El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, con la presidenta de Cruz Roja Andalucía, Rosario García, candidata del PP para la Defensoría del Pueblo Andaluz
Andalucía no tiene quien la defienda: el PSOE veta a la candidata del PP por su pasado; y Vox, por su presente
Los populares confiaban en que el perfil «incontestable e inigualable» de Rosario García Palacios permitiría la renovación del mandato caducado de Jesús Maeztu como Defensor del Pueblo Andaluz, pero no ha encontrado los apoyos suficientes
Andalucía no tendrá, de momento, nueva Defensora del Pueblo. Un asunto que no es menor, si nos atenemos a que el mandato del interino Jesús Maeztu al frente de la institución lleva caducado desde septiembre de 2024.
Para desbloquear esta anómala situación, el Grupo Popular propuso el pasado mes de junio a Rosario García Palacios, actual presidenta de Cruz Roja en Andalucía. Tras hacer un llamamiento al resto de grupos para que la apoyaran, el PP deslizó que las conversaciones iban por buen camino hasta el punto de que esperaban elevar su votación a pleno antes del parón veraniego.
Sin embargo, las cosas se torcieron pronto. La Defensoría requiere de un alto grado de consenso en la cámara autonómica, tres quintas partes del Parlamento, lo que significa un voto favorable de 66 de los 109 diputados, una cifra que no alcanza por sí solo el PP con su mayoría (58 escaños).
Conversaciones rotas
El PSOE protestó en cuanto tuvo conocimiento de que García Palacios había ocupado el puesto número 15 en las listas que encabezó Teófila Martínez en las elecciones municipales de 2015 en Cádiz, aunque lo hizo como independiente. El PP respondió con el caso de Ángel Gabilondo, que fue designado Defensor del Pueblo tras haber formado parte de un gabinete socialista, y apuntó a la llegada de María Jesús Montero a la secretaría de los socialistas andaluces como explicación a la ruptura de negociaciones. «Con Juan Espadas por lo menos se podía hablar y llegar a un entendimiento, pero Montero ha ordenado dinamitar todos los puentes», lamentaban fuentes populares.
Con la negativa tanto del PSOE como del resto de grupos de izquierda, parecía obvio que el PP tratara de seducir a Vox, que suma 14 representantes en el Parlamento, para lograr los votos necesarios. «Es una mujer de perfil incontestable e inigualable, porque no solo es alguien que viene del mundo de la salud, sino que también ha dedicado una parte muy importante de su vida al trabajo, a la defensa y a la protección de las personas vulnerables», había asegurado en un audio enviado a los medios el portavoz popular Toni Martín.
Pero los de Manuel Gavira no pretenden apoyar a una candidata que actualmente es presidenta de Cruz Roja en Andalucía. A nadie se le escapa que la Ejecutiva Nacional del partido de la derecha mantiene fuertes diferencias con la organización. El entonces vicepresidente de Castilla y León Juan García-Gallardo llegó a señalar a esta entidad por fomentar la inmigración irregular.
El tiempo se agota
«En este momento continuamos las conversaciones», se ha limitado a señalar Toni Martín (PP) en la rueda de prensa semanal de los portavoces, consciente de que el tiempo juega en su contra. En los corrillos y pasillos, se habla cada vez más de elecciones, previstas para la primavera de 2026, y ese escenario preelectoral enroca las posturas y dificulta los acuerdos en detrimento del tacticismo.
Mientras, Maeztu, que fue elegido Defensor del Pueblo Andaluz por unanimidad en 2013 bajo gobierno socialista y ratificado en 2019, ya con Juanma Moreno en el poder, sigue esperando, a sus 80 años, un sustituto o sustituta.
