Próxima parada: una auditoría a Renfe y Adif para saber qué ha ocurrido con el dinero de los fondos europeos

Cayó Óscar Puente en tiempo preelectoral por la tragedia de Urda, sino quizá hubiera vuelto a las andadas, bloqueando e insultando a diestro y siniestro en X, como hizo sin ningún pudor después de Adamuz. O bailando como Pedro Sánchez en la llamada campaña del amor, mientras promocionaba un programa de televisión en un sketch donde hacía chanzas cuando el ascensor sufría una avería del sistema: «Vaya por Dios. Como si no tuviéramos bastante con la Renfe ya». La misma empatía con los fallecidos que tuvo cuando pronunció «yo no soldé el raíl».

En sus últimas horas como ministro reconoció que la falta de Presupuestos Generales del Estado influyó para no incrementar la inversión en mantenimiento de la red ferroviaria: «Tenemos un presupuesto del año 2023 que no ha cambiado». Esa realidad no nos librará de ver el contorsionismo de aquellos que ensalzan al vicepresidente Carlos Cuerpo como el gestor que necesita Transportes, cuando ni siquiera se ha presentado unos nuevos presupuestos en toda la legislatura, por mucho que lo lamente el ministro de Economía, que suma ahora otra cartera.

Lo más grave de todo: No ha sido por falta de dinero. España ha recibido un total de 78.000 millones de euros de fondos europeos en el marco del programa Next Generation, de los que 11.276 millones han correspondido al Ministerio de Transportes, según cifras de agosto de 2026. Quizá solo por esa lluvia millonaria a su Ministerio, Puente dijo en el Senado, en agosto de 2024, que «el tren vive en España el mejor momento de su historia».

Los sistemas de seguridad investigados por la Fiscalía Europea

En concreto, en el apartado de infraestructuras, 6.622 millones de euros, donde se incluía un amplio listado de proyectos como implantar los Sistemas Europeos de Gestión de Transporte Ferroviario (ERTMS), que ahora serán investigados por fraude por la Fiscalía Europea. O el objetivo de «mejorar el mantenimiento de la red para evitar su descapitalización y aumentar la fiabilidad, el confort y la seguridad del transporte ferroviario».

A su vez, la compañía pública que enchufó a Jésica Rodríguez por ser la amante de José Luis Ábalos, actualmente en Soto del Real cumpliendo una condena de más de 24 años por corrupción, destacaba que «todas las actuaciones incluidas en la inversión seguirán los principios de igualdad de género». Y se marcaba como un gran hito que «el tráfico en ferrocarril de alta velocidad se duplicará para 2030 y se triplicará para 2050»

«La línea Madrid-Andalucía va a ciegas desde hace años»

La primera partida que se licitó desde la presidencia de Adif, en manos de Isabel Pardo de Vera, antes de que la Unión Europea aprobase los fondos en agosto de 2021, fue para gastos de publicidad. Más de 3 millones de euros a Media Sapiens para los servicios de compra de espacios publicitarios para la difusión de las campañas de los fondos europeos de Adif y Adif Alta Velocidad durante dos años en la época de Raquel Sánchez Jiménez, actual presidenta de Paradores, que sustituyó inesperadamente a José Luis Ábalos a principios de julio de ese año.

De ese tiempo, fueron los primeros contratos para la renovación de la línea Madrid-Sevilla por más de 136 millones de euros, que conllevaba la implantación del sistema ERTMS que aún sigue sin estar operativo y la renovación de los aparatos y circuitos de vía. De hecho, según un alto directivo de Adif, «la línea Madrid-Andalucía va a ciegas desde hace años» porque «se desconectan los sistemas de seguridad».

Una de las primeras alarmas saltó en abril de 2024. «Si recuerdas la noticia de que un Alvia de Madrid en dirección a Huelva se desvió a Málaga por error y tuvo que dar marcha atrás a Córdoba. Es materialmente imposible que un tren cambié de dirección si los sistemas de seguridad están conectados. Igual si un tren está parado en una vía como ocurrió en Urda, sería imposible circular y, por tanto, chocar. Solo sucede si el sistema está desactivado y se funciona de forma manual».

A esto se añade el déficit crónico en el mantenimiento de la vía con una tendencia al alza de los descarrilamientos en los últimos años. Según los datos de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), la red registró 4 casos en el año 2015, para llegar a la cifra de 27 descarrilamientos anuales en 2025. «Es gravísimo con ese incremento brutal de descarrilamientos que no se lanzase un plan de choque para reducirlos, mientras se atrevían a operar con el sistema de seguridad desactivado. Demuestra que su preocupación era más la apariencia de normalidad frente a la seguridad real del tráfico», se concluye desde Adif.

El Tribunal de Cuentas presidido por la socialista Enriqueta Chicano investigado por fraude

En 2024, ya con el exalcalde de Valladolid llevando los designios del Ministerio, se cerraron dos contratos destinados a la renovación de traviesas y la modernización de las subestaciones eléctricas por 52,2 millones de euros. En total, según datos de la página oficial de Adif, se han movilizado 700 millones en la línea Madrid-Sevilla, pero todavía siguen trabajos sin ejecutar. Por ello, urge una auditoría completa a Renfe y Adif. No sólo para priorizar el mantenimiento antes que la obra nueva, sino para saber en qué partidas se han invertido los fondos europeos.

Hasta ahora, la única auditoría, incompleta a la luz de los últimos datos, fue realizada, en diciembre de 2025, por el Tribunal de Cuentas presidido por la socialista Enriqueta Chicano, que fue como número dos del PSOE en las listas al Senado en las elecciones generales del año 2000. En ella, se examinó los procedimientos de gestión y control implantados por Adif y Adif Alta Velocidad, que se calificaron de «muy deficientes», para ejecutar las inversiones del Plan de Recuperación con datos hasta finales de 2024. Se detectaron alteraciones irregulares de las valoraciones técnicas en las licitaciones que se pusieron en conocimiento a la Fiscalía Anticorrupción.

El dictamen del Tribunal de Cuentas no incluyó, por no ser objeto del análisis, otro informe demoledor que se había publicado seis meses antes, en junio de 2025, por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sobre las supuestas mordidas de la trama del caso Koldo (nombrado consejero de Renfe Mercancías) a cambio de adjudicaciones que provocó la dimisión del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. En el punto de mira de la investigación de la Audiencia Nacional distintas adjudicaciones a Acciona por parte de Adif como fueron las obras de integración del ferrocarril en Sant Feliu de Llobregat (62 millones de euros), el soterramiento de la red en Murcia (121 millones) y la plataforma en un tramo de alta velocidad entre Murcia-Almería (158 millones).

La fiscalización del Tribunal de Cuentas de Chicano no contempló el resultado real de las inversiones millonarias. Las hipotéticas medidas para hacer el ferrocarril más seguro se vieron superadas por un déficit en el mantenimiento y la seguridad en las vías que conectan Madrid con Sevilla. Tampoco se auditó el periodo completo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, sino que se limitó a los tres primeros años, hasta diciembre de 2024. A esto se suma la nueva investigación abierta por la Fiscalía Europa contra Adif, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) y el propio Tribunal de Cuentas por un posible fraude relacionado con los fondos europeos destinados a la renovación y modernización de los sistemas de seguridad.

En una veintena de días antes de las elecciones, al cuarto ministro de Transportes de Pedro Sánchez se le suman los problemas y no le dará tiempo a poner en marcha un programa de fiscalización de la mayor inyección de fondos para infraestructuras, que deberá ser una tarea prioritaria del siguiente Gobierno para revitalizar la red ferroviaria y recobrar la confianza en la alta velocidad española.