España ante la traición en Ceuta
Si el mecanismo contra la traición y contra la seguridad del Estado perpetrado por este Gobierno no se activa, el verdadero traicionado seguirá siendo el pueblo español
Desde la Antigüedad, los actos de traición han sido considerados los más graves. Por ello, no es casualidad que Dante, en la Divina Comedia, reservara el último y más profundo círculo del Infierno para los traidores. Para el poeta florentino no existía pecado más infame que traicionar la confianza, la patria o los principios que se juran defender.
Esta concepción ha perdurado durante la historia. Basta recordar el caso de Manuel Godoy, apresado tras el Motín de Aranjuez de 1808 por, entre otras razones, considerársele responsable de haber comprometido los intereses de la Monarquía mediante su política respecto a la Francia napoleónica, decisiva para la invasión francesa. Aunque nunca fue condenado, su caso refleja la gravedad con la que históricamente se han juzgado las conductas contrarias a los intereses nacionales.
Desde Vox hacemos oposición a Sánchez en los parlamentos, los tribunales, las calles y los gobiernos regionales donde estamos presentes. Lo hacemos denunciando la corrupción que rodea al entorno político y personal de Pedro Sánchez, las cesiones permanentes al separatismo y a los herederos de ETA, el destrozo de nuestras instituciones y el uso ilegal del poder para garantizar, mediante la «Ley de Nietos», su permanencia en La Moncloa. Sánchez, además, es el cabecilla de un bloque político-ideológico que desarrolla dos procesos paralelos de disolución en perfecta simbiosis, que son la desintegración social impulsada por la izquierda y la destrucción por etapas de la unidad nacional que promueven los separatistas.
La invasión de Ceuta supone ahora un salto cualitativo. Ya no hablamos solo de decisiones políticas ilegales o delictivas. Hablamos de unos hechos que, por su gravedad, afectan directamente a la soberanía, a la integridad territorial y a la seguridad del Estado.
Esta invasión de Ceuta por más de sesenta mil personas ha venido acompañada de informaciones extremadamente preocupantes. Se ha publicado que el Centro Nacional de Inteligencia advirtió del riesgo de una entrada masiva y que el Gobierno disponía de información para preverla. También hemos conocido el cese de una responsable del Departamento de Seguridad Nacional tras difundirse datos sobre la magnitud de la entrada. Al mismo tiempo, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad investigan la presencia entre los invasores de personas vinculadas al terrorismo yihadista.
El Gobierno ofrece una versión de los hechos; otras informaciones apuntan en sentido completamente dispar. Esa contradicción no puede resolverse con una rueda de prensa, sino con una investigación judicial profunda.
Precisamente para situaciones de excepcional gravedad se contempló el artículo 102.2 de la Constitución. Es el mecanismo previsto para exigir la responsabilidad penal del Gobierno cuando los hechos puedan constituir delitos de traición o contra la seguridad del Estado. El constituyente reservó este procedimiento para los ataques más graves contra los intereses esenciales de España.
La cuestión jurídica no consiste en cómo denomine el Código Penal una conducta, sino si, desde un punto de vista material, los hechos han lesionado la soberanía, la independencia nacional o la seguridad del Estado. Este criterio resulta especialmente relevante porque el vigente Código Penal ni siquiera contiene un título o capítulo denominado expresamente «delitos contra la seguridad del Estado». La calificación debe hacerse atendiendo al bien jurídico protegido y no únicamente a la denominación del delito.
En este contexto cobran especial importancia varios preceptos del Título XXIII del Código Penal. Por ejemplo, cuando se castiga a quien, actuando en España al servicio o en ejecución de decisiones de un Gobierno extranjero, realice actos que perjudiquen la independencia del Estado, su seguridad o el cumplimiento de sus leyes. Por su parte, también, cuando se sancionan las relaciones con gobiernos extranjeros o con sus agentes cuando tengan por finalidad perjudicar la autoridad del Estado o comprometer la dignidad y los intereses vitales de España. Estos y otros preceptos protegen aquello que constituye la primera obligación de cualquier Gobierno, que es preservar la soberanía nacional y la seguridad del Estado.
Precisamente porque la activación de este mecanismo constitucional tiene una enorme trascendencia institucional, la Constitución establece importantes garantías. La iniciativa no puede partir de cualquier diputado, sino que debe ser promovida por una cuarta parte de los miembros del Congreso (actualmente 88 diputados) y obtener posteriormente el respaldo de la mayoría absoluta de la Cámara (176 diputados). Además, el Reglamento del Congreso dispone que el debate se celebre en sesión secreta y la votación sea secreta por urna, para garantizar la libertad de los diputados y evitar presiones políticas. Solo una vez concluido este procedimiento puede intervenir la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
La pregunta es sencilla. Sabemos que el Gobierno no quiere que este mecanismo se active. Pero ¿qué temen los diputados de las demás formaciones políticas? ¿Por qué impedir que el Tribunal Supremo investigue? ¿Por qué bloquear el único procedimiento que la Constitución prevé para esclarecer unos hechos de esta naturaleza?
Desde Vox pedimos únicamente que la Constitución se cumpla para que la nación, que es anterior y superior a ella misma, se proteja. Que el Congreso deje de actuar como un muro de protección del Gobierno y permita que el Tribunal Supremo haga su trabajo. El artículo 102 no fue incorporado al texto constitucional para permanecer ignorado. Fue concebido precisamente para aquellos supuestos en los que pudieran ponerse en riesgo los intereses más esenciales de España. Y este, como todos sabemos, lo es.
Los españoles lo merecen. España no se debilita porque el Gobierno responda ante la Justicia cuando existen unos hechos de extraordinaria gravedad. Se doblega cuando el poder utiliza su mayoría parlamentaria para impedir que la Justicia pueda siquiera investigar al Gobierno. Y, si la Constitución prevé un mecanismo precisamente contra esa impunidad, y para asegurar la supervivencia de la nación, tenemos la obligación de exigir que se aplique. Porque si el mecanismo contra la traición y contra la seguridad del Estado perpetrado por este Gobierno no se activa, el verdadero traicionado seguirá siendo el pueblo español.
