Sánchez compra la lealtad de Junts y ERC por la puerta de atrás: con altos cargos en empresas estatales

No es ningún secreto que el ejecutivo de Pedro Sánchez está cada vez más tocado, con numerosos frentes judiciales acechando al entorno del presidente del Gobierno, pero el líder socialista insiste a cada ocasión que tiene en que agotará la legislatura y no convocará elecciones anticipadas. Una confianza que, en buena parte, se basa en la certeza de que los independentistas catalanes –sus aliados de Junts y ERC– no le dejarán caer.

«Nos queda muy lejos», respondía este miércoles la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, a la pregunta de si los casos de Leire Díez o el fiscal general del Estado podían llevarles a retirar su apoyo al Gobierno. El discurso oficial en el partido es que van «pieza a pieza» y que su prioridad es cerrar las carpetas aún abiertas con el PSOE, como la oficialidad del catalán en la UE, el traspaso de las competencias de inmigración o la amnistía completa para Carles Puigdemont.

De puertas adentro, no obstante, en Junts cunde el nerviosismo por el impacto colateral que la caída del PSOE pueda tener sobre ellos, arrastrándoles en unas futuras elecciones generales o incluso en las municipales, previstas para 2027. El discurso de ERC en sus declaraciones públicas es similar, aunque su alianza con los socialistas es más firme, ya que no sólo los sostienen en la Moncloa, sino también en la Generalitat.

Con todo, más allá de los pactos públicos entre Sánchez y sus aliados separatistas, hay otra serie de acuerdos ‘por la puerta de atrás’ que se han venido fraguando en los últimos meses y que afianzan la lealtad de juntaires y republicanos: el nombramiento sostenido de personas afines a estos dos partidos en consejos de administración de empresas estatales.

Los afines a Junts

La primera persona de la órbita de Junts que pasó del «Espanya ens roba» al «Espanya ens paga» –como ironizaba Alberto Prieto en El Español– fue el empresario Miquel Calçada, que en octubre de 2024 fue elegido para formar parte del nuevo Consejo de Administración de RTVE.

Calçada integró las listas de Junts pel Sí en 2015, y un año después, la candidatura de Convergència en el Senado como independiente. Es un peón leal de Puigdemont, con un largo pedigrí nacionalista que queda patente en la «catalanización» de su apellido, ya que nació Calzada.

Saltó tristemente a la fama en 1994, cuando dirigía en TV3 el programa Persones humanes y dedicó un programa a burlarse de la infanta Elena por el que tuvo que disculparse hasta Jordi Pujol. Ahora cobra de RTVE un salario de 105.000 euros anuales, complementos aparte.

Calçada abrió fuego en este giro de 180º de la táctica política de Junts, que hasta entonces había evitado este tipo de prebendas. Le siguió Ramon Tremosa, exconsejero de Empresa con Quim Torra y Pere Aragonès que dejó el Ayuntamiento de Barcelona para entrar al consejo de administración de Aena.

Lo hizo en febrero, pero su nombramiento se ha vuelto a recordar esta semana, merced al proyecto de ampliación del Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat presentado por Salvador Illa esta semana. La presencia de Tremosa en Aena puede ayudar a la cesión de la gestión del aeródromo a la Generalitat, bien sea completa como pretende Junts, o compartida con el Gobierno.

Pocos días después, se anunciaba que el economista Eduard Gràcia –miembro de la ANC y próximo a Puigdemont– entraría al consejo de administración de Renfe. Tanto con Gràcia como con Tremosa se da la circunstancia de que ambos han hablado mal de las empresas que ahora les pagan unos generosos emolumentos: Tremosa comparó el centralismo de Renfe con el franquismo y Gràcia protagonizó una campaña de protesta por el mal funcionamiento de Cercanías pocas semanas antes de ser elegido.

Por estas mismas fechas tomaba posesión como consejero de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) Pere Soler, que fue director general de los Mossos d’Esquadra durante el referéndum ilegal de octubre de 2017. Soler, que formaba parte del ala más dura de la antigua Convergència, cobra 125.000 euros anuales por parte del Estado del que se quería separar.

El nombramiento de Soler se le atragantó a Junts en mayo, cuando el consejero delegado se «empanó» –según señalaba a ABC un diputado del partido– y votó a favor de la opa del BBVA al Banco Sabadell. Este voto, contrario a la postura de Junts y a los intereses del empresariado catalán, supuso una pequeña crisis en el partido postconvergente.

En febrero también se fichaba a Elena Massot para el consejo de administración de la compañía energética Enagás, que gestiona el sistema gasístico español. Aunque no pertenece como tal a Junts, presidió entre 2019 y 2022 la patronal FemCat, afín al independentismo, y formó parte de Òmnium Cultural. Su padre, Félix Massot, era amigo de Jordi Pujol y Artur Mas.

ERC no se queda atrás

Estos cinco fichajes suponen la consolidación de una red de personas cercanas a Puigdemont situadas en puestos clave para los intereses de Junts, pero fuentes del partido recogidas por El Periódico apuntan a que el partido no tiene previsto detenerse ahí y ya piensa en nuevas conquistas o cesiones de Sánchez, como Telefónica o Colonial.

Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, criticó estas maniobras: cuando se conoció el fichaje de Gràcia, dijo: «Nos machacan a nosotros por negociar el traspaso de Rodalies mientras ponen a sus amiguitos en el consejo de administración de Renfe». Sin embargo, los republicanos difícilmente pueden tirar la primera piedra, ya que cuentan con otros tantos afines colocados gracias a pactos sotto voce con el gobierno socialista.

El último en sumarse al grupo es Albert Castellanos, que fue consejero delegado en Acció y secretario de Empresa y Competitividad de la Generalitat durante el gobierno de Pere Aragonès. Hace apenas dos semanas se conocía que Castellanos entraba en Redeia, la empresa matriz de Red Eléctrica de España, como consejero independiente, un mes después del apagón.

El ciclo de pactos de ERC y el PSOE en esta línea se remonta a varios años atrás: en 2020 entró como consejero de la CNMC el ingeniero agrónomo Josep Maria Salas Prat, a propuesta de los republicanos, poco después de la anterior investidura de Sánchez. En 2024, a la vez que Mikimoto, entraba al consejo de RTVE Sergi Sol, antigua mano derecha de Oriol Junqueras, presidente de ERC.

Cierran la lista la senadora de ERC Laura Castel, colocada como miembro de la asamblea parlamentaria del Consejo de Europa, y el economista Jordi Pons, consejero del Banco de España desde finales de 2024. Fue un pacto personal de Aragonès y Sánchez, que supuso la inclusión de un radical independentista en el órgano de dirección del ente.