Por qué el Senado lleva al TC el Tratado de Amistad con Francia: «Sánchez es una apisonadora de la Constitución»

El pasado 9 de julio el Pleno del Senado –órgano donde el PP tiene mayoría absoluta– aprobó requerir al Tribunal Constitucional (TC) «para que se pronuncie sobre la existencia o inexistencia de contradicción entre la Constitución Española y el apartado 4 del artículo 2 del Tratado de Amistad y Cooperación entre el Reino de España y la República Francesa, hecho en Barcelona el 19 de enero de 2023». Igualmente, la Cámara Alta solicitó «suspender la tramitación de la autorización de dicho Tratado hasta la decisión del Tribunal Constitucional», por lo que quedó paralizada su aprobación definitiva por el Parlamento.

El tratado se firmó entre el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, en una cumbre hispanofrancesa que se celebró en Barcelona hace más de tres años. Tras la rúbrica, el PP mostró su disconformidad con el texto en febrero de 2025 y el Senado aprobó la revisión del Constitucional, tras la primera intentona fallida del Gobierno para que fuese aprobado por las Cortes. Ante ello, el Ejecutivo se echó para atrás, denegó la autorización para ratificar el Tratado y el TC acordó declarar la pérdida sobrevenida del objeto del requerimiento de la Cámara Alta.

El documento que presentaron los 'populares' en el Senado a finales de junio explica que «el artículo 2, apartado 4, del Tratado dispone: 'Un miembro del Gobierno de una de las Partes será invitado al Consejo de Ministros de la otra Parte, al menos una vez cada tres meses y por rotación'».

Para el PP, el tratado es contrario a la Carta Maga porque permite que ministros franceses asistan a reuniones del Consejo de Ministros español: «El artículo 2, apartado 4, podría vulnerar lo dispuesto en los artículos 13.2, 23.2 y 98.1 de la Constitución Española, en relación con el artículo 62 g) respecto de la posible presencia del Rey como único asistente al Consejo de Ministros que no es miembro del Gobierno».

En este contexto, el 22 de abril de este año el Ejecutivo remitió por segunda vez a las Cortes la norma pactada con Francia, pero «entre la documentación relativa al Tratado, incorporó una cláusula interpretativa», que había sido aceptada por «el Ministro de la República Francesa, en nombre de su Gobierno».

«A efectos del artículo 2.4 del Tratado de Amistad y Cooperación entre el Reino de España y la República Francesa, firmado el 19 de enero 2023, según el cual 'un miembro del Gobierno de una de las Partes será invitado al Consejo de Ministros de la otra Parte, al menos una vez cada tres meses y por rotación', tengo el honor, por orden de mi gobierno, de transmitirle esta carta para confirmar la interpretación de dicho artículo en los siguientes términos: 'Un miembro del Gobierno de una de las Partes será invitado al Consejo de Ministros de la otra Parte. Esa invitación, cuando tenga lugar, se producirá para participar en los márgenes de dicho Consejo de Ministros, en una reunión por separado'», decía las cláusula del Ejecutivo.

No obstante, los 'populares' creen que «esta lectura del artículo 2.4 del Tratado, lejos de disipar las dudas existentes sobre su constitucionalidad, ha aportado otras adicionales». El Grupo Parlamentario encabezado por Alicia García cree «la vaguedad del tenor literal de la propia cláusula interpretativa, que no explica a qué se refieren concretamente las partes cuando hablan de 'los márgenes del Consejo Ministros' y de 'una reunión por separado' –escenarios que cabe entender de muy distintas maneras–, no hace más que acrecentar las dudas ya existentes sobre la constitucionalidad».

«Abrir el Consejo de Ministros a un Gobierno extranjero»

Fuentes del PP en el Senado han expresado a El Debate que han decidido llevar el tratado con Francia al TC porque «Sánchez quería abrir las puertas del Consejo de Ministros a un gobierno extranjero sin pedir opinión al Tribunal Constitucional y se lo vamos a impedir». «La ambición por el poder de Sánchez y su soberbia le lleva a querer gobernar sin límites y sin controles, pero la democracia, la Constitución, el Estado de derecho y el parlamentarismo son más fuertes que él», han agregado.

Además, las mismas fuentes han expresado que con su segunda remisión a las Cortes, Sánchez «vuelve a la carga porque es una apisonadora del Estado de derecho y de nuestra Constitución». Por ende, los 'populares' de la Cámara Alta critican la segunda intentona del Ejecutivo «blanquear» el acuerdo, al introducir la cláusula interpretativa del texto remitido en la primavera de 2026.