Albares y Sánchez: son tramposos hasta en los desmentidos

La Asociación de Diplomáticos Españoles publicó ayer en sus redes que ha llegado la hora de que las instituciones del Estado, los medios de comunicación y la ciudadanía presten más atención al estado y al funcionamiento del Servicio Exterior español, que tras «décadas de desatención rayana a la desidia» no puede estar a la altura de lo que se le exige. Lo hacía al hilo de la crónica de este periódico sobre por qué es hora de cambiar cómo viaja el voto exterior. Habla del servicio, no de este periódico, y esa es justamente la conversación que el desmentido del ministro de Exteriores pretendió cerrar.

Mientras tanto, el destino en el exterior funciona como moneda. El Boletín del 10 de agosto adjudicó puestos en Washington, Ginebra, Panamá y Bruselas a altos cargos de la Agencia Tributaria que no ordenaron investigar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ni a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, tal y como reveló El Debate. Los puestos en el exterior, que deberían ser servicio y no premio, se han convertido en una pieza más del reparto.

Ese es el fondo del asunto, y es el que el ministro de Asuntos Exteriores lleva semanas esquivando. Cuando este periódico contó cómo trabajan de verdad los consulados que aplican la ley de nietos, la respuesta de su departamento no fue un documento. Fue un desmentido enviado por WhatsApp.

La añagaza está en manipular lo que se desmiente

Un desmentido se mide por lo que niega. El que el director de la Oficina de Información Diplomática remitió a esta periodista, sin adjuntar un solo papel, niega esto: «El Ministerio de Asuntos Exteriores desmiente tajantemente que ningún consulado se opusiera o resistiera a aplicar la Ley de Memoria Democrática».

La Ley de Memoria Democrática. Ahí está la trampa. El Debate no ha publicado jamás que un consulado se opusiera a aplicar la Ley 20/2022. Lo que publicó, contrastado con varias fuentes consulares, es que hubo consulados que pidieron aclaraciones por escrito y se resistieron a aplicar la instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública firmada por Sofía Puente Santiago. Dos textos distintos con dos autores distintos y dos rangos legales distintos. El desmentido sustituye uno por otro y con ese cambio de hechos niega algo que nadie había afirmado, deja intacto lo que sí se afirmó y, de paso, lo reviste de agravio a los funcionarios. El mismo método que utilizó el Gobierno con las maniobras del DNI digital para votar descubiertas por este periódico que revelaron una grieta sin precedentes en el sistema electoral introducida por propio el Ejecutivo de Sánchez.

Las mentiras tienen las patas muy cortas y la acusación se vuelve contra quien la formula. Que varios consulados se negaran a aplicar sin más una directriz que iba más allá de lo aprobado por las Cortes acredita su profesionalidad. Es más, tras el desmentido del portavoz de Albares y la serie de denuncias publicadas por El Debate, el sindicato mayoritario entre los funcionarios consulares, CSIF, advirtió a la Junta Electoral Central de que la elección de la circunscripción no puede quedar, como está ahora, en manos del «cónsul de turno». Es decir, son los propios empleados públicos que tramitan los expedientes en las ventanillas, los que aplican las instrucciones, los que temen que mañana se les exijan responsabilidades por haber obedecido órdenes de dudosa legalidad. La Junta encomendó a la Oficina del Censo Electoral una instrucción con criterios escritos de arraigo. Y por otra vía, la del recurso de Iustitia Europa, el Tribunal Supremo ve el 7 de septiembre las medidas cautelares sobre el mismo censo

Lo que separa la ley de la instrucción

Las órdenes que recibieron los funcionarios consulares contradecían lo que habían aprobado las Cortes. Las firmaba una directora general. Esa es la diferencia que el desmentido borra. Un funcionario del Registro Civil consular que recibe una directriz que va más allá del texto aprobado por las Cortes y pide instrucciones por escrito no se está resistiendo a una ley está haciendo su trabajo con el rigor que la ley le exige. El ministro que hoy invoca la honorabilidad de sus funcionarios dirige el departamento que los dejó solos ante esa contradicción, sin una sola aclaración por escrito.

El desmentido resulta revelador por lo que calla: no niega que el criterio de la directora general cambiara por escrito en cuestión de días, como también publicó este periódico. Tampoco que el ministerio de José Manuel Albares desobedece desde hace tres años la resolución R CTBG 2023-0549, de 7 de julio de 2023, del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que le ordenó entregar en diez días hábiles las pautas interpretativas y las instrucciones cursadas a los consulados sobre las solicitudes de nacionalización. El canal oficial que el propio ministerio señaló a quien esto escribe como única vía oficial sigue sin respuestas a las preguntas que El Debate registró en él, a invitación expresa del propio ministerio.

