El Gobierno presume en el decreto de Ceuta de su «actuación desde el primer momento» y de los «avances logrados»

El Consejo de Ministros del pasado martes aprobó un Real Decreto-ley de medidas urgentes de apoyo a Ceuta, legislación que se publicó ayer en el BOE y que entra en vigor este jueves 3 de septiembre. La Constitución establece que «en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes».

En esta normativa nueva sobre Ceuta, el Ejecutivo presume de su gestión de la crisis inmigratoria, surgida en Ceuta tras el asalto masivo del pasado 30 de julio. A pesar del informe policial que señala a Marruecos como responsable de la avalancha inmigratoria –y de que, tal y como publicó El Debate, la Policía tiene grabados a 300 ilegales que explican que fue Marruecos quien les animó a entrar en Ceuta– el Gobierno asegura en la exposición de motivos del decreto-ley que la «excepcionalidad sobrevenida» en Ceuta «hace necesario ahora, no solamente mantener los avances logrados», sino «ampliar de manera extraordinaria sus alcances y capacidades para dar respuesta efectiva a los retos que enfrenta la ciudad de Ceuta».

El texto legal recoge que «la entrada irregular de personas migrantes en la ciudad de Ceuta los días 30 y 31 de julio generó una situación sin precedentes en el funcionamiento ordinario de sus administraciones públicas y sus servicios esenciales, así como en la vida de la ciudadanía».

«La magnitud de la presión en los servicios públicos ha requerido una movilización y ampliación inmediata de recursos en el territorio, orientada a reforzar la seguridad fronteriza, impulsar procedimientos expeditos de retorno de personas accedidas irregularmente y proporcionar apoyo directo a la población ceutí. Las actuaciones desplegadas desde el primer momento han permitido contener y reducir de manera significativa la tensión inicial, salvaguardando la seguridad ciudadana y el mantenimiento del orden público en la ciudad», se añade.

Para el Gobierno, su decreto –que comprende ayudas de 309 millones destinadas a seguridad, servicios sociales, a empresas y a atención humanitaria– supone una «respuesta integral y coordinada» que «pone de manifiesto la solidaridad interterritorial y el firme compromiso del Gobierno con la recuperación de la normalidad y la estabilidad en Ceuta».

La norma también destaca que «la economía ceutí presenta una especialización en el comercio y la restauración, sectores intensivos en empleo cuya actividad depende de manera decisiva de la afluencia de público a los establecimientos y del normal desenvolvimiento de la vida urbana», y que, por ende, «la respuesta del Gobierno debe orientarse, de manera prioritaria, a sostener la liquidez de las empresas y de las personas trabajadoras autónomas afectadas».

«Sobre la base de la experiencia acumulada en crisis recientes −singularmente, la derivada de la pandemia de COVID-19 y la ocasionada por la DANA acaecida entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024−, que acredita la eficacia de los instrumentos públicos de garantía para movilizar con celeridad financiación privada con un notable efecto multiplicador de los fondos públicos comprometidos, este real decreto-ley articula, a través del ICO, una respuesta escalonada en dos fases: en la primera, de reacción inmediata, una línea de avales por cuenta del Estado destinada a atender sin demora las necesidades de liquidez del tejido productivo; en la segunda, orientada a la recuperación», agrega a renglón seguido.