevaricación es un delito que no lleva aparejada violencia, la condena no se traduce en una pena de cárcel, sino en la inhabilitación especial. Esto significa que David Sánchez queda privado de su empleo actual y no podrá trabajar para ninguna administración pública ni ocupar cargos de este tipo durante los próximos nueve años.

Aunque la sentencia aún es susceptible de recurso, representa un durísimo golpe judicial que impacta de lleno en el entorno familiar del presidente del Gobierno.