Antonio Alcázar (Vox Málaga): «El tren del Mundial ha pasado, y ni Ayuntamiento ni Junta lo han sabido coger»

Málaga alcanza el ecuador de la legislatura municipal inmersa en dos retos: el de la vivienda y el de la limpieza, con el Ayuntamiento y la oposición enfrentados a cuenta de la gestión de la empresa municipal Limasam.

A escasos días para que dé comienzo una nueva edición de la Feria de Málaga, aún retumban los ecos, también, de la polémica renuncia a ser sede para el Mundial 2030. De todo ello hace balance el portavoz del Grupo Municipal Vox, Antoni Alcázar, en esta entrevista con El Debate.

— La legislatura alcanza el ecuador, ¿en qué punto se encuentra la ciudad de Málaga?

— Entendemos que la vivienda ha de identificarse como el principal problema de Málaga ante la ausencia de una política eficiente y a largo plazo. En los últimos diez años, solo se han construido menos de cinco mil viviendas cuando, según nuestros cálculos, lo que la ciudad necesita son cinco mil pero al año. El Ayuntamiento no ha sabido desarrollar suelo municipal suficiente, por lo que ha obstaculizado el crecimiento de la oferta. Afortunadamente, nuestras propuestas en esta materia se han tenido en cuenta, como la creación de una oficina agilizadora de proyectos o la de poner suelo municipal para la construcción de vivienda protegida.

— ¿Está Málaga sucia?

— Lo está, pero no sucia, sino tremendamente sucia, y así me lo transmiten los ciudadanos con los que coincido. La ciudad nunca ha estado así. Hay un descontrol respecto a las plagas de ratas y cucarachas. Denunciamos una falta de gestión por parte de la concejalía y de la gerencia de la empresa municipal. En algunos puntos, además, raya el índice de la insalubridad.

— ¿Qué ha fallado para que Málaga se quede sin ser sede mundialista?

— Las tres administraciones competentes, Ayuntamiento, Diputación de Málaga, y Junta, no han trabajado lo suficiente y el tiempo se les ha echado tan encima que al final han optado por rechazar la candidatura de La Rosaleda. Yo entiendo que habría que hacer otro estadio, seguramente en otra ubicación diferente a la actual, porque para aumentar la capacidad, el terreno actual no lo permite. Pero hemos palpado falta de interés y el Ayuntamiento ha dejado morir este asunto.

— ¿Y por dónde pasa el futuro de La Rosaleda?

— Se barajan distintos lugares sometidos a estudio, e imagino que cuando lo decidan, lo anunciarán. Mucho me temo que el terreno actual de La Rosaleda acabará siendo objeto de un centro comercial o de viviendas. Aquí lo único claro es que ha pasado un tren y las administraciones propietarias no lo han sabido coger.

— ¿Cómo son las relaciones con el Ayuntamiento desde que se admitió vuestra demanda contra la Zona de Bajas Emisiones?

— La relación es respetuosa, porque hay cosas que nosotros apoyamos. En este tema, han asumido esa demanda porque saben de sobra cuál es nuestro posicionamiento: estamos ante una medida recaudatoria que prevé unos ingresos de 17 millones de euros en multas sin considerar el perjuicio para las clases medias y trabajadoras de la ciudad.

— Habéis denunciado que actualmente el 60 % del presupuesto se va en sueldos de personal y asesores de confianza...

— Abogamos por un control exhaustivo del gasto público. Estamos hablando de un presupuesto estratosférico, de 1.265 millones para este año. Entendemos que los funcionarios son necesarios y además, los del consistorio hacen muy bien su trabajo, pero luego dentro de ese 60 % hay un volumen muy importante para asesores y contratos a dedo, para colocar a personas afines, y ahí sí que nos tendrán en contra. Es una barbaridad.