El campus de la Universidad Autónoma de Barcelona
Cataluña
Un informe para el Parlamento Europeo recoge «interferencias políticas» en las universidades catalanas
Lo han elaborado profesores universitarios noruegos. Se da la circunstancia de que miembros de Universitarios por la Convivencia explicaron a eurodiputados la situación en los campus catalanes
«La cuestión de la independencia de Cataluña y las cuestiones políticas relacionadas han influido en el comportamiento de liderazgo institucional de una serie de universidades catalanas». Así empieza el fragmento referido a Cataluña de un estudio independiente, elaborado por profesores universitarios noruegos, en el que se analiza «la situación de la libertad académica de los países miembros de la UE». Un informe que se presentó poco antes de que miembros de la plataforma Universitarios por la Convivencia compareciera ante la Comisión de Peticiones de la Eurocámara para explicar la situación en la que se encuentran los campus catalanes.
En el estudio se dice que «la dirección de varias universidades públicas ha adoptado a lo largo de los años posiciones políticas e ideológicas sensibles al tema de la independencia de Cataluña, suscitando a su vez preocupación por la libertad de expresión». Y pone como ejemplo la firma de un manifiesto conjunto que aprobaron los claustros de todas las universidades públicas catalanas en el que se rechazaba la sentencia a los líderes independentistas condenados por su participación en el referéndum ilegal del 1 de octubre.
En ese texto, por ejemplo, se pedía «la inmediata puesta en libertad de las personas injustamente condenadas, el sobreseimiento de todos los procesos en curso relacionados y el retorno de las personas exiliadas». Y también rechazaba «la represión y la violencia policial», además de la «deriva autoritaria» del Estado. No sólo eso. El texto también recoge que el manifiesto, que «apoyaba además la secesión de Cataluña», fue entregado al presidente de la Generalitat.
El informe también pone como ejemplo el hecho de que los rectores de ocho universidades catalanes se opusieran «públicamente a una sentencia judicial que decide que un mínimo del 25% de las asignaturas deben impartirse en castellano». Pero, además, se explica que 200 profesores universitarios presentaron una queja ante el Defensor del Pueblo, en relación a los posicionamientos ideológicos de las universidades, «calificando la medida de violación de la libertad académica y una flagrante instrumentalización política de las universidades». También se recuerda que en una carta abierta los rectores, otros 800 profesores «criticaron el contenido y la naturaleza del manifiesto, rechazando la legitimidad del posicionamiento político en nombre de toda la comunidad académica».
Sentencias contra las universidades
El informe también recuerda que las universidades catalanas no sólo se han «enfrentado a los académicos», sino también «a las autoridades electorales y al sistema judicial» e incluso han sido condenadas al entender los jueces «que la autonomía universitaria sólo cubre cuestiones de organización interna, y no incluye de los derechos constitucionales de los profesores como ciudadanos».
Lo cierto es que el Parlamento Europeo ha recibido este informe la misma semana en que comparecían ante la Comisión de Peticiones miembros de Universitarios por la Convivencia. La portavoz de la entidad, la profesora de comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona, Isabel Fernández Alonso, explicaba que hay tres estrategias de uniformización del pensamiento ideológico en los centros universitarios catalanes. Por un lado, está la ocupación del espacio público con abundante «simbología nacionalista, agresiones a estudiantes constitucionalistas y pronunciamientos partidistas de diferentes órganos de gobierno».
También destacaba la profesora de la UAB, que hay «numerosas sentencias judiciales que corroboran esta vulneración de derechos fundamentales, así como el amparo que esta plataforma ha recibido del Defensor del Pueblo, que ha reclamado a los diferentes rectores que respeten el principio de neutralidad institucional». En ese sentido, ha aprovechado para denunciar la reciente reforma de la ley orgánica de universidades por cuanto ha incorporado una enmienda de ERC y Bildu orientada a dar cobertura a los manifiestos partidistas de los claustros.
Ante este panorama, desde Universitarios por la Convivencia han reclamado al Parlamento Europeo que investigue estas vulneraciones de derechos fundamentales y del principio de neutralidad ideológica, «así como la posible connivencia de las autoridades catalanas en esta vulneración»
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