El exalcalde de Barcelona y exministro Joan Clos, en una imagen de archivo
Crisis de vivienda
Un exministro socialista desmiente a Illa: prohibir comprar para invertir no mejora el acceso a la vivienda
Joan Clos asegura que la medida anunciada por la Generalitat sólo supondrá «impedimentos» al sector
El exalcalde de Barcelona Joan Clos ha vuelto a criticar las medidas impulsadas por el gobierno de la Generalitat en materia de vivienda. En concreto, el también exministro de Industria, Comercio y Turismo –entre 2006 y 2008– y exdirector ejecutivo de ONU Habitat ha puesto el foco en la medida que ha pactado Salvador Illa con los Comunes para prohibir las compras de vivienda «especulativas».
Hace unos días, socialistas y Comunes pusieron en marcha un grupo de trabajo para estudiar la prohibición de pisos para invertir, cuyas conclusiones se harán públicas en las próximas semanas. Para Clos, no obstante, esta es una medida equivocada para hacer frente a la crisis de vivienda, porque «no sirve para aumentar la accesibilidad, y son impedimentos».
Así se ha manifestado en una entrevista para la Cadena Ser, en la que ha dicho que “mientras la rentabilidad de la inversión esté en el entorno de los bonos del tesoro, no veo por qué la gente no puede tener una o dos viviendas, o tres o cuatro«. También ha recetado a las administraciones a construir más viviendas protegidas sin endeudarse a través de concesiones públicas, «como con las autopistas o los pantanos».
Vivienda pública
Clos ha señalado que un aumento de la oferta de vivienda pública repercutirá en los precios del mercado libre, pero ha señalado que es preciso «que se vea que hay un operador público presente que tiene mucha importancia». «Mientras la presencia del sector público en el mercado total sea marginal, la influencia sobre los precios será marginal», ha concluido.
No es la primera vez que Clos enmienda las políticas de vivienda de Illa: ya lo hizo este verano en una entrevista en el diario Ara en la que aseguraba, contundente, que «ni un euro público debe ir a la construcción de la vivienda», y abogaba por una política de concesiones al sector privado, siguiendo el modelo de las autopistas.
«El concesionario que te haga el piso y durante unos años -20, 30, 50 o 80- se garantice cobrar los 700 euros de alquiler. La dificultad financiera radica en que buena parte de quienes tienen derecho a una vivienda protegida no pueden pagar 700 euros, sólo 200, 300 o 400», explicó, señalando que el dinero público debe invertirse en financiar esta diferencia.
