Aspecto de la AP-7 en que las rondas de salida de Barcelona, la B-10 y la B-20
La Generalitat pide que se reduzca la velocidad a 100 km/h en diez tramos de la AP-7 para evitar accidentes
Trànsit también reclama que la velocidad máxima en las autopistas libres de peajes sea 110 km/h. La Generalitat acusa al Ejecutivo de falta de planificación tras eliminar las barreras
El Servei Català de Transit pedirá al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que reduzca el límite de velocidad permitida a 100 km/h en diez tramos de la autopista AP-7 que registran una alta siniestralidad, una concentración importante de accidentes mortales y graves. Hay que tener en cuenta que en esta vía se han acumulado en lo que va de año hasta 20 víctimas mortales, casi el 20% de las personas que han muerto este 2022 en las carreteras catalanas.
Trànsit pide esta limitación para los tramos Medinyà – Sarrià de Ter, Salt – Fornells de la Selva, Hostalric – la Batllòria, Mollet – Sant Cugat, Sant Cugat – Martorell, Castellví de la Marca – Banyeres del Penedès, Roda de Berà – La Pobla de Montornès, La Móra – Constantí, Calafat – l’Ametlla de Mar, y L’Ampolla – Camarles. En total, estos tramos suman unos 70 km y según el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, «acumulan dos o más accidentes con víctimas mortales o graves y se hace del todo necesaria la reducción de la velocidad para poner freno a esta elevada accidentabilidad de la autopista».
La medida se suma a otra propuesta anunciada por Trànsit, que es reducir la velocidad general de 120 a 110 km/h en las autopistas liberadas de peajes. Es decir, además de la AP-7, la AP-2, la C-33 y la AP-2. Pero es la AP-7 la que trae de cabeza a la Generalitat. De hecho, desde la eliminación de las barreras el tráfico se ha incrementado en esta vía más de un 40%, especialmente en la zona del Vallès, lo que ha provocado, además de accidentes, numerosos atascos, quilométricos. Colas que se repiten los siete días de la semana, prácticamente no hay diferencias entre un día festivo y uno laborable.
El gobierno catalán ha intentado poner algunos parches, como en determinados momentos habilitar carriles adicionales, limitar la velocidad y los adelantamientos para los camiones o ubicar grúas a lo largo de la autopista para agilizar la retirada de un vehículo en caso de accidente o avería y no agravar aún más la situación.
Una situación de la que la Generalitat, como no, culpa al Gobierno, por su falta de planificación, y por no haber realizado ningún estudio sobre los efectos que la eliminación de los peajes podía acarrear, teniendo en cuenta, según el ejecutivo catalán, que se sabía con mucha antelación que la concesión de peajes acababa el 31 de agosto de 2021.
Una antelación que al Govern y a los partidos independentistas no les importaba cuando pedían una «Cataluña libre de peajes» y reclamaban al Ejecutivo central su eliminación inmediata. Y no es sólo la falta de planificación. También acusan al Gobierno de no invertir lo suficiente en infraestructuras en Cataluña, no sólo en carreteras sino también en ferrocarriles, en Rodalies. Y todo ello, mientras ERC pide que se paralicen las obras del llamado cuarto cinturón, que podría descargar algo de tráfico de la AP-7.
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