Iustitia Europa lleva al Supremo la ampliación del censo exterior por la ley de nietos y reclama medidas cautelares

La polémica por la ampliación del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) al amparo de la Ley de Memoria Democrática ha dado un nuevo paso en los tribunales, después de que Iustitia Europa haya presentado un recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo contra el acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) que rechazó revisar las altas derivadas de la conocida como ley de nietos y ha solicitado la adopción de medidas cautelares para suspender provisionalmente esas incorporaciones mientras se resuelve el procedimiento.

La formación política, que asegura haber sido la primera en denunciar ante la JEC la «falta de control y trazabilidad» de las nuevas inscripciones en el censo exterior, se convierte ahora también en la primera en llevar el asunto ante el alto tribunal. En su recurso impugna el Acuerdo 204/2026 de la JEC, aprobado el pasado 16 de julio, por el que el órgano electoral se declaró incompetente para fiscalizar las incorporaciones al censo vinculadas a la Ley de Memoria Democrática.

Según sostiene Iustitia Europa, la Junta Electoral Central incurrió en una «dejación de funciones» al renunciar a ejercer el control sobre unas altas que, a su juicio, podrían haberse visto alteradas por la aplicación de la Instrucción de 25 de octubre de 2022 de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que desarrolló la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática.

Suspensión provisional y auditoría del censo

Junto al recurso, la formación ha solicitado la apertura de una pieza separada de medidas cautelares en la que pide al Tribunal Supremo que suspenda provisionalmente las incorporaciones al CERA vinculadas a dicha instrucción y ordene una auditoría de esos expedientes.

En concreto, reclama que se paralicen las altas automáticas que se hayan basado únicamente en presunciones y carezcan de una acreditación documental individualizada del exilio de los ascendientes. De forma subsidiaria, solicita que la Oficina del Censo Electoral identifique y mantenga separadas esas inscripciones en sus bases de datos para garantizar su trazabilidad y permitir una eventual depuración si el Supremo acaba estimando el recurso.

Iustitia Europa fundamenta su petición en el incremento experimentado por el censo exterior durante el último año. Según recoge el recurso, la población española residente en el extranjero aumentó en 156.036 personas, un crecimiento que atribuye, al menos en parte, a la aplicación de la denominada ley de nietos y de la instrucción dictada posteriormente por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

El recurso también pone el foco en la división interna existente en la propia Junta Electoral Central, donde cuatro de sus vocales, entre ellos dos magistrados del Tribunal Supremo, emitieron un voto particular en el que defendían que el órgano electoral tenía la «obligación inexcusable» de impedir que el censo pudiera ampliarse «contra legem», al advertir de los posibles «efectos irreversibles» que podría provocar una eventual incorporación irregular de nuevos electores.

Frente a esa posición, la mayoría de la JEC consideró que excedía de sus competencias pronunciarse sobre los requisitos para la concesión de la nacionalidad española y sobre el procedimiento seguido para su tramitación. En su acuerdo del pasado 16 de julio, el órgano se limitó a ordenar a la Oficina del Censo Electoral la elaboración de una instrucción dirigida a los consulados para unificar los criterios de asignación del municipio de inscripción de los nuevos electores.