El Gobierno destina 4,1 millones a limpiar, transportar y destruir los cayucos que llegan a Canarias

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática –que lidera el socialista Ángel Víctor Torres– ha anunciado una licitación para adquirir un servicio «para la destrucción, carga, transporte y gestión de residuos de embarcaciones de inmigrantes en situación irregular interceptadas en el litoral de las Islas Canarias», según publicó el Boletín Oficial del Estado del 21 de octubre.

Los documentos del contrato –cuyo valor estimado asciende a 4.106.665 euros– indican que «las prestaciones objeto del contrato se realizarán en cualquier punto del litoral, puertos, playas y zonas de depósito o almacenamiento de las islas de Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote, La Palma, La Gomera y El Hierro, así como en los demás territorios insulares de la Comunidad Autónoma de Canarias».

Entre los «servicios» que debe realizar la empresa adjudicataria, se recoge la elaboración de «una única ficha que incluirá reportaje fotográfico detallado» de los cayucos y pateras a su llegada –con «adornos, pinturas, posibles números de identificación, etc.»–. También «se procederá a la limpieza de la embarcación de cualquier otro resto personal que pudiera contener, para evitar su caída al agua, así como a la revisión y mantenimiento del amarre y de las condiciones de flotabilidad de la embarcación».

«Una vez efectuadas la predestrucción y la carga de las embarcaciones y residuos sobre el vehículo o camión, el transportista y, en su caso, el personal que intervenga en las actividades se desplazarán por carretera hasta el punto de depósito (gestor de residuos autorizado). Cuando los residuos deban trasladarse fuera de la isla en la que se encuentren almacenadas las embarcaciones, el depósito podrá ser provisional hasta que el volumen de residuos sea suficiente para su traslado por vía marítima», añade.

Igualmente, la contrata relata que «la empresa, antes de la destrucción, comunicará el lugar, día y hora al CCRC (Centro de Coordinación Regional de Canarias) y a la Delegación del Gobierno, por si algún funcionario fuera designado para estar presente durante el proceso». En este contexto, se indica que «el proceso de destrucción respetará, en todo caso, las siguientes reglas: Motores: queda totalmente prohibida la venta del motor como unidad íntegra y operativa». Sobre el «resto de la embarcación», «se procederá a su destrucción y eliminación total, atendiendo a criterios que garanticen la protección del medio ambiente y cumpliendo estrictamente la normativa vigente en materia de residuos».

«El plazo de ejecución del contrato se fija en un (1) año, comprendido entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de septiembre de 2027, o desde la fecha de formalización si ésta fuera posterior. El contrato se dará también por finalizado en el momento en que se agote el crédito disponible. Se prevé la posibilidad de una o varias prórrogas por un periodo máximo total de un (1) año adicional», se recoge sobre las posibles prórrogas. Por ello, el presupuesto base de la licitación es de 1.866.666 €, pero valor estimado asciende hasta 4,1 millones por, según recoge los pliegos «anualidad inicial + un año de prórroga + 20 % de modificaciones previstas».