Manuel Pastrana, José Antonio Griñán, Cándido Méndez y Francisco Carbonero, en un congreso de UGT-A
El caso de las facturas falsas
Los nexos y similitudes entre las corruptelas de UGT y del PSOE en Andalucía
La Junta socialista concedió subvenciones millonarias al sindicato para la formación de los parados andaluces que se habrían dilapidado en beneficio propio y de sus dirigentes
Han bastado tres sesiones del juicio contra la antigua cúpula de UGT-A para encontrar similitudes entre esta trama y todo el entramado corrupto que el PSOE andaluz, su partido hermano, tenía montado en la Junta de Andalucía. En ambos casos se habrían desviado fondos públicos para la formación de los parados andaluces a empresas amigas y se habrían dilapidado millones de euros en gastos personales, en beneficio propio.
La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla inició el pasado lunes el juicio contra el ex secretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla y otros cuatro dirigentes del sindicato por un fraude de subvenciones a través de facturas falsas que habría ascendido hasta los 40,75 millones de euros entre 2009 y 2013. Manuel Pastrana, líder de la organización durante 15 años (1998-2013), quedó excluido del proceso al padecer una grave enfermedad degenerativa.
En el inicio del juicio, que se prolongará durante 62 sesiones, ha quedado de manifiesto que el sindicato pagaba sobresueldos mensuales y viajes a sus dirigentes, e incluso el alquiler de su caseta en la Feria de Sevilla, con las subvenciones millonarias que la Junta de Andalucía le concedía para impartir cursos de formación a los parados andaluces. Una corruptela que tiene nexos con el caso de la Faffe, nido de corrupción socialista.
Por un lado, la Guardia Civil ha descubierto que hasta 200 personas vinculadas con el PSOE y con los sindicatos UGT y Comisión Obreras (CC. OO.) cobraron de la Faffe, y por otro, la UGT corrió con los gastos de una comida de la Faffe en su caseta cuya factura usó el ex director general del ente, el socialista Fernando Villén, para encubrir un gasto de 2.000 euros en el prostíbulo Don Angelo.
Soralpe, empresa instrumental
El comandante de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que dirigió la investigación del caso confirmó en su declaración que la federación andaluza de UGT usaba una empresa instrumental, Soralpe, cuyo consejero delegado también se sienta en el banquillo, para pagar los sobresueldos a los cargos del sindicato. Las cuantías abonadas variaban entre los 900 y los 3.000 euros al mes, sin constar devolución alguna.
El fraude de las facturas falsas habría seguido tres mecanismos: los alquileres ficticios de aulas de su propiedad para impartir los cursos de formación; el rápel, el descuento por volumen de contratación a cada proveedor, que llegó a ser hasta del 20 % de lo facturado y que luego recibía la UGT en metálico, y el «bote», un saldo creado por el sindicato con las facturas falsas de proveedores de confianza que usaba para viajes como el de Pastrana a Costa Rica.
La UCO, que inició las pesquisas a «consecuencia del caso de los ERE», ha investigado a los diez proveedores de confianza del sindicato, cuyos responsables se sientan en el banquillo como cooperadores necesarios del fraude de las facturas falsas, ya que era necesaria la implicación de sociedades que facilitaran la infraestructura documental y contable para engañar a la Junta y obtener así los fondos.
Las tretas de UGT
La federación andaluza de UGT debe responder en el juicio como responsable civil subsidiario. Su defensa, ejercida por José María Calero, abogado de José Antonio Griñán en el caso ERE, reclamaba a la Junta de Andalucía la retirada de la reclamación de los 40,75 millones aludiendo al acuerdo alcanzado entre el sindicato y el Gobierno de Juanma Moreno en 2022 para el reintegro en 25 años de hasta 70 millones en subvenciones; pero no prosperó la petición.
Tampoco estimó la Audiencia de Sevilla la solicitud de UGT-A para que Moreno compareciese como testigo y explicase el referido acuerdo, al considerar su declaración «innecesaria para la resolución de la causa», ni mucho menos la anulación del juicio que reclamaron las defensas arguyendo una instrucción «inquisitorial» de la juez Mercedes Alaya y la supuesta nulidad de las actuaciones que derivasen de las filtraciones a la prensa de un exempleado del propio sindicato que fue condenado por ello.
Estas tretas no evitaron el juicio contra la antigua cúpula de UGT en Andalucía, del que esta semana se celebrarán otras tres sesiones en la Audiencia de Sevilla, empezando por la de este lunes, aunque las tres primeras ya pusieron de manifiesto las similitudes que presenta este caso con la corrupción perpetrada por el PSOE durante años al frente de la Junta de Andalucía.
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