Los provida reclaman a Omella una respuesta «firme» sobre el hospital católico forzado a practicar abortos

Después de años de presiones, los impulsores del aborto se cobraron esta semana una de sus piezas más codiciadas: el servicio de Ginecología del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona confirmó que a partir de este lunes o martes volverán a realizar abortos quirúrgicos, 13 años después de que dejasen de hacerlo en 2012.

No se llevarán a cabo en el recinto del hospital, sino en un espacio habilitado para ello en el Hospital Dos de Maig, a una calle de distancia. Según declaraciones de la responsable de la unidad, la doctora Elisa Llurba, recogidas en El País, el hecho de no hacerlo en el propio centro se debe a «problemas de logística». Llurba también asegura que solo el 20 % de profesionales del servicio son objetores de conciencia.

Como sea, la noticia es particularmente grave, dado que se trata de un hospital vinculado a la Iglesia Católica desde su origen, en el siglo XV, y que ha mantenido esta relación hasta ahora. De hecho, el patronato de la Fundación Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau –conocido como la Muy Ilustre Administración (MIA)– está formado por seis miembros: dos representantes del Ayuntamiento, dos de la Generalitat y dos del Capítulo de la Catedral de Barcelona.

Fue, precisamente, la presión de la Iglesia la que llevó a que hace más de una década el hospital dejase de realizar abortos quirúrgicos, algo que sí se había llevado a cabo desde el año 1985 en no nacidos de entre 12 y 22 semanas. Tras años de concentraciones por parte de grupos feministas, el giro clave ocurrió en 2023, con la reforma de la ley del aborto, que obligaba a los hospitales públicos a ofrecer esta práctica.

Aunque Sant Pau es un hospital privado, desde 1978 está integrado en el sistema público de salud catalán. En las últimas semanas, se había venido redoblando la presión hacia este hospital. El Parlament de Cataluña, por ejemplo, aprobó una propuesta del PSC para «blindar el aborto» que también ponía el foco en este centro hospitalario.

A finales de octubre, el Ayuntamiento de Barcelona hizo lo propio con una proposición de Barcelona en Comú para «solicitar de forma urgente» a los órganos de gobierno del hospital «la garantía de que se efectúan las operaciones relativas a las interrupciones de embarazo en las mismas instalaciones del hospital sin derivaciones innecesarias».

¿Y el arzobispado?

La noticia ha caído como una bomba en las diversas entidades que forman parte del entramado del movimiento provida en Barcelona. «Es una bofetada a la conciencia cristiana de Barcelona», lamenta el sacerdote Custodio Ballester en el portal Germinans Germinabit, recogiendo el sentir de muchos. Otras entidades, como la Corriente Social Cristiana (CSC) o Médicos Cristianos de Cataluña, piden que desde el arzobispado se alce la voz ante esta situación.

«Es necesaria una respuesta, y que sea firme», asegura el presidente de la CSC, Josep Miró i Ardèvol. Días antes de que trascendiese la noticia, esta asociación emitió un comunicado que ahondaba en esta línea, con un «llamamiento» al arzobispado y al Capítulo de la Catedral «para que, como miembros del Patronato del Hospital de Sant Pau, se opongan a la práctica del aborto en el centro y, en caso contrario, abandonen su presencia secular en el mismo».

Miró i Ardèvol advierte a El Debate que, en caso de que el cardenal Juan José Omella siga haciendo oídos sordos, «acudiremos a Roma», en referencia a que pondrán el caso en conocimiento de las autoridades vaticanas competentes. Preguntados por este medio, desde el arzobispado señalan que no tienen intención de pronunciarse públicamente, al menos por el momento.

Más allá de esto, el doctor Adalbert Marqués, presidente de Médicos Cristianos de Cataluña, señala que otro problema que puede derivarse del reanudamiento de los abortos quirúrgicos «es que suponga una presión para que todo el mundo tenga que pasar por el Dos de Maig a realizar abortos y no se respete la objeción de conciencia».

Marqués también lamenta que «legalmente, lamentablemente, no se puede hacer más», pero sí pide aprovechar la «oportunidad» de que, al menos, se exija que el consentimiento informado a las mujeres que deseen abortar «sea muy claro».

En la misma línea se pronuncia Isabel Joly Amat, presidenta de la Fundación Pro Vida de Cataluña, que expresa su «preocupación» y subraya «la importancia de que, desde el departamento responsable del hospital, se proporcione a cada mujer embarazada una información completa, veraz y comprensible, [porque] solo así su decisión podrá ser verdaderamente consciente y libre».