Málaga deberá devolver un solar expropiado hace 30 años para construir un colegio que nunca se hizo

El Tribunal Supremo ha dictado una resolución que hará historia en el derecho urbanístico local. Obliga al Consistorio malagueño a devolver un terreno expropiado en 1994, que jamás albergó el colegio público proyectado. La inactividad municipal durante décadas ha sido clave para este giro judicial.

El abogado de la empresa recurrente, Juan Ramón Fernández-Canivell, del despacho Consulting de Derecho Urbanístico, explica la esencia del fallo. «El Supremo deja claro que cambiar la calificación de un suelo no blinda a la a ninguna institución frente a la reversión si la inacción, en este caso la no construcción de un colegio, persiste», señala. Un fallo que sienta jurisprudencia.

El colegio que no fue

La parcela, de 3.428 metros cuadrados junto a la avenida Virgen de Belén, es hoy un aparcamiento y espacio para un mercadillo. Sin embargo, desde 1983 estaba destinada a equipamiento educativo. El Ayuntamiento alegó una línea de alta tensión subterránea para no construir y cambió su uso a «equipamiento social» en 2011.

Lo cierto es que ese nuevo destino tampoco se materializó. El alto tribunal fue contundente: la inactividad desde entonces ha sido «total». Ni siquiera se iniciaron obras. Para los magistrados, el aparcamiento público habilitado no equivale a cumplir con el fin dotacional exigido por la ley.

Este fallo sienta un precedente peligroso para la administración. Podría abrir la puerta a reclamaciones similares en otros solares donde las promesas urbanísticas se evaporaron con los años. La incertidumbre se extiende ahora por los despachos del Palacio de la Aduana y se revisa cualquier caso que pudiera ser similar.

Expropiación a precio de oro

El Ayuntamiento ya alertó, en instancias previas, de una «situación absurda». Si devuelve el suelo, tendrá que volver a expropiarlo para cumplir con los estándares de equipamientos. Pero el coste sería muy superior. La empresa, Inmuebles Portillo, recibiría unos 108.000 euros ajustados por IPC.

Después, podría forzar una nueva expropiación a precios de mercado actuales. Un escenario en el que todos pierden, menos los antiguos propietarios. Y es que el terreno mantiene su calificación pública, por lo que su uso privado directo no sería posible sin un nuevo y costoso proceso.

Este caso pone el foco en un problema más amplio. ¿Cuántos solares públicos en Málaga llevan décadas esperando un uso que nunca llega? La sentencia es un serio aviso para que las administraciones actúen o devuelvan lo expropiado. Un terremoto jurídico de amplias réplicas.

Lo cierto es que el fallo refuerza el derecho a la reversión. Aplicado a otros casos, como los terrenos de Cortijo de Torres, podría complicar proyectos municipales basados en cambiar el uso de suelos expropiados hace años. Ahí, por ejemplo, aunque se han ejecutado obras, no se han finalizado y han quedado paralizadas por tiempo indefinido. El debate está servido.