El Gobierno sigue aplicando la 'ley trans' aunque la mayoría del TC considera que la norma es inconstitucional

Hay que remontarse al mes de abril de 2025 para encontrar el último debate sobre la polémica 'ley Trans' en la agenda del Tribunal Constitucional (TC). Un año y medio durante el que sigue sin resolverse el recurso presentado por el Partido Popular (PP) contra la cuestionada norma aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez a instancias de Irene Montero, exministra de Igualdad. Desde entonces y fruto de un intenso debate que provocó una importante división en el seno del bloque izquierdista de la Corte y en el que la mayoría de los magistrados propusieron aplicar modificaciones relevantes, en la línea solicitada por los 'populares', el texto legal no ha regresado al orden del día.

Y es que el ponente encargado de redactar la sentencia del asunto, el magistrado Juan Carlos Campo, ex ministro de Justicia con Pedro Sánchez, no ha vuelto a incorporarla en los asuntos a deliberación, tras retirarla para aplicar los cambios necesarios. Una situación que permite al Ejecutivo socialista continuar aplicando la 'ley Trans', para la autodeterminación de género, pese a los visos de inconstitucionalidad que acumula.

Cabe recordar que el PP impugnó el artículo 19.2 de la norma, que autoriza a los menores de entre 12 y 16 años a solicitar modificaciones genitales a petición propia y «siempre que, por su edad y madurez, puedan consentir de manera informada»; los dos primeros apartados del artículo 43, en el que se consiente que los menores de 15 y 16 años pidan cambiar la inscripción registral de su sexo, en el Registro Civil, acompañados por sus representantes legales, y que los de 16 y 17 puedan hacerlo de forma autónoma; dos artículos más del apartado 44, en los que se exime de la presentación de informe médico o psicológico para el trámite anterior, así como también hace innecesaria «la previa modificación de la apariencia» corporal, a través de «procedimientos médicos, quirúrgicos o de otra índole».

Unas objeciones, entre otras, que durante el Pleno en el que se trató el asunto, recibieron el visto bueno parcial de una amplísima mayoría de la Corte de Garantías, provocando una evidente ruptura en el ala izquierdista. Así las cosas, y según ha podido saber El Debate, fueron solo dos los magistrados que apoyaron, sin matices, la propuesta de resolución: el propio exministro Campo y Ramón Sáez. Por su parte, el presidente del cónclave, Cándido Conde-Pumpido, se dio por informado de las opiniones expuestas, sin pronunciarse en ningún momento de forma expresa.

En cambio, el resto del Tribunal encontró defectos importantes en el cuerpo de la norma que consideraban incompatibles con la protección a las mujeres y la lucha contra la discriminación de estas. Además de las reticencias que algunos de los magistrados encontraban en los efectos registrales, que admiten cambios cada seis meses, lo que a su juicio provocaría una importante inseguridad jurídica.

De acuerdo con el escenario irrevocable que se presentó como resultado de la discusión legal, el magistrado Campo optó por retirar la ponencia para «replantear» los aspectos causantes de las discrepancias, en busca del consenso. Sin embargo, desde entonces, hace ya más de año y medio, el trabajo duerme el sueño de los justos en un cajón de Doménico Scarlatti y sigue surtiendo efectos prácticos, a sabiendas de que algunas cuestiones previstas en la normativa 'trans' son contrarias a la Constitución.