La Generalitat de Cataluña avala a las asociaciones empresariales que exigen un concierto económico
Cataluña se prepara para pedir el concierto económico y dejar de contribuir al Estado
Organizaciones patronales y económicas catalanas apoyadas por el independentismo impulsan un manifiesto: «Cataluña debe tener la capacidad de recaudar y decidir sobre el destino de sus recursos»
En Cataluña ningún posicionamiento político sucede por casualidad. La adhesión inquebrantable tiene premio en forma de subvención o cargo en algún consejo asesor o de administración de una empresa o consorcio público. Tras el pacto presupuestario recíproco de ERC y el PSOE en Madrid y Barcelona, los independentistas catalanes necesitan marcar distancias con los socialistas y no ser percibidos por su electorado como mero apoyo parlamentario de Pedro Sánchez. Rebajar el grado de tensión o mostrar apaciguamiento lleva a que, desde muchas tribunas, entre ellas parte de las tertulias de TV3 y Cataluña Radio, se acuse al Gobierno catalán de autonomista, y eso se hace insoportable a los oídos de los dirigentes de ERC.
Se trata de una serie de organizaciones patronales y económicas catalanas entre las que se encuentran la patronal del Vallés CECOT, que forma parte de Foment del Treball y, por tanto, de CEOE, PIMEC, la Cámara de Barcelona (en manos de la separatista radical Asamblea Nacional Catalana ANC), otras doce Cámaras de comercio y el lobby empresarial nacionalista FemCat, que han presentado un manifiesto en el que resucitan la cantinela del déficit fiscal e insinúan, de nuevo, tal como ya hizo en su día Artur Mas, que la solución para Cataluña es que el Estado le conceda a Cataluña el concierto económico al estilo vasco.
El manifiesto impulsado por todas estas organizaciones cuenta con el agrado del Gobierno catalán y afirma que «Cataluña debe tener la capacidad de recaudar y decidir sobre el destino de sus recursos». En definitiva, los abajo firmantes proponen cargarse el principio de solidaridad y dejar de contribuir a las arcas del Estado.
Déficit catalán
Uno de los ponentes, el exdecano del Colegio de Economistas de Cataluña, Joan B. Casas, negó que el objetivo del acto fuera reivindicar el concierto y se centró en presentar sus cifras, según las cuales «el déficit catalán es del 8 % del PIB». La cifra, dada por válida por el resto de ponentes, está en la línea de los datos publicados por la Generalitat sobre balanzas fiscales en tiempos del exconsejero de economía, exdirectivo de CaixaBank y actual aspirante a ser candidato a la presidencia de la Generalitat por Junts, Jaume Giró. El exconsejero presento esas cifras poco tiempo antes de abandonar el Gobierno para argumentar así un nuevo incremento de impuestos en Cataluña. El mantra nacionalista se basa en explicar que los catalanes pagan los impuestos más altos de España por culpa de «Madrid», dado que el maltrato fiscal de España obliga a la Generalitat a aplicar elevados gravámenes tributarios para suplir el maltrato en forma de baja inversión que sufren los catalanes.
El laberinto catalán
El acuerdo presupuestario entre ERC y el PSC agravará el infierno fiscal catalán
Aunque formalmente en el acto se negaba la petición del cupo, el mismo ha sobrevolado el ambiente toda la sesión dado que se ha puesto como ejemplo el cupo vasco llegando a afirmar que un «ciudadano vasco dispone de un 84 % más de recursos que uno catalán».
El documento presentado sostiene que, sin déficit, o sea, si Cataluña no contribuyera al conjunto del Estado, la administración catalana dispondría de entre 18.000 y 20.000 millones de euros más. En su presentación, ninguno de los ponentes recordó citar los 12.600 millones que Cataluña recibió precedentes del Fondo de Liquidez autonómica FLA en 2022, un 45 % del total de los fondos distribuidos entre las comunidades autónomas.
La presidenta de la Cámara de Comercio de Barcelona, la independentista miembro de la Asamblea Nacional Catalana, Monica Roca, en su intervención ha hablado de «clamor empresarial contra el déficit fiscal» y ha denunciado que «Cataluña sufre un expolio fiscal».
Los autores del manifiesto creen que el crecimiento de la población de Cataluña y la crisis económica hace la situación insostenible y recuerdan que el modelo de financiación caduco en 2014. Para los promotores del manifiesto, las razones por las que en Cataluña entre 2000 y 2019 haya crecido el consumo per cápita un 1,7 % frente el 8,6 % del resto de España son únicamente atribuibles a la infrafinanciación de Cataluña.
A ese mismo motivo imputan que el PIB per cápita de Cataluña haya crecido en los primeros veinte años del siglo XXI un 14,2 % frente al 17,8 % en toda España. En ningún caso, los firmantes del manifiesto creen que el saldo negativo de 6.400 empresas salidas de Cataluña en los últimos diez años tenga ningún efecto sobre estos datos de menor crecimiento de Cataluña en relación al conjunto de España.
Los datos sobre el presunto déficit fiscal, uno de los hits habituales de agravio nacionalista y una de las excusas del manual independentista para defender la separación, no tienen consenso ni entre los propios economistas independentistas, dado que si bien el manifiesto presentado habla de 18.000 millones la Fundación Cataluña Estat (Cataluña Estado) lo rebaja a 16.000.
Angel de la Fuente, de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada FEDEA, cree que estas cifras no tienen en consideración los servicios del Estado no territorializables como puede ser defensa o exteriores. Un ejemplo de esta no territorialización del gasto es la base de la UME, el cuerpo de emergencias del Ejército, que intervino, por ejemplo, desinfectando residencias durante el Covid en decenas de centros de mayores en Cataluña, pero tiene su centro de operaciones en Aragón. Bajo el prisma nacionalista catalán, por lo tanto, la UME no es un gasto imputable a Cataluña al no estar ubicada su sede en territorio catalán.
Para el independentismo las infraestructuras ferroviarias del AVE que transitan por Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Comunidad de Madrid para conectar el AVE Barcelona-Madrid también son ajenas a Cataluña y no deben estar financiadas por impuestos de personas o empresas catalanas. Si la propuesta presentada por las asociaciones económicas y empresariales próximas al nacionalismo se aplicará el AVE que parte de Barcelona terminaría en Lérida causando un fuerte perjuicio, ante todo, a los empresarios y viajeros catalanes que quedarían aislados del resto de España. De La Fuente calcula en 10.000 millones de euros la aportación del Estado no territorializable en Cataluña.
Madrid aporta el triple que Cataluña
La Comunidad de Madrid aporta el triple que Cataluña a las 12 autonomías receptoras y el Ministerio de Hacienda en sus estadísticas plasma que la recaudación en materia de impuesto de sociedad de Madrid dobla a Cataluña. Las empresas de Madrid pagan 13.400 millones por 6.400 las catalanas Cataluña.
La ruptura de la caja común propuesta por las diversas organizaciones patronales y lobbys cercanos al poder de la Generalitat llevaría a Cataluña al colapso financiero en poco tiempo dado que, por ejemplo, en materia de seguridad social, Cataluña tiene un saldo negativo de casi 3.000 millones frente al superávit de poco menos de 2.000 de la Comunidad de Madrid.
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