Unos radicales separatistas queman una bandera de España en Eibar, acosando a los aficionados de la selección
Las agresiones a aficionados de España durante la final del Mundial desatan una guerra entre Interior y el Gobierno vasco
El detonante ha sido la detención, por parte de la Policía Nacional, de dos hombres de 29 años en Bilbao como presuntos autores de la agresión a un joven que vestía la camiseta de España
La investigación de las agresiones sufridas por varios aficionados que lucían la camiseta de la selección española durante la final del Mundial, que enfrentó a España y Argentina, ha abierto un nuevo frente entre el Gobierno central y el Ejecutivo vasco, que discrepan sobre quién debía asumir las detenciones practicadas esta semana y sobre el reparto competencial en materia de seguridad.
El detonante ha sido la detención, por parte de la Policía Nacional, de dos hombres de 29 años en Bilbao como presuntos autores de la agresión a un joven que vestía la camiseta de España. Ambos están investigados por un presunto delito de odio, además de lesiones y desórdenes públicos. Sin embargo, la operación no ha sido bien recibida por el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, que considera que el Cuerpo Nacional de Policía actuó fuera del ámbito competencial que le corresponde.
El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha denunciado que la Policía Nacional fue «más allá de sus funciones» al practicar los arrestos, pese a que las denuncias hubieran sido presentadas ante ese cuerpo. A su juicio, el reparto de competencias fijado tras el Estatuto de Gernika y desarrollado mediante los acuerdos alcanzados a finales de los años ochenta atribuye a la Ertzaintza la investigación de este tipo de hechos, por lo que entiende que la actuación del cuerpo estatal invade un ámbito reservado a la Policía autonómica.
Frente a esa interpretación, la delegada del Gobierno en el País Vasco, Marisol Garmendia, defendió que la actuación policial se ajustó plenamente a la legalidad y recordó que la investigación comenzó tras la denuncia presentada por la propia víctima ante la Policía Nacional. Según explicó, al tratarse de un presunto delito de odio, la competencia no corresponde de forma exclusiva a la Ertzaintza, por lo que los agentes actuaron dentro de las facultades que les reconoce el ordenamiento jurídico.
Todo ello se produce, además, en un momento especialmente delicado para la Ertzaintza, donde, apenas unas horas antes de estallar esta controversia, el Gobierno vasco anunció una profunda remodelación de la cúpula policial con el cese de su directora, Victoria Landa, y el nombramiento del exdirigente del PNV Aitor Landa como nuevo responsable político del cuerpo, junto al relevo del histórico Josu Bujanda por Alfonso Garaikoetxea al frente de la jefatura operativa.
