Begoña Gómez, acorralada por el precedente de Urdangarin, que cumplió cinco años de cárcel

a medida que avanza la investigación judicial, aumentan las semejanzas entre la forma de actuar de Begoña Gómez y de Iñaki Urdangarin. Si él se valió de su condición de yerno del Rey para hacer negocios, ella se ha beneficiado de su condición de esposa del presidente del Gobierno para desarrollar una meteórica y lucrativa carrera profesional con la ayuda de los recursos del Estado. La propia Gómez reconoció ayer ante el juez que utilizó puntualmente a su asistente en Moncloa para su actividad profesional.

Urdangarin utilizó el trampolín de su privilegiada relación familiar para captar fondos públicos que le financiaran sus eventos deportivos, y Gómez consiguió, según se va sabiendo, logros parecidos: que le crearan una cátedra, sin tener ni siquiera una carrera universitaria; que las empresas le hicieran un software gratuito -cuya inversión superó los 300.000 euros y que ella puso a su nombre- y que su asistente en Moncloa pidiera fondos a las empresas para que le financiaran sus cursos.

Unos máster que, además, estaban financiados con dinero público. Aunque las empresas adelantaban el dinero, luego lo recuperaban, ya que los cursos de la esposa del presidente estaban subvencionados por el Estado mediante bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social.

Ahora, igual que entonces, toda España está pendiente de unos testimonios y unos correos electrónicos que van desvelando poco a poco cómo se puede llegar a mover voluntades desde situaciones de privilegio.

Sin embargo, los casos judiciales de Begoña Gómez e Iñaki Urdangarin también guardan enormes diferencias. Mientras que al exmarido de la Infanta se le aplicó un juicio social y mediático implacable; la esposa del presidente del Gobierno no solo goza de la protección del Ejecutivo y las instituciones afines, sino que desde Moncloa se acusa, desprestigia y denuncia a los jueces.

Jueces de Podemos y Sumar

Cuando se juzgaba a Urdangarin y a la Infanta, a nadie se le ocurrió hablar de lawfare ni de uso político de la Justicia, y eso que el juez que instruyó el caso, José Castro, aceptó cerrar en 2023 las listas electorales de Sumar, y el presidente del Tribunal que les juzgó, Juan Pedro Yllanes, encabezó las listas de Podemos en 2015.

Hace una década, cuando se juzgaba a Urdangarin, muchos políticos de la izquierda sostenían que al yerno del Rey nunca se le vería en la cárcel, a pesar de que Zarzuela se empeñaba en repetir que «la Justicia es igual para todos».

La sombra sobre Gómez

Al final, a Urdangarin se le condenó a cinco años y diez meses de cárcel, pena que cumplió como cualquier otro condenado, con la única excepción de que no compartió la reclusión con otros presos. Y es precisamente este precedente el que se cierne ahora como una nube borrascosa sobre el futuro judicial de la esposa del presidente del Gobierno.

En aquella época, Sánchez no solo defendía que la Justicia era igual para todos y que «no hay nadie por encima de la ley», sino que llegó a exigir a la Infanta Cristina que renunciara a sus derechos dinásticos cuando todavía no había sido juzgada ni, por tanto, absuelta. «Creo que sería uno de los mejores servicios que podría hacer, no solo a la democracia, sino también a las instituciones y a la Casa Real», afirmó en 2014.

Poner palos en las ruedas

Las exigencias de Sánchez con Urdangarin y la Infanta Cristina nada tienen que ver con su actitud protectora ante los escándalos protagonizados por su mujer, que primero trató de tapar, luego se presentó como una víctima, siguió acusando de bulos a la oposición, denunció al juez e intentó reformar las leyes para limitar la acusación popular y que los casos que afectan a su esposa y a su hermano acabaran archivados.