¿Alertó la Oficina del Censo Electoral del incremento del voto exterior?

Con la comunidad presidida por Isabel Díaz Ayuso creciendo un 34,3 por ciento en tres años y medio y absorbiendo el 29 por ciento de todo el aumento del censo exterior, hay una pregunta que no es solo periodística y que debería tener una respuesta del Gobierno: ¿alertó alguna vez la Oficina del Censo Electoral, desde 2022, del incremento del voto exterior? Aunque pueda parecer una cuestión técnica de la respuesta depende si algún partido ha estado en condiciones de impugnar el censo del CERA en algún momento de estos últimos cuatro años, los del mayor incremento del voto de los españoles en el exterior de la historia. La batería de preguntas registradas por el Partido Popular el viernes pasado en el Senado sobre el anómalo incremento en Madrid demuestra que no lo hizo.

Obligación de comunicar alteraciones del censo

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) obliga a la Oficina del Censo Electoral a vigilar activamente el fraude de empadronamiento. Cuando detecta una alteración del censo significativa y no justificada (artículo 30c) debe comunicarlo al árbitro electoral. Esa comunicación abre dos plazos distintos para impugnar, según el momento en que se produzca: cinco días desde que se conoce, sin límites de cuántos meses lleve produciéndose el crecimiento (artículo 38.2); o, si ya hay elecciones convocadas, solo respecto al incremento producido en los seis meses anteriores (artículo 39.4).

Es una competencia de oficio, activa y real, no solo administrativa, prevista precisamente para que los partidos políticos puedan impugnar el censo. Dicho de otra manera, es la llave que abre la única puerta que la ley concede a las formaciones políticas para fiscalizar el censo de votantes y que ésta no convierta en una caja negra que solo controla la Administración dirigida por el Gobierno de turno.

El artículo 30.c) dice literalmente que la Oficina del Censo Electoral debe comunicar al árbitro «los resultados de los informes, inspecciones y, en su caso, expedientes que pudiera haber incoado referidos a modificaciones en el censo de las circunscripciones que hayan determinado una alteración del número de residentes significativa y no justificada». De ahí que, esa comunicación no es un trámite interno sin más.

Lo especifica sin rodeos el artículo 38.2: «Los representantes de las candidaturas o representantes de los partidos, federaciones y coaliciones podrán impugnar el censo de las circunscripciones que hubieren registrado un incremento de residentes significativo y no justificado que haya dado lugar a la comunicación a que se refiere el artículo 30.c), dentro del plazo de cinco días siguientes al momento en que tuvieren conocimiento de la referida comunicación». Es decir, el plazo de cinco días no empieza a correr con el crecimiento del censo, sino con la comunicación que está obligada a hacer la Oficina cuando se producen esas alteraciones censales. De ahí que, sin comunicación, no hay plazo y sin plazo, no hay impugnación posible.

Este periódico ya contó que el censo de españoles en el exterior sumó 422.253 inscritos desde que se publicó la instrucción de Sofía Puente, en octubre de 2022, hasta mayo de 2026, que Madrid concentró 124.195 de ellos: un 34,3 % de crecimiento propio y el 29 % de todo el aumento mundial del CERA, sin haber sido nunca una provincia de emigración. El propio Grupo Popular, en su batería de preguntas maneja una fotografía distinta pero que apunta en la misma dirección: 492.076 inscritos en el CERA de Madrid, con un incremento de 114.815 desde mayo de 2023, un 30,4 % más. Son periodos diferentes, que llevan a la misma conclusión. Es exactamente el supuesto que el artículo 30.c) describe: una alteración del número de residentes significativa y no justificada.

El sospechoso cese del director de la Oficina

En España por diseño legal un solo cargo de designación política controla dos ámbitos clave: el relato del crecimiento económico y la fabricación del padrón electoral. Es el presidente del Instituto Nacional de Estadística (INE), que lo es también de oficio y sin retribución director de la Oficina del Censo Electoral. Por añadidura a esta última responsabilidad forma parte de la Junta Electoral Central como vocal con voz, pero sin voto. El INE, a su vez, depende del Ministerio de Economía. Cada Gobierno nombra al presidente del organismo público al llegar a la Moncloa. Lo que no se había producido jamás es su cese en pleno mandato. Es precisamente lo que ocurrió durante la etapa de Nadia Calviño al frente de Economía.

El 27 de junio de 2022 Juan Manuel Rodríguez Poo, catedrático de Econometría en la Universidad de Cantabria, formalmente dimitió alegando «motivos personales». La Asociación de Estadísticos Superiores del Estado (AESE) y otras organizaciones, además de la oposición, pusieron, con razón, el grito en el cielo. La polémica se centró en las presiones a las que se sometió a la institución sobre el cálculo del IPC y el PIB. El ministerio de Calviño cuestionó públicamente las cifras hasta el punto de crear un «indicador diario de actividad» alternativo contradiciéndola para mejorar los datos económicos del Gobierno lo que provocó la denuncia de la asociación de estadísticos del Estado como una anomalía sin precedentes.

Lo que nadie reparó entonces fue que al tiempo que el Ejecutivo presionaba para maquillar sus avances económicos, la institución que controla el censo de población estaba en plena sala de máquinas para implementar una transformación del censo inédita en España y en Europa. Una reforma que el organismo calificaría con su nueva presidenta al frente, Elena Manzanares, como «cambio de paradigma». El censo se había dejado de contrastar puerta a puerta y se alimenta desde entonces de cálculos de bases de datos, como reveló El Debate.

La confesión de Calviño, el candado y la llave del censo

La propia Calviño reconoció en un libro tres años después, ya en el Banco Europeo de Inversiones, que el Ejecutivo intervino en el cálculo del PIB tras la marcha de Rodríguez Poo. Si hubo presión demostrada y confesada por quien la provocó sobre las cifras económicas del instituto público en aquel momento cabe preguntarse qué ocurrió con las cifras del censo que ese mismo instituto tenía entre manos.

La Oficina del Censo Electoral debería haber comunicado el incremento del censo desde que la mal llamada ley de nietos ha provocado un aumento exponencial de los votantes en el exterior. No hacerlo tiene dos consecuencias de alcance: un incumplimiento documentado de un deber legal que recae sobre un organismo dependiente del Ministerio de Economía, y la prueba de que esa inacción cerró por sí sola, durante estos cuatro años, la única puerta de impugnación que la ley concede a los partidos.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ya demostró en El País que sabe responder «desconozco el dato» cuando le preguntan por las circunscripciones de los ya nacionalizados. Lo que sí vaticinó es que en julio de 2027 habrá medio millón de nuevos votantes solo por la fábrica de ley de nietos. La Oficina del Censo Electoral, sí conoce los datos porque los gestiona mes a mes y debía comunicar los incrementos al árbitro electoral. La consecuencia es grave: ningún partido ha podido abrir la caja del censo porque la ley previó el candado y la llave solo para abrirla cuando se comunique.

El Ejecutivo, sin tocar una coma de la LOREG, dejó cerrada por la puerta trasera la única vía de impugnación que esta le concedía a los partidos. Las urnas, convertidas en una caja negra por la falta de una sola comunicación, podrían empezar a abrirse gracias a la ofensiva parlamentaria del PP y Vox y a la vista del 7 de septiembre en el Tribunal Supremo. Falta por ver si el Gobierno más tramposo de la democracia tiene algún otro as en la manga.