Ceuta, o el mismo método a mayor escala

No hay que ir muy lejos para ver cómo funciona este ministro cuando le preguntan por una gestión suya. El 3 de agosto, en La Hora de La 1, Albares explicó la entrada masiva por Ceuta con dos ideas: que hubo «una actividad inusual en redes sociales que amplifica y deforma la sentencia del Supremo» y que se produjo «una sincronización de la internacional reaccionaria, que salió a difundir bulos». Preguntado por si los servicios de inteligencia fallaron en la detección previa, esquivó la respuesta. Preguntado por la responsabilidad de Marruecos, elogió su colaboración. La culpa quedaba fuera de España, fuera del país que consintió el asalto y fuera del Gobierno.

Este martes viajó a Ceuta y lo presentó como la primera visita de un ministro de Exteriores español a la ciudad en su historia. Convendría preguntarse por qué ningún titular de la política exterior española ha ido antes. Ceuta es una ciudad más del territorio nacional y lo que allí ocurre es asunto interior: frontera, orden público, defensa y sanidad. Que quien vaya a dar la cara sea el titular de Asuntos Exteriores traslada al mundo justo el mensaje que Rabat lleva décadas buscando, el de un contencioso entre dos Estados sobre un territorio negociable. Allí fijó tres líneas de trabajo, una de ellas combatir la desinformación con un espacio en la web de su departamento dedicado a desmentir bulos, y de Marruecos dijo que «su voluntad contrastada permitió que miles de personas regresaran».

Mientras Albares le hacía el caldo gordo a Marruecos, la ministra que sí tiene competencia directa sobre la ciudad sigue vacacionando. Sin aparecer. La sanidad de Ceuta no la gestiona ninguna comunidad autónoma: la gestiona el Ministerio de Sanidad a través del INGESA. El Colegio Oficial de Médicos le pidió por carta, el 7 de agosto, su desplazamiento urgente ante lo que llama una catástrofe asistencial. Ayer el ministro Torres elevó a 80.000 la cifra de personas que entraron y el Gobierno no montó ni un hospital de campaña. Cuatro colegios médicos, los de Aragón, Melilla, Ciudad Real y Galicia, han respaldado ya esa petición. Mónica García respondió el 6 de agosto en Radio Nacional que no hubo ningún colapso.

De modo que el ministro que ha convertido el desmentido en su principal instrumento de gobierno lleva tres años sin publicar los documentos que un órgano del Estado le ordenó hacer públicos. Combatir bulos y ocultar papeles son cosas que no se sostienen a la vez. Un bulo se desmonta enseñando el documento. El propio ministro esconde la documentación que debería ser pública y lo que su portavoz entrega es un desmentido tajante. Quien pierde credibilidad no es quien pregunta.

Un año para prepararse en 2007, ni un día en 2022

Hay un dato que fuentes diplomáticas consultadas por este periódico señalaron en junio y que se comprueba en el Boletín en dos minutos. La Ley 52/2007 dispuso en su disposición final segunda que entraría en vigor al día siguiente de publicarse «con excepción de la Disposición Adicional Séptima que lo hará al año de su publicación». Un año de margen para que la Administración se preparara. La falsa ley de nietos, con el volumen incomparablemente mayor que la instrucción añadió, , entró en vigor al día siguiente de publicarse. Sin un solo día para que los funcionarios pudieran asumir la avalancha.

Ese es el estado del Servicio Exterior por el que reclama con acierto la asociación profesional mayoritaria de los diplomáticos. Una red consular desbordada a la que se le encomendó fabricar cientos de miles de españoles sin margen de preparación, sin explicación normativa alguna y con las instrucciones que la rigen ocultas al público por decisión de su propio ministro.

En los extremos del proceso solo está el Gobierno

Queda una firma del ministro que también debería explicar: la orden AUC/306/2023, de 28 de marzo le permite limitar a dos los representantes de cada partido presentes en cada momento en un consulado, como avanzábamos ayer. En la demarcación de Buenos Aires hay ya 323.963 electores. Y cuando el plazo se cierra, los sobres viajan por valija diplomática hasta una oficina que se constituye en su propio ministerio antes de llegar a las juntas electorales. En ese trayecto no hay presencia posible de nadie ajeno a la Administración. El censo que Sánchez ensanchó viaja por el circuito que custodia Albares. Uno pone los electores nuevos y el otro pone la valija. En ninguno de los dos extremos hay un testigo ajeno a quien designa el Gobierno. Sin embargo, el 28 de julio, en su balance de curso antes de irse de vacaciones, el Pedro Sánchez exigió una sola cosa: «yo lo único que pido es que se asuman los resultados electorales». Añadió que los suyos siempre los han asumido y deseó que otros se apliquen el mismo cuento. Lo que no dijo es que él amplió el censo en contra de quienes ahora les pide que asuman sus resultados. Su censo es solo producto de sus maniobras trampeando la ley, los desmentidos y hasta sus exigencias públicas.