El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, en una imagen de archivo
Imposición lingüística
Gabilondo, el Defensor del Pueblo, pregunta a Illa cómo va a «garantizar» el respeto al español en las aulas
Exige al gobierno de la Generalitat que aporte la información requerida por Societat Civil Catalana
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha preguntado al gobierno de la Generalitat de Cataluña, presidida por el socialista Salvador Illa, cómo piensa «garantizar» el aprendizaje en español en los centros educativos de la comunidad. En concreto, Gabilondo exige al gobierno catalán que responda al requerimiento realizado en junio por la entidad constitucionalista Societat Civil Catalana (SCC) al Departamento de Educación.
En concreto, Gabilondo pide a Illa que haga públicas «las orientaciones que haya podido facilitar a los centros educativos para garantizar que los criterios pedagógicos aplicados respecto del uso y aprendizaje de las lenguas oficiales sean respetuosos con la suspensión cautelar del decreto del régimen lingüístico y se garantice el aprendizaje en castellano», según informa SCC en un comunicado este viernes.
El Defensor del Pueblo justifica su requerimiento en la «tardanza» de la Generalitat en responder a la petición de SCC, quienes advierten de que existe el «riesgo» de que el gobierno catalán «esté aplicando de facto criterios de discriminación del castellano».
La entidad recuerda que en septiembre de 2023 ya intentaron evitar la aprobación del decreto del régimen lingüístico que buscaba blindar el catalán en la escuela; una norma que se aprobó en 2024 y fue anulada en su mayor parte por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) hace un mes.
Herramienta de exclusión
«Con el pretendido objetivo de fortalecer el uso del catalán y asegurar la cohesión social, la política lingüística de la Generalitat en el ámbito escolar es una herramienta de exclusión y discriminación de la lengua española», lamentan desde SCC, criticando que se «limite» el uso del castellano a asignaturas concretas y a «casos muy puntuales».
La entidad lamenta que estas medidas derivan en una «clara vulneración» de derechos fundamentales, especialmente el derecho a no ser discriminado por razón de lengua. «El artículo 3 de la Carta Magna establece que el castellano es la lengua oficial del Estado y que todos los ciudadanos tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla», señalan desde SCC.